El 27 de enero del 2013, el canciller argentino, Héctor Timermann, y su homólogo, Ali Akbar Salehi, de la República Islámica de Irán, firmaron en Adis Abeba (Etiopía) un memorándum de entendimiento destinado a la creación de una comisión de la verdad sobre este caso. En América Latina, se han creado comisiones de la verdad mediante normas internas- el caso peruano o chileno- o a través de acuerdos internacionales- como ha sucedido en El Salvador-. La nueva comisión deberá esclarecer, luego de más de dos décadas, lo sucedido en el atentado del 18 de julio de 1994 en la AMIA, localizada en Buenos Aires, donde murieron 85 personas y cientos de ellas quedaron heridas.
Esta Comisión de la Verdad estará conformada por juristas internacionales de reconocido prestigio. A fines de garantizar su imparcialidad, los comisionados no podrán ser nacionales de ninguno de los Estados firmantes. Una vez ya instalada, la documentación para la labor de este grupo de trabajo provendrá de las autoridades judiciales argentinas e iraníes. Así también, la comisión deberá brindar recomendaciones destinadas a fortalecer el marco de la regulación interna de ambas partes, respecto a este suceso.
Anteriormente, en el 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner había denunciado, en el 62° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la inacción de las autoridades iraníes frente el pedido de extradición de la justicia argentina, entre otros, del ex presidente Alí Rafsanjani, del ex canciller Alí Akbar Velayati y del actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; todos ellos con orden de captura internacional, avalada por INTERPOL. Es por esta razón que tanto la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, como Timmerman, han catalogado este acuerdo como “histórico”, porque «Irán no estaba obligado por ninguna resolución o instrumento del derecho internacional, ni ningún organismo multilateral internacional a dialogar con Argentina y mucho menos a firmar un acuerdo». No obstante, tanto el viraje de la política exterior del gobierno de Mahmud Ahmadineyad, como las sospechas que se levantan contra el gobierno argentino, no dejan de generar sinsabores y desconfianza al interior de la sociedad civil. Por ello, la AMIA y otras asociaciones civiles están en desacuerdo con la iniciativa.
Las limitaciones que experimentaría la Comisión de la Verdad se generarían a partir de, al menos, dos elementos. Primero, que los interrogatorios se realizarán en Teherán, lo que, por motivos geográficos, dificultaría la participación de las víctimas en el descubrimiento de la verdad. Segundo, el gran aporte de la información con la que contarán los comisionados vendrá de los órganos jurisdiccionales de cada Estado, lo que también puede opacar o, incluso, anular la participación de la sociedad civil. Ahora bien, el examen sobre el grado de influencia, positiva o negativa, de la Comisión de la Verdad en la comunidad judía localizada en Argentina tendrá que esperar hasta su instalación y la emisión de sus recomendaciones.
