Por Claudia Interiano/ Fabienne Cabaret[1]
Tras una notable reducción de la violencia en el periodo posterior a la conclusión de los conflictos armados en Centroamérica en la década de 1990, actualmente se ha intensificado las violencias junto con la pobreza y la desigualdad. México, al igual que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, está fallando a la hora de proteger a su ciudadanía: las condiciones socioeconómicas siguen siendo deprimidas, el entorno y contexto obligan a las personas a huir, pero los gobiernos no brindan protección a los derechos humanos al aplicar políticas de seguridad en fronteras bajo un deficiente camino de aplicación de estándares plasmados en instrumentos internacionales ya ratificados.
Al huir, las personas centroamericanas transitan por México con destino hacia Estados Unidos de Norteamérica, y se exponen a ser atacadas y a ser víctimas de diversos delitos. Actualmente hay más de 100,000 personas desaparecidas en México[2], y aun cuando los hechos no fueron cometidos en territorio del país de origen, eso no exime de responsabilidad a los Estados de origen de las personas migrantes. Hablamos de sus responsabilidades en el análisis de las causas de la migración indocumentada, el acompañamiento por las instituciones públicas para la búsqueda de sus ciudadanos y ciudadanas en territorio mexicano, así como la colaboración y/o facilitación de mecanismos transnacionales de acceso a la justicia y reparación.
La Fundación representa desde 2011, estratégicamente, a familias en casos de más de 150 personas migrantes desaparecidas en México, y casos de masacres que han tenido lugar en los últimos años: 72 personas migrantes de Tamaulipas (2010); hallazgo de restos de 195 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas (2011); hallazgo de torsos de 49 personas migrantes, Cadereyta, Nuevo León (2012); hallazgo de 16 personas migrantes en Güémez, Tamaulipas (2014); y, la masacre de 16 migrantes guatemaltecos calcinados en Camargo, Tamaulipas (2021).
La reparación en estos casos debiera comprender diversas dimensiones basadas en términos morales y legales, bajo un abordaje transnacional que integre: la restitución que busca restablecer la situación previa de la víctima; la indemnización, como compensación monetaria por daños y perjuicios; la rehabilitación que atiende a medidas de atención médica y psicológica; la satisfacción que refiere a la verificación de los hechos y el conocimiento público de la verdad; y las garantías de no repetición.
La reparación en casos masivos y pluriofensivos representa un reto particular. Casos como la masacre de Cadereyta plantean retos vinculados al alto número de víctimas directas (49), de víctimas indirectas (los núcleos familiares de 9 víctimas hondureñas agrupan por sí solos a cerca de 100 personas), el tiempo transcurrido desde los hechos (10 años), así como a factores ligados a la residencia de las personas en un país distinto al país donde se lleva el proceso de reparación, y las consecuentes complejidades para la comunicación (inclusive lingüística), documentación y valoraciones en distintas materias, para la evaluación del daño.
Para superar esos obstáculos, la Fundación ha desarrollado acciones para facilitar la evaluación del daño y la gestión del caso ante las autoridades y promovido y dirigido la elaboración de un peritaje multidisciplinario de evaluación del daño de las 9 familias por parte de peritos independientes nacionales e internacionales. La información es entregada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como base para el plan de reparación. Asimismo, ha generado espacios de articulación entre autoridades, familiares y acompañantes, mediante el uso práctico de medios electrónicos y plataformas. En todo caso, el apoyo legal y logístico de la organización sigue siendo fundamental para garantizar el avance del proceso, una necesidad apremiante es la implementación de planes de reparación colectiva, la cual ofrece mejores posibilidades de impacto en la no repetición de hechos.
Para las víctimas, la reparación debería reflejarse en su vida cotidiana. Instituciones como la CEAV deberían estar brindando respuestas estatales concretas y coheretes para remediar de alguna manera el daño ocasionado por comisión o por omisión ante una grave violación a derechos humanos. Esto se debe constituir en una verdadera puerta abierta para los Estados para prevenir hechos dañinos y en una oportunidad para establecer un lazo con las víctimas desde la base del respeto a la dignidad de la persona humana y para atender la responsabilidad ineludible de protección a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo.
[1] Claudia Interiano es Coordinadora del Área de Justicia Transnacional, y Fabienne Cabaret es Coordinadora del Área de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia. https://www.fundacionjusticia.org/
