Por Claudia Lovón (*)
El 12 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el informe sobre la visita que realizó a Perú tras las protestas que se llevaron a cabo entre el 9 y el 15 de noviembre como consecuencia de la vacancia presidencial. El informe recoge los testimonios de distintos actores y da cuenta de las preocupantes violaciones de derechos humanos que se cometieron. Si bien varios de los hechos que relata ya eran conocidos, el documento refuerza y visibiliza otros tantos, y constituye un llamado a las medidas que distintas instituciones del Estado deben adoptar o continuar implementando para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.
Así, en cuanto al uso de la fuerza pública, el informe concluye que el actuar de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue innecesario y excesivo. Para ello, además de referirse a las dos personas que resultaron muertas y a las otras 200 que fueron heridas en el marco de las protestas, ACNUDH pone en evidencia que se utilizó la fuerza sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, y que se hizo un uso inadecuado de armas menos letales como gases lacrimógenos. Además, contrasta la negativa expresada por la PNP respecto a posibles violaciones a los derechos humanos y al uso de perdigones y canicas, con los testimonios de las víctimas, la evidencia material existente y con el hecho de que las personas que protestaban resultaron lesionadas con estos dispositivos, mientras que los policías fueron heridos con “objetos contundentes”.
De otro lado, el informe también muestra que se cometieron violaciones al derecho a la reunión pacífica, principalmente por las restricciones generales a ciertas áreas del centro histórico de Lima a través del uso de rejas. Asimismo, documenta que hubo detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y malos tratos. Al respecto, recoge los testimonios de varias personas que señalaron haber sido detenidas incluso cuando no participaban de las protestas y no haber sido informadas de sus derechos o los motivos de su detención. A este inquietante panorama, se suman las precarias condiciones en las que estas personas fueron detenidas (en celdas sin luz, con ratas y olores a excrementos humanos), la falta de adopción de medidas de protección específicas frente al COVID-19 durante la detención (por ejemplo, tres personas fueron detenidas en una celda donde estaba otra persona que había dado positivo a un test de COVID-19) y ocho denuncias por casos de violencia de género, que incluyeron desnudamiento forzado y comentarios homofóbicos, transfóbicos y misóginos.
En el documento, ACNUDH se refiere además a violaciones de derechos humanos cometidas contra ciertos actores en específico. En ese sentido, muestra que los ataques que sufrieron periodistas y personal de medios de comunicación durante su cobertura a las protestas, los cuales fueron cometidos en gran parte por miembros de la PNP, supusieron violaciones al derecho a la libertad de expresión. Del mismo modo, indica que los obstáculos que enfrentaron personal de la Defensoría del Pueblo y miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el ejercicio de sus labores implicaron violaciones al derecho de defender derechos humanos.
En relación al derecho a la salud, si bien el informe da cuenta de los esfuerzos del Ministerio de Salud para garantizar el derecho a la salud de las personas que fueron heridas, también muestra distintos hechos que dificultaron su ejercicio durante las protestas, tales como los ataques que recibieron brigadistas de salud o las denuncias de falta de auxilio por parte del personal la PNP. De forma similar, ACNUDH recopila las medidas que han sido adoptadas para garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de las protestas, entre las cuales se encuentran la apertura de dos investigaciones fiscales y la creación de una comisión multisectorial para dar seguimiento a las acciones del Estado. Sin embargo, muestra que existen significativos puntos de preocupación, como el hecho de que las investigaciones no abarquen todas las violaciones de derechos humanos que fueron cometidas, no todas las víctimas tengan patrocinio legal y existan denuncias de amedrentamiento por parte de miembros de la policía contra víctimas y testigos de las protestas.
El informe concluye con treinta recomendaciones que involucran a distintas instituciones y que, en varios casos, van más allá del Poder Ejecutivo. Estas se suman a las recomendaciones realizadas en diciembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que realizara una visita similar a la de ACNUDH. Ambos pronunciamientos ponen al Estado peruano en el foco de atención a nivel internacional. Por ello, y sobre todo para mejorar la protección de los derechos humanos en el contexto de protestas sociales y evitar que violaciones de derechos humanos de este tipo se vuelvan a repetir, resulta indispensable que el Estado peruano realice todos los esfuerzos para dar cumplimiento a las sugerencias realizadas en ambos documentos. Más aún cuando a dos meses de las protestas, los avances en las investigaciones fiscales y disciplinarias que vienen realizándose todavía son escasos.
