Escriben: Beatriz Córdova y Gianina Márquez (*)
Estando próximos a las elecciones regionales y municipales que definirán a nuestras autoridades subnacionales para los próximos cuatro años, es preciso también hablar de la agenda pendiente frente a la situación de las adolescentes migrantes y refugiadas en nuestro país; más aún cuando los mensajes de varios candidatos apelan a la discriminación como estrategia de campaña y de ese modo alimentan la violencia y la xenofobia y, por lo tanto, aumentan la imposibilidad de vivir en una sociedad verdaderamente democrática. Lamentablemente, este escenario no es aislado. También durante las elecciones generales del 2016 se difundieron muchos mensajes de odio y, como consecuencia de ello, en lo que va del actual periodo de funciones legislativas se han presentado iniciativas que buscan criminalizar la migración. Tal es el caso del Proyecto de Ley N° 281, que propone sanciones desproporcionadas y discriminatorias contra personas extranjeras.
Según la Organización Panamericana de la Salud, desde niñas hasta mujeres mayores, una de cada tres mujeres es golpeada, forzada a tener relaciones sexuales, o abusada de otra manera en su vida. En nuestro país, durante el primer semestre del 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportaron 5 805 casos de violación sexual a nivel nacional, y casi el 70% de las víctimas son menores de edad. Aun así, consideramos que esta cifra no refleja la magnitud del problema.
Quinta Ola lleva más de tres años trabajando con adolescentes en programas de empoderamiento político y activismo que contribuyen a su reafirmación como sujetos de derecho. A través de nuestro programa Chamas en Acción, las adolescentes migrantes y refugiadas nos comentaron que no ven como una opción denunciar los casos de violencia en una comisaría o ante las instituciones estatales por miedo a que no les crean o que las revictimicen con cuestionamientos sobre lo vivido o pidiéndoles documentación, la cual no es necesaria para hacer una denuncia. Ellas prefieren y confían mucho más en organizaciones de sociedad civil para que hagan la denuncia por ellas.
«Los municipios deben integrar de forma urgente a las adolescencias diversas (incluyendo las migrantes y refugiadas) en la formulación de políticas públicas, especialmente aquellas ligadas a la respuesta frente a la violencia basada en género, ya que las adolescentes migrantes son blancos constantes de acoso sexual.»
De acuerdo con el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) Perú, alrededor de 1 millón 320,000 ciudadanos venezolanos se encuentran en el país. De ellos, 248,000 son NNA refugiados y migrantes, en situación de vulnerabilidad. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) eleva a más de 344,000 los NNA venezolanos en el Perú en situación de vulnerabilidad.
Las adolescentes peruanas y venezolanas viven problemáticas comunes como el acoso sexual callejero, bullying en escuelas, falta de espacios para la participación política, entre otros; sin embargo, las adolescentes venezolanas enfrentan una discriminación aún más compleja dada su condición de mujeres, de adolescentes y de refugiadas y migrantes. En sus casos se producen una intersección de diversas características, lo cual las vuelve particularmente vulnerables.
La realidad con la que se encuentran en territorios de acogida, como el peruano, contribuye a su precarización y situación de riesgo, toda vez que persiste una falta de respuesta humanitaria eficiente. Para las adolescentes es un verdadero reto disfrutar de los pocos espacios de encuentro e integración segura, feminista y no adultocéntrica, debido a que se encuentran enfrentando situaciones de precariedad constantes como falta de alimentación, vivienda y educación.
Si bien varias de estas limitantes requieren de una respuesta desde el gobierno central, los gobiernos regionales y municipales están en capacidad de emitir normas y desarrollar políticas que contribuyan a una mejor calidad de vida tanto para la comunidad migrante como para la de acogida; por ejemplo, a través de normativas para prevenir y sancionar la discriminación. Si bien varias comunas han adoptado medidas similares, convendría revisar si se está considerando la discriminación xenofóbica como una manifestación especifica de violencia y; más aún, si su cumplimiento se está haciendo efectivo. Asimismo, los municipios deben integrar de forma urgente a las adolescencias diversas (incluyendo las migrantes y refugiadas) en la formulación de políticas públicas, especialmente aquellas ligadas a la respuesta frente a la violencia basada en género, ya que las adolescentes migrantes son blancos constantes de acoso sexual.
Las y los candidatos que asuman los gobiernos regionales y alcaldías distritales asumirán no solo la responsabilidad de mejorar las condiciones de seguridad de sus territorios, sino también cargarán con la gran deuda que los gobiernos distritales, provinciales y regionales tienen pendiente con las niñas, niños y adolescentes peruanas, migrantes y refugiadas: la deuda de garantizar su participación política en la toma de decisiones sobre los problemas que afectan diariamente sus vidas.
(**) Cofundadoras de Quinta Ola.
