Escribe: Adriana Urrutia (*)
Ocho de cada diez peruanos desaprueban la gestión del parlamento (junio 2021, Instituto de Estudios Peruanos). Seis de cada diez desaprueban la gestión del presidente (2019, Barómetro de las Américas). Un poco menos de la mitad confía en las elecciones (ídem) y un número considerable, cercano también a la mitad de ciudadanos, considera que en las últimas elecciones hubo fraude. ¿Cómo contemplar la continuidad de la democracia dado este contexto, en un país donde uno de cada dos ciudadanos estaría dispuesto a cambiar de régimen en situación de crisis (2019, Barómetro de las Américas)?
La conmemoración de la Independencia parece, más bien, un triste velorio en el que despedimos el sueño de ser una república que vincula a una nación con su Estado, un ritual en el que todavía están presentes los recuerdos de una pandemia que se llevó a casi 200 mil vidas y durante la cual hemos sido el país que más muertes per cápita acumuló en el mundo. Un país donde casi el mismo número de estudiantes dejó de ir al colegio como consecuencia de las medidas de aislamiento social. El impacto de la pandemia en las vidas de los peruanos no está desvinculado de la inestabilidad y precariedad de las instituciones proveedoras de servicios universales.
La crisis actual del país se explica por los ataques a las instituciones y la competencia con parainstituciones altamente desarrolladas como la corrupción. En primer lugar, las instituciones se ven afectadas por la inestabilidad política. Entre el año 2016 y el año 2020, plazo de un periodo gubernamental, el Perú ha tenido ocho ministros de educación y once ministros de salud.
«En un país donde más del 80% de la población desconfía de los partidos políticos es necesario que la sociedad rediseñe mecanismos para dialogar, para escucharse y para plantear propuestas que alimenten la agenda pública.»
En segundo lugar, las instituciones afectadas en su estabilidad también resultan afectadas en su capacidad. Cada cambio de líder en el sector, implica un costo de transición institucional que desestabiliza a los equipos, transforma las prioridades y se adjudica esfuerzos y capacidades en reemplazo de iniciativas que venían siendo impulsadas. El alto nivel de rotación de los líderes sectoriales impide que las políticas de Estado se piensen en el largo plazo y, por ende, no hace posible que se contemple maneras duraderas de atender a los ciudadanos sus derechos más fundamentales.
En tercer lugar, las instituciones tienen poca credibilidad ante los ciudadanos por las dos razones previamente mencionadas. La poca credibilidad mina la confianza hacia instituciones públicas, cuyos resultados de gestión son interpretados como resultados de la capacidad operativa de los representantes electos por los ciudadanos mediante el voto. Es decir, la capacidad estatal influye directamente sobre la percepción que la ciudadanía tiene de sus autoridades. Como resultado, la confianza de los ciudadanos en la democracia termina dependiendo de la capacidad del Estado para garantizar sus derechos. Se trata entonces de un circulo vicioso que afecta nuestra adhesión al régimen.
Pero, así como se trata de un círculo vicioso, este también podría transformarse en un círculo virtuoso si es que los ciudadanos intervenimos. En relación con ello, se ha generado en nuestro país un momento único para la incidencia que la sociedad civil pueda tener en el debate público. Un primer punto en el que se puede trabajar es la generación de agendas ciudadanas que sean alcanzadas a los representantes para acercar las propuestas públicas con las necesidades inmediatas de peruanas y peruanos. Otro punto sería la generación cajas de resonancia para las propuestas realizadas por los representantes, es decir, espacios de diálogo y debate que generen consenso de manera tal que las propuestas gocen de mayor legitimidad al ser aprobadas. Un tercer punto puede ser vincular a redes de ciudadanos que incorporen a la mayor pluralidad posible y que permitan tener representatividad a nivel territorial.
En un país donde más del 80% de la población desconfía de los partidos políticos es necesario que la sociedad rediseñe mecanismos para dialogar, para escucharse y para plantear propuestas que alimenten la agenda pública y, asimismo, que los ciudadanos colaboren de manera más cercana con las instituciones públicas para que las acciones de política pública sean más pertinentes. Solo así lograremos renovar la confianza y aspirar a una democracia con futuro.
(*) Politóloga, presidenta de la Asociación Civil Transparencia.
