Por José Alejandro Godoy (*)
Hay pocas cosas que rescatar del mensaje presidencial de 28 de julio. La última alocución al paso brindada por Dina Boluarte fue un cúmulo inconexo de obras y cifras que no tenían mucho que decirle al ciudadano de a pie. El discurso fue extenso y buscaba proyectar estabilidad —sobre todo en materia económica— con un tono triunfalista, pero la desconexión con el país fue evidente.
La señora presidenta de la Republica optó por una narrativa de supuesto salvataje democrático tras el intento de golpe de Estado que supuso el mensaje a la nación brindado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Selectivamente, Boluarte eligió olvidar que enonces la ciudadanía esperaba —y pedía claramente— un adelanto electoral que la clase política en su conjunto ignoró con dolo. También eligió obviar a los 50 muertos que dejó la represión estatal a las protestas que sucedieron entre diciembre 2022 y enero 2023, un hecho sobre el que todos los informes e investigaciones han concluido que el Estado tiene inequívoca responsabilidad. Y aunque algunos parlamentarios hicieron gestos para recordarle a la mandataria estos eventos, ella no tuvo ningún gesto hacia las víctimas.
En ese sentido, en materia de derechos humanos, el principal mensaje del gobierno no estuvo en el discurso de Fiestas Patrias. El 26 de julio por la noche, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado en el que rechazaba la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el marco del cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta, solicita suspender el trámite del proyecto de Ley 7549/2023-CR, o “Ley de amnistía”, impulsado por el Congreso de la Republica y que, tras su aprobación en el pleno del mismo, ha sido enviado al Ejecutivo para su promulgación.
El argumento del gobierno para este rechazo fue “la defensa de nuestra soberanía”, ignorando que, en nombre de esa soberanía, nuestro país suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos; se estableció en nuestra Constitución que los derechos fundamentales se interpretan a la luz de las sentencias de los organismos internacionales —como la CIDH— de los que somos parte; y, sobre todo, que el año 2001 se derogó la Ley 26479, o “Ley de Amnistía” que había sido promulgada en 1995 y cuyo espíritu era muy parecido al del PL 7549/2023-CR, que hoy está a la espera de su promulgación. Es, nuevamente, un mensaje para no respetar resoluciones del sistema interamericano y que nos vuelve a poner como un país poco serio en el cumplimiento de sus mandatos y compromisos internacionales. Así de grave.
Pero este no es el único mensaje preocupante que nos dejó la celebración patria. También ha quedado en evidencia que la seguridad ciudadana no es relevante para este gobierno, pues el mensaje a la Nación de Boluarte sobre la materia se pueden resumir en dos ideas: la construcción de cárceles y un discurso de “mano dura” que ofrecía más policías, más vehículos y más bases militares. Ninguna de estas cuestiones implica una mejora sustancial para la ciudadanía, pues no se abordó la necesidad de derogar normas que atentan contra la lucha ante la criminalidad, ni la mejora de los sistemas de información e inteligencia. No hubo nada que vaya más allá de la mera represión. Así, los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad no están resguardados por esta administración.
Lo mismo que ocurre con la (in)seguridad se podría decir de otros ámbitos, de otras políticas públicas. La mandataria asumió que la repetición estadística o el nombramiento de obras era suficiente para mostrar un norte claro; pero si hubo algún atisbo de esperanza en su mensaje, se perdió rápidamente entre la extensión del mensaje, la ausencia de ideas centrales y el tono triunfalista empleado. Es simbólico también señalar que muchos parlamentarios —el real sostén de esta administración—, terminaron abandonando el hemiciclo por aburrimiento.
Sabemos que se trata de un gobierno donde la institucionalidad y los derechos humanos no importan. Tampoco los problemas concretos de la ciudadanía. Tal vez el único consuelo que nos queda es que este discurso fue el último de la señora Boluarte. Dependerá de la oferta electoral y de la ciudadanía que el futuro de los peruanos sea mejor que el mostrado en nuestra más reciente celebración de la Independencia nacional.
(*) Politólogo, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP.
