Asustados y con la mano al pecho, seis escolares uniformados parecen murmurar cabizbajos el himno nacional, mientras un compañero suyo, Luis Sulca Mendoza, yace muerto sobre una mesa, asesinado por una columna de Sendero Luminoso. Algunas de las velas que lo acompañan se notan consumidas, así como consumido se ve el salón del velorio, las mesas donde reposa el cuerpo y la esperanza en cada uno de los rostros de estos adolescentes que, en 1986, vivieron en Ayacucho. La violencia en nuestro país avanzaba implacable y sus víctimas fueron, en su mayoría, los más pobres y olvidados.
Lunes, 27 de junio del 2011 | La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue muy enfática en sus cifras cuando afirmó que “de cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua. Se trata (…) de un sector de la población históricamente ignorado por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí disfruta de los beneficios de nuestra comunidad política”. Es decir, según sus cifras, de los más de 69 mil peruanos que murieron producto de esta guerra interna, al menos 50 mil fueron, como Luis Sulca Mendoza, campesinos de bajos recursos y poca educación.
Aunque hay controversias en cuanto a su formación, objetivos, conclusiones, propuestas y cifras, la CVR es la única institución que se encargó de reconstruir las condiciones en las que germinó la violencia en la que se vio envuelta la sociedad peruana. Es, hasta el momento, el esfuerzo más grande por describir el contexto político, social y cultural de los crímenes que vivió nuestro país desde que dos grupos armados, el PCP Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), decidieran iniciar una guerra popular contra el Estado peruano.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación
La caída del régimen de Alberto Fujimori (1990- 2000) se dio entre escándalos de corrupción que desencadenaron la rápida desarticulación de los mecanismos que habían mantenido a su partido en el poder durante tantos años. Con la difusión del video en el que se muestra al asesor presidencial Vladimiro Montesino dándole dinero en efectivo al congresista opositor Alberto Kouri para que se pasara al oficialismo, el régimen colapsó. Poco después, Fujimori aprovechó la cumbre del APEC en Brunei y salió de viaje para después renunciar a la presidencia, vía fax, desde Japón.
Tras la renuncia de Fujimori el 19 de noviembre del 2000, el Congreso nombró al hasta ese entonces presidente del Legislativo, el abogado acciopopulista Valentín Paniagua, como presidente del Gobierno de Transición. Entre los encargos de este gobierno estuvo la formación de un grupo de trabajo interinstitucional para proponer la creación de una Comisión de la Verdad con participación de los ministerios de Justicia, Interior, Defensa, Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico del Perú y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Al cabo de tres meses de trabajo, este grupo tuvo una propuesta de las características, alcances y objetivos que debía tener una comisión de este tipo. Aceptada la propuesta, en junio del 2001 se decretó la creación de la Comisión y, en julio, pocos días antes de dejar el poder, el presidente Paniagua presentó una lista con los primeros siete miembros de la comisión. Meses después, con Alejandro Toledo como presidente, la Comisión se amplió con la participación de representantes de la izquierda política, la Iglesia católica, las Fuerzas Armadas y la comunidad evangélica. Toledo amplió el número de miembros de la comisión y la renombró; le aumentó el concepto de reconciliación, que no se había hecho explícito hasta ese momento: el proceso de reconciliación a partir del esclarecimiento de los hechos y el restablecimiento de la justicia.
El trabajo de la CVR se centró en la investigación de los actos ocurridos entre 1980 y 2000, delitos atribuibles a todas las partes del conflicto: tanto a los agentes del Estado como a los grupos subversivos. La comisión se concentró en investigar asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, torturas y otras lesiones graves, violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país cometidos por las organizaciones terroristas (PCP Sendero Luminoso y el MRTA), los agentes del Estado y grupos paramilitares.
“Fue un trabajo muy duro, fue espantoso vivir con la muerte al lado”, recuerda el Padre Gastón Garatea, SS.CC., uno de los miembros primigenios de la comisión y asesor de Relaciones Interinstitucionales en la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUCP. “A mí me llamó el presidente Paniagua. Yo había estado trabajando en la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza como párroco de Ayaviri, Puno. Tenía experiencia y capacidad de consenso con los políticos y los movimientos sociales”, explica. A lo largo de casi dos años de trabajo, los miembros realizaron entrevistas a víctimas, presuntos implicados, testigos, miembros sentenciados de las organizaciones terroristas y de las FFAA. “Ha sido una época espantosa, la época más negra de la historia del Perú. Ni siquiera la guerra con Chile lo fue. Aquí nos matábamos entre peruanos”, recalca.
No obstante el trabajo de investigación y la pretensión de hacer un grupo plural e inclusivo, las críticas vinieron de muchos lados: desde las fuerzas políticas que habían sido gobierno en esos años (Acción Popular, el APRA y el fujimorismo), desde las Fuerzas Armadas que se consideraban deshonradas en el INFORME FINAL y desde cierto sector de la opinión pública que interpretó esta comisión como un intento de «reabrir heridas», contribuir al disenso o alimentar odios.
Críticas a la CVR
“Nosotros tuvimos una posición crítica sobre la CVR, más por la formación que por el contenido”, indica el reelecto congresista Mauricio Mulder, actual presidente de la Célula Parlamentaria Aprista. “Fue una comisión nombrada sin consenso. Una Comisión de la Verdad debería ser producto de un diálogo político y, más bien, se puso por decreto a una serie de personas que, según nuestro criterio, tenía una visión sesgada de las cosas y además una orientación política definida”, explica Mulder. Para el congresista, la Comisión de la Verdad y Reconciliación había dado cabida a varios grupos, incluso al fujimorismo a través de una exviceministra de ese régimen, la Dra. Beatriz Alva Hart; pero no había, por ejemplo, ningún representante del aprismo o de la visión histórica que se podría proponer desde el partido de la estrella. “No estuvimos representados a pesar de haber sido gobierno y ser una fuerza política muy importante en el país. Más bien, la izquierda, la llamada tendencia caviar que corresponde a un sector intelectual que ha tenido militancia política, sí ha estado muy representada. Esto creó un sesgo. Por ejemplo, Carlos Tapia, hoy vocero del señor Humala, ¿a razón de qué estaba en la CVR?”, se pregunta Mulder. El ingeniero Tapia es un reconocido especialista en el tema Sendero a cuyos líderes conoció en la Universidad de Huamanga. Para Mulder eso no era suficiente: “Yo también soy un especialista, basta leer un poco para ser especialista. Me parece que hubo sesgo y este era tratar de usar a la Comisión de la Verdad como un arma política”.
De otro lado, las conclusiones a las que llega la CVR causaron críticas. El número de víctimas que se calculó fue de 69,280, cifra que casi triplicaba todas las anteriores y hacía aún más evidentes los niveles de la violencia desatada en 20 años de guerra. “El número de muertos fue un cálculo incomprensible y nunca llegó a determinarse que ese número tan exacto fuera real”, argumenta Mulder.
Un segundo punto es la participación de las FFAA, a quienes la CVR, después de reconocer una heroica labor, también culpa de aplicar estrategias de represión que violaban los derechos humanos. Según el Informe Final, no se trató de hechos aislados o excesos individuales, sino de prácticas sistemáticas: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y una extendida práctica de violencia sexual contra la mujer. “Yo no creo que estas hayan sido prácticas sistemáticas, creo que lo que sí ha habido en la FFAA son personas que han ejecutado acciones genocidas, pero no como parte de una política”, subraya Mulder. El gran número de campesinos muertos se explica, según el congresista, a partir del trabajo de reclutamiento forzado que implantó Sendero. “Eran muertos de Sendero y se culpó a las FFAA; se creaba el criterio de que la FFAA habían ido a asesinar campesinos. Por supuesto que eran campesinos, pero eran campesinos reclutados por Sendero”, enfatiza. Una tesis que no alcanza para explicar lo sucedido en Socos, Pucayacu o Putis (ver recuadro).
Reconciliación
“Una Comisión de la Verdad que no tuviera reconciliación era un fracaso. La verdad por sí misma no cura”, afirma el Padre Garatea. Sin embargo está claro que el proceso para lograr esta reconciliación es largo y aún estamos lejos de cualquier meta posible. “La reconciliación, el entendimiento y la comprensión son temas que, mientras los actores estén vivos y en la cárcel, difícilmente podrán internalizarse en la sociedad”, explica Mulder. Una de las maneras establecidas por la CVR para iniciar el proceso de reconciliación fue la de dar reparaciones a las víctimas con la intención de resarcirlas y dignificarlas, para tratar de revertir el clima de indiferencia que atravesó a la sociedad peruana. Se propone, así, un Plan Integral de Reparaciones “donde se combinan formas individuales y colectivas, simbólicas y materiales de resarcimiento. Este plan debe ser financiado creativamente por el Estado, pero también por la sociedad y la cooperación internacional”, según menciona la comisión en sus Conclusiones Generales. El gobierno de Alan García se ha concentrado en las reparaciones colectivas y ha logrado algunos avances significativos; en el plano de las reparaciones individuales se ha determinado una cifra de S/. 10 mil para los familiares de las víctimas, algo que ha generado la indignación en algunos casos.
La reconciliación es un proceso que debe ocurrir desde el ámbito personal y familiar para que afecte a las organizaciones de la sociedad civil y a los agentes del Estado. Como se menciona en el Informe Final, “adecuarse a (…) la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe (…) es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana”, prácticas que, casi 30 años después de aquel primer ataque subversivo, sentimos plenamente activas.
>>Descarga el informe impreso de Punto Edu.(*) Nota: Informe tomado de Punto Edu y publicado este lunes 27 de junio del 2011.
