Por Cath Collins (*) y Boris Hau (**)
Este 11 de septiembre fue el quincuagésimo desde que el sueño socialista chilena se inmoló en Chile con el bombardeo del palacio presidencial y el inicio de 17 largos años de dictadura cívico-militar. ¿Cómo se vivió? Incómodamente: con fuertes lluvias, posiciones encontradas, la negativa de la derecha a suscribir siquiera el más básico compromiso con la democracia, y, con ello, el abandono aparentemente definitivo, por una parte de ese mismo sector, de las tibias señales de civilidad, conciliación y mea culpa que había dado una década antes, en el aniversario número 40.
Han sido, sin duda, años de paradoja. En 2020, tras el estallido social más grande de su historia reciente, el pueblo chileno exigía una nueva constitución, y en 2021 eligió como presidente a un exlíder del movimiento estudiantil que impulsó dicha exigencia. Pero un año más tarde- en septiembre 2022 – rechazó la constitución garantista y progresista que se le ofrecía. En tanto, hoy, estudios de opinión publica revelan cada vez mayor disposición a reconocer abiertamente que lo que Chile vivió, entre 1973 y 1990, sí fue una dictadura…, pero junto con un alza de 20 puntos porcentuales (de 16% en 2013 a 36% hoy) en quienes piensan que los militares golpistas del 1973 “tenían razón”. En tanto, mientras la justicia penal avanza en tribunales, condenando a centenares de torturadores, asesinos, y desaparecedores de personas, asimismo, avanzan el negacionismo y la relativización política y social de estos atropellos y sus consecuencias. Mientras se anuncia el tan largamente anhelado Plan Nacional de Búsqueda, para hallar las cerca de 1.400 personas aun desaparecidas, una diputada duda, públicamente, de que la dictadura haya violado, además de torturar y matar. Los perpetradores directos mueren – las y los familiares, testigos, y sobrevivientes también – a la vez que se llega a tener un número récord de investigaciones abiertas, y de causas resueltas por la Corte Suprema. Cincuenta años después del golpe de Estado, a Chile se le puede atribuir muchos calificativos, salvo quizás ‘coherente’ ni ‘aburrido’. Las placas tectónicas aún se mueven.
En el Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales medimos avances y retrocesos en verdad, justicia, reparacion, memoria, y garantías de no repetición en Chile. Contamos, este año, 67 causas penales finalizadas en la Corte Suprema con condenas a 204 agentes de la dictadura. Hemos sabido que la ‘cárcel especial’ reservada para los criminales de lesa humanidad –la mayor parte de los cuales son exmilitares—está ocupada en toda su capacidad (130 personas), lo cual da una señal de que la cárcel es, aun, el destino natural que le espera al represor, a pesar de que nuestro exdictador, Augusto Pinochet, falleció sin ser alcanzado por ninguno de los cargos que enfrentaba.
Con las de este año se llega, según el Observatorio, a la cifra de 534 sentencias penales por desaparición, ejecución extrajudicial, y tortura. Además, se han resuelto otras 124 demandas civiles se resolvieron por los mismos crímenes: últimamente, en su mayoría se han resuelto a favor de las familias y sobrevivientes, quienes de esa forma ejercen su derecho a reparación. Son entonces 658 las veces en que el máximo tribunal- el mismo que recibió con “intima complacencia” el golpe de 1973, y aceptó conferirle la banda presidencial a Pinochet – se ha pronunciado, en los tiempos nuevos, en causas por crímenes de lesa humanidad. En estos últimos meses, además, se han pronunciado cada vez más rápidamente, y cada vez ‘mejor’, en términos de mostrar mayor apertura a control de convencionalidad y otros deberes internacionales ante los que Chile ha tendido a ser refractario.
Dicho eso, desde muchas ópticas ya es tarde y aun es poco. Las causas penales que mencionamos, se hacen cargo de los crímenes cometidos contra un total de 1.119 víctimas ausentes (personas desaparecidas o asesinadas por el Estado dictatorial). Siendo 3.216 las personas hoy reconocidas por el Estado de Chile como víctimas de dichos crímenes (además de otras 40.000 reconocidas como sobrevivientes), las causas alcanzan a poco más de un tercio de las víctimas ausentes. Solamente una de cada tres familias, entonces, ha visto cumplida la cuota de justicia que los tribunales les pueden entregar. Una de ellas ha sido la familia de Víctor Jara, el ya legendario folclorista y artista cruelmente asesinado a pocos días del golpe. Su viuda, Joan, y sus dos hijas han luchado incansablemente por justicia en este y en todos los casos: la causa terminó este 28 de agosto con condenas a siete exmilitares, si bien dos de ellos eludieron a la justicia dándose a la fuga, mientras que otro se suicidio en el acto de ser aprehendido.
Dos días más tarde, en el Dia Internacional de Victimas de Desaparición Forzada, el presidente Gabriel Boric firmó el decreto de creación del Plan Nacional de Búsqueda, equivalente en Chile a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas peruana, que, bajo la dependencia de la Subsecretaria de Derechos Humanos, procurará dar nuevas y mejores respuestas a las familias y al país entero sobre la suerte corrida por las personas aun desaparecidas y su paradero actual. El plan se suma al lento, pero ahora algo más seguro, caminar de la justicia, del cual tampoco están ausentes las acciones, gestos y exigencias en verdad, reparacion, y garantías de no repetición. Lo preocupante en este 11 de septiembre es que, si bien por fin pareciera haber mayor voluntad política detrás de las acciones oficiales, los contrasímbolos y contraejemplos abundan entre una clase política y una población que aparecen cada vez más dispuestas a relativizar, ignorar o simplemente falsificar su propia historia. El conjunto musical Illapu, otro de los grandes aportes de Chile a la música del continente, tiene un tema en el que exige “mas justicia, menos monumentos”. En un día como este es difícil no estar de acuerdo.
(*) Profesora de Ulster University, Irlanda del Norte y miembro del Observatorio de Justicia Transicional, Universidad Diego Portales, Chile.
(**) Profesor de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile y miembro del Observatorio de Justicia Transicional, Universidad Diego Portales, Chile.
