Por Laura Rivera (*)
En abril de 2024, Alberto Fujimori, quien gobernó al país por diez años, solicitó al Parlamento que se le otorguen los beneficios que todos los presidentes elegidos democráticamente reciben al culminar sus mandatos. La Ley N° 26519 establece que los exmandatarios del país reciban una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad, es decir, 15 600 soles mensuales. Sin embargo, esta Ley plantea una precisión: aquellos que tengan acusaciones constitucionales en su contra no recibirán esta pensión, a menos que una sentencia los haya declarado inocentes. De los doce presidentes que hemos tenido desde el retorno a la democracia, son seis los que han sido acusados constitucionalmente. Fujimori es uno de ellos.
“Alberto Fujimori estuvo sometido a cuatro acusaciones constitucionales que terminaron en condenas. Fue encontrado culpable por crímenes gravísimos contra los derechos humanos y contra el Estado”, explica Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción.
Casi todas las acusaciones constitucionales en contra de Fujimori han llevado a un proceso penal. En algunos casos el tema está pendiente de que se definan los términos de la extradición y en otros ya fue condenado. Fujimori también ha enfrentado juicios y ha sido sentenciado por diversos delitos que van desde corrupción hasta la vulneración y comisión de delitos de lesa humanidad y derechos humanos. Fue condenado por el Poder Judicial a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Fujimori ha estado preso desde el 2007, pero en diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional ordenó su liberación, haciendo valer un indulto previamente cuestionado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Sin embargo, esto no representa un barrido de su responsabilidad penal. La responsabilidad frente a los hechos que cometió está intacta. El indulto simplemente suspende la ejecución de la pena. El indulto no elimina la condena”, manifiesta Arbizu.
A las condenas se suma el hecho de que el expresidente adeuda 57 millones de soles al Estado por reparación civil, una deuda creciente. Así, el Congreso le concede a Fujimori un asistente y gasolina a pesar de que no paga su reparación civil. Un artículo periodístico de Perú21 mostró que, desde abril, Fujimori recibe 30 vales mensuales de 5 galones de gasolina para su transporte privado. Además, el Congreso paga un sueldo de poco más de 3,000 soles a Óscar Demetrio Paredes para ser su asistente personal. Esto, para Arbizu, representa una arbitrariedad del Congreso.
Según José Alejandro Godoy, analista político, esta ley es clara y no es una norma interpretable. A Fujimori no le corresponde una pensión vitalicia, “pero, evidentemente, esto se quiere llevar a una discusión de corte político”.
“Fujimori es un sujeto que está permanentemente buscando el poder. Todo lo que hizo durante el decenio en el que gobernó fue violar sistemáticamente los derechos humanos para que ese poder fuera retribuido en un beneficio económico para él y su entorno más próximo. Considero que esta petición no es sino una extensión lógica de ese afán por vivir con dinero que no es propio, sino que es de todos los peruanos y peruanas. De otra manera no podría explicarse cómo un sujeto que tiene deudas tan importantes por saldar con el Estado se aproveche del Estado”, afirma Arbizu.
“Lo que busca el fujimorismo es hacer una reescritura de la historia en donde Alberto Fujimori aparezca como una persona a la cual se le encarceló injustamente, y justamente por ello, no se le vería recortar los derechos que le corresponden. Pero, Fujimori no solamente fue condenado justamente, sino que va a pasar a la historia como una persona condenada por graves violaciones a los derechos humanos y eso es algo que ningún indulto va a borrar”, expresa Godoy.
Nueve de los doce presidentes que ha tenido el país, desde 1980, han estado envueltos en enormes casos de corrupción. No es una sorpresa que el 91% de la población esté insatisfecha con la forma de gobierno que hemos venido experimentando de acuerdo al último informe de Latinobarómetro, un estudio de opinión pública de América Latina. La ley sobre la pensión vitalicia a los jefes de estado no es aplicable solo cuando se tienen denuncias constitucionales pendientes, pero “algunos presidentes no han sido acusados constitucionalmente porque ya han pasado muchos años después de su mandato. Y va a haber otros mandatarios que no van a pasar por un proceso de acusación constitucional, sino que van a ser acusados, o de alguna u otra manera encausados después de los cinco años de posibilidad ante juicio político” señala Godoy.
(*) Prensa IDEHPUCP
