Por Mario R. Cépeda Cáceres (*)
A lo largo de la última década, ha aumentado de manera sostenida el flujo de personas que deciden emigrar desde Venezuela a otros países de la región. Esta situación se acentuó desde el año 2018 por el estallido de la crisis humanitaria en el país. Por ello, el Perú ha experimentado el crecimiento constante de la comunidad de venezolanos y venezolanas que llegan a su territorio. Este panorama ha ocasionado que a la experiencia del desplazamiento —que incluye un profundo sentimiento de incertidumbre y desarraigo— se le deban sumar situaciones de violencia estructural de la sociedad peruana como el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación. De esta manera, se ha configurado un panorama de alta vulnerabilidad de las personas migrantes y de compleja reestructuración de las comunidades que los acogen.
Las cifras de la II Encuesta a la Población Venezolana residente en el Perú (ENPOVE), presentan un panorama paradójico. Por un lado, más del 35% de la población venezolana no cuenta con algún tipo de permiso migratorio, lo que no solo se traduce en una situación de irregularidad migratoria, sino también en un mayor riesgo de explotación, abusos, precariedad y pobreza. Por el otro, el 75,3% de la población venezolana en nuestro país tiene intención de quedarse de manera permanente en el Perú. Esto demuestra cómo el país, a pesar de todos sus problemas, se ha convertido en un espacio de arraigo y futuro para esta población.
Por otro lado, la II ENPOVE muestra lo poco lo que se ha logrado en materia de integración efectiva; así, más del 80% de la población migrante de Venezuela en el Perú vive en hogares constituidos por nacidos en Venezuela aún. De la misma manera, más del 30% de la población migrante reporta haber sido víctima de uno o más actos de discriminación xenofóbica: el 67,4% reporta actos ocurridos en la calle o lugares públicos; el 38,3% en el centro de trabajo; el 14,0% en el transporte público; el 9,6% en la comunidad o barrio; el 8,3% en la institución educativa; el 3,5% en algún establecimiento de salud; y el 0,4% en oficinas de migración.
Si bien desde hace algunos años han aumentado las intervenciones de instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y los propios actores estatales en la materia migratoria, las necesidades de atención a esta emergencia humanitaria han excedido largamente las capacidades de respuesta institucional locales y nacionales. Así, se ha venido trabajando desde diversos espacios en identificar los escenarios y factores que afectan la integridad de las personas migrantes y sus condiciones de vida. Un espacio de especial atención se ha creado en las regiones fronterizas de Ecuador —principal país de tránsito de los migrantes venezolanos— y Perú —segundo país de acogida de este grupo— en especial en las regiones de El Oro y Tumbes, respectivamente.
Frente a la situación previamente descrita, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) en consorcio con ChildFund Ecuador, la Universidad del Azuay de Ecuador, WeWorld Perú, la Representación en el Perú de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha desarrollado entre los años 2022 y 2024 el proyecto Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras. Este proyecto se ha ejecutado en el marco de la iniciativa Live in Dignity financiada por la Unión Europea y con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) Esta intervención ha tenido por objetivo incentivar la autonomía de las personas afectadas por el desplazamiento y a la coexistencia pacífica entre las comunidades de acogida en Perú y Ecuador.
A lo largo de los últimos dos años, el equipo del IDEHPUCP ha trabajado de manera intensiva y coordinada en abordar y profundizar la comprensión de la experiencia del desplazamiento en el Perú. Así, partiendo de reconocer que la migración venezolana transcurre por una ruta más amplia y no siempre ordenada y progresiva –en la que limitar los esfuerzos a las zonas fronterizas ha generado un vacío de evidencias–, por lo que se ha hecho necesario comprender junto a migrantes y comunidades de acogida las situaciones que se desarrollan en regiones como Piura, Lambayeque y La Libertad.
En primer lugar, no aproximamos a la situación de vulnerabilidad laboral a las que están expuestas las personas en proceso de movilidad. Hemos visto cómo la gran mayoría se desempeña principalmente en el sector informal y se enfrentan constantemente a contextos de precariedad laboral con poca o nula posibilidad de acceder a empleos formales debido a barreras socioculturales y burocráticas. Todo esto, sumado a formas de xenofobia que se traducen en dinámicas de subempleo, explotación, quiebre de la trayectoria profesional, etc. En ese sentido, no solo la población migrante apunta a aceptar trabajos que población local no está dispuesta a realizar, también lo hace en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Por otro lado, factores propios de la experiencia del desplazamiento de de la población (sobre todo de mujeres y jóvenes) les sitúa en mayor riesgo de ser víctimas de tráfico y la trata de personas con especial énfasis en la la explotación laboral y sexual. De esta manera, el proyecto ha destacado la necesidad de prestar especial atención a la capacidad de respuesta estatal a estos fenómenos. Asimismo, se logró identificar cómo, cómo, muchas veces, la acción del Estado está permeada por patrones no formales de xenofobia y discriminación, por un lado; o por serios problemas de recursos que afectan la capacidad de autoridades comprometidas, por el otro. De esta manera, rescatamos cómo el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, en especial de las propias organizaciones de migrantes, resulta fundamental para fortalecer la respuesta estatal frente a la trata y tráfico de personas.
Finalmente, el proyecto ha permitido adentrarse en la barreras que los niños, niñas y adolescentes (NNA) de nacionalidad venezolana encuentran en el sistema educativo peruano. Así, identificamos barreras que afectan el acceso, el rendimiento y la permanencia dentro de un sistema que no es ajeno al creciente clima de xenofobia, exclusión y sanción social hacia la población extranjera. La presión migratoria sobre un sistema ya en crisis como el de la educación pública se ha convertido, por un lado, en un caldo de cultivo para formas invisibilizadas de violencia; pero también, por el otro, en una fuente de creatividad e innovación de padres de familia, docentes y autoridades que buscan construir un mejor futuro para los NNA. Fortalecer la experiencia educativa de los los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana implica fundamentalmente escuchar sus voces y conocer de primera mano sus necesidades, emociones e imaginarios de futuro. Solo así podremos garantizar de manera efectiva sus derechos.
En suma, el proyecto Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras ha permitido poner sobre la mesa una serie de experiencias que es indispensable seguir estudiando de la mano de la población migrante y las comunidades de acogida.
(*) Antropólogo. Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP). mario.cepeda@pucp.edu.pe
