Foto: Ministerio Público.
Por Mario R. Cépeda Cáceres (*)
En la soleada mañana del miércoles 17 de mayo de 2023, en un acto público desarrollado en la Catedral de Ayacucho, se restituyeron los restos de 31 personas víctimas del conflicto armado interno de las localidades de Huarcatán, Iquicha, Llusita, Oronccoy, Chinchibamba y Andamarca. Este hecho fue el resultado del arduo trabajo de miles de familias que han venido buscando a sus seres queridos por más de tres décadas, familias que han tenido que enfrentarse a la violencia más extrema de los grupos subversivos y del Estado, así como a décadas de abandono público, exclusión y discriminación. A pesar de las numerosas adversidades, la verdad y la justicia se abren paso gradualmente en el Perú y con ellas algunas familias inician un proceso de aceptación frente a la pérdida irreparable que significa la desaparición de una persona.
Cubiertos de flores y fotografías, colocados ordenadamente sobre el altar mayor de la Catedral, yacían 31 féretros blancos bajo la atenta mirada de las autoridades públicas y eclesiásticas, de la cooperación internacional y la sociedad civil y, en especial, de las familias con las que las personas desaparecidas se volvían a encontrar. Cada uno de estos ataúdes tenía en su interior una historia de dolor e injusticia, de la violencia más destructiva que una sociedad puede enfrentar, pero también era una señal de esperanza en un país más justo que permita concluir una búsqueda larga y extenuante de décadas.
Entre discursos, bendiciones, aplausos y cientos de fotografías, uno a uno los 31 cuerpos recuperaron su identidad y sus nombres se volvieron a oír. Pero, a diferencia de los cientos de veces anteriores, los nombres ya no estaban atados a una fotografía, un reclamo y un recuerdo, sino unidos a un cuerpo que narra una historia. Entre lágrimas, los féretros fueron cargados por familiares y autoridades hacia el atrio de la Catedral para que toda la ciudad los viera, recordara a los que ya no están y aprendiera la triste historia que narran.
Siguiendo la banderola de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), las 31 víctimas de la violencia junto a sus familias y las autoridades públicas desfilaron por la Plaza de Armas de la ciudad. Una banda acompañaba la procesión fúnebre, anunciando el reencuentro de los muertos con su identidad, con sus familias y con la sociedad. Al mismo tiempo, un contingente policial observaba el acontecimiento desde un lado de la fachada de la Catedral, como actualizando un doloroso recuerdo de las nuevas víctimas que Ayacucho llora desde diciembre del 2022. Trágicamente, 21 de los 31 restos restituidos corresponden a víctimas de las fuerzas armadas en una masacre perpetrada en Huarcatán en 1989 [1], una masacre como muchas otras ocurridas durante el conflicto armado interno peruano y cuyo recuerdo resuena, ahora, en el recuerdo de las diez víctimas causadas por el Ejército en diciembre último en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho.
Gracias al apoyo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), cada una de las familias consiguió el traslado de sus seres queridos a sus localidades de origen o a los lugares donde hoy residen —muchas veces desplazados a causa de la violencia—. Hacia el mediodía los 31 féretros estaban listos en diversas movilidades marcadas con el nombre de su localidad de destino con el propósito de continuar el proceso de cierre del duelo con los respectivos velorios a cada una de las víctimas. La restitución como un acto simbólico dignifica a las víctimas de desaparición —tanto a las personas que llevan décadas ausentes como a los familiares que llevan el mismo tiempo buscando—; no obstante, cabe detenerse a pensar qué será de las 31 familias luego del entierro digno, con qué Estado deberán interactuar en su día a día y hasta dónde llega el Estado en su deber de reparar y acompañar a aquellos más vulnerables.
En medio de un clima de tensa calma luego de tres meses de convulsión social, a lo largo de todo el proceso de restitución pública se hizo extrañar la presencia de autoridades nacionales provenientes de Lima. Su ausencia, cargada de significado, era un claro mensaje sobre el quiebre que existía el día de hoy entre el Estado y sus ciudadanos. En ese sentido, la reconciliación nacional sigue siendo un horizonte ideal que difícilmente podremos alcanzar mientras la democracia nos siga fallando.
Hacia el inicio de la tarde los autos con los féretros ya se habían retirado, las autoridades habían hecho lo mismo, incluido el contingente de la Policía Nacional. La Plaza de Armas de Ayacucho había recobrado su bulliciosa rutina y los 31 cuerpos se encontraban ya rumbo a recibir un entierro digno, una deuda pendiente de más de tres décadas. Sin embargo, la tarea de búsqueda sigue siendo ardua. Los equipos de fiscales, del Equipo Forense Especializado y de la DGBPD deben atender a más de 21 000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno en todo el país, un número que día a día crece y que nos habla de la violencia más extrema que creamos, ejercimos y sufrimos.
(*) Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coordinador del Proyecto Lives in Dignity del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP).
[1] Al respecto, consúltese la siguiente página: https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/ejecuciones-extrajudiciales-en-el-anexo-de-huarcatan-1989/
