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16 de diciembre de 2025

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, salieron a la luz imágenes que muestran las graves lesiones que habría sufrido una adolescente de 14 años en el Centro de Acogida Residencial Niño Jesús de Praga del INABIF, en Pueblo Libre[1]. Mientras el país conmemoraba los derechos humanos, se documentaba su violación sistemática en un espacio que debería garantizar protección. Este no es un caso aislado; es la confirmación de lo que advertimos hace exactamente seis meses.

En junio publicamos un análisis exhaustivo de cómo los centros de acogida residencial (CAR) reproducen la violencia que dicen combatir[2]. Identificamos casos en Los Olivos, Trujillo, Cajamarca, Huancayo y Callao, y compartimos testimonios de niñas, niños y adolescentes (NNA), recabados previamente por la Defensoría del Pueblo, que describían a los CAR como cárceles.

1. Pueblo Libre: el mismo patrón en el corazón del sistema

El CAR Niño Jesús de Praga concentraría todos los elementos previamente identificados: agresiones físicas por parte de dos tutoras, testimonios de maltrato respaldados por fotografías y audios, y una coordinadora que negó los hechos denunciados respondiendo con amenazas legales en lugar de ordenar una investigación. Las similitudes con el caso de la niña agredida en Los Olivos son estremecedoras: violencia normalizada como método de control, vecinos que escuchan gritos constantes, una respuesta institucional que primero minimiza y luego reacciona bajo presión mediática.

La diferencia crítica es la ubicación: esto no ocurre en un centro periférico, sino en la sede principal del INABIF. Si aquí pasa esto, ¿qué está ocurriendo en los CAR a nivel nacional? Por su parte, el MIMP separó preventivamente a la coordinadora mientras se desarrollan las investigaciones y ordenó acompañamiento psicológico para las adolescentes, las mismas medidas reactivas que ya vimos en casos anteriores, pero que no atienden el problema de raíz[3].

2. Acciones posteriores a nuestra publicación

Tras nuestra publicación de junio, el MIMP nos convocó a una reunión donde presentamos recomendaciones concretas[4]: supervisión independiente, mecanismos efectivos de denuncia, capacitación obligatoria del personal, transparencia en la información, la necesidad de un plan nacional de desinstitucionalización y, sobre todo, escuchar las voces de las NNA. Nos escucharon, y tomaron nota; sin embargo, no hubo una, comunicación posterior sobre las acciones que iban a implementar.

Por nuestra parte, solicitamos información pública al Congreso de la República y a la Defensoría del Pueblo (DP) sobre lo que sucede al interior de los CAR en el país. Ambas instituciones respondieron a nuestros pedidos. La DP nos informó en respuesta escrita a nuestra solicitud que se encontraban trabajando en un informe de supervisión nacional que saldría en octubre de este año. Estamos en diciembre y el informe aún no ha sido publicado. El último documento público que evalúa in situ las condiciones en los CAR sigue siendo el Informe Especial N° 03 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de 2019.

Esta es una nota de seguimiento del análisis realizado en junio. El trabajo de investigación continúa y actualmente estamos elaborando un artículo de investigación que recopila y sistematiza la información obtenida tras la primera publicación con el objetivo de evidenciar con mayor profundidad los patrones estructurales de violencia en el sistema de protección peruano.

3. Las voces que siguen sin ser escuchadas

Los testimonios que expusimos en junio siguen siendo válidos hoy porque nada ha cambiado. «No nos comprenden, no saben lo que sentimos,» decía una adolescente. «Quieres hablar y ella sigue hablando, no nos dejan hablar,» relataba otra. «Parece una cárcel, todas las puertas están con llave siempre.»[5]

El caso de Pueblo Libre incluye un audio[6] donde una adolescente relata en detalle el maltrato físico recibido por dos tutoras. Su voz fue verificada mediante videos institucionales y se suma a la larga lista de testimonios de niñas, niños y adolescentes que no son escuchados por las autoridades. Ella, al igual que otras adolescentes, está ahí ahora, mientras escribimos esto.

Mientras cada intento de fuga sea catalogado como conducta disruptiva, cuando es en realidad un grito de auxilio, y mientras cada denuncia se trate como un caso aislado, nunca como síntoma de un problema estructural, seguirán reportándose hechos de violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA).

4. Reflexiones finales

Hace seis meses advertimos. Hoy exigimos. El Estado no puede seguir tratando cada caso como un «hecho aislado« que se resuelve con una separación preventiva y un comunicado. Pueblo Libre, después de Los Olivos, Trujillo, Cajamarca, Huancayo y Callao, no es una excepción. La violencia contra NNA es un problema estructural del sistema.

Las recomendaciones permanecen, pero ahora se vuelven urgentes: i) intervención inmediata de los 238 CAR con auditorías independientes, ii) publicación del informe defensorial y el seguimiento para la implementación de las recomendaciones, iii) regularización urgente de los 66 CAR que no cumplen las condiciones mínimas para lograr su acreditación, iv) implementación obligatoria de mecanismos de denuncia accesibles para las NNA. Y, sobre todo, es indispensable dejar de tratar a las NNA como el problema y empezar a tratarlas como lo que son: víctimas de un sistema que les está fallando.

(*) Consultora IDEHPUCP.


[1] Infobae (2025). Menores viven un infierno: denuncian maltratos físicos a niñas en centro de acogida del INABIF en Pueblo Libre.

[3] Infobae (2025). MIMP separa a responsable del centro de acogida del INABIF en Pueblo Libre tras denuncia a maltrato a menor

[4] La reunión se llevó a cabo el 24 de junio de 2025.

[6] El audio fue obtenido por el medio La Contra que decidió no difundirlo para proteger a la adolescente.