Esta semana, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp), tuvo como invitado especial al abogado colombiano Álvaro Botero, Miembro y Relator del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) de la Organización de las Naciones Unidas, y Coordinador de la Unidad de Refugiados y Desplazamiento Forzado de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) quien realizó una detallada exposición sobre las características migratorias en la región, con especial atención en Venezuela.
En su exposición- realizada en la sede del instituto – se inició mostrando un panorama general en el que predomina un «discurso alarmista» vinculado a la magnitud de la migración y su supuesta conexión con el aumento de la criminalidad y el acaparamiento de puestos de trabajo en el país.
Botero presentó importantes cifras a fin de determinar cuánto representa la migración en la región y en el mundo. En 2019, la cantidad de migrantes a nivel global era de 272 millones de personas, solo un 3% de la población mundial. De ellos, un 52% son hombres, frente al 48% de mujeres. El especialista reveló que entre 1990 – 2017 se registró más de 3 millones de peruanos que salieron del país y que no han regresado. Entre las razones principales por las que emigraron se encontró la inestabilidad socioeconómica y política, por lo que se considera una migración forzada, una migración como «estrategia de supervivencia«. Si se ve en términos totales de población, el 10% de los peruanos viven fuera de su país.
En el caso de la migración venezolana, se indicó que esta es la mayor crisis migratoria en la historia reciente en las Américas. Desde el 2015 a la fecha se registran 4,8 millones de personas que salieron de este país por distintas causas: inestabilidad política, tasas elevadas de violencia, inseguridad alimentaria, altos niveles de desnutrición, etc.
En primer lugar – por su cercanía geográfica pero también cultural – Colombia ha sido el principal país como destino (1.6 millones), en Perú la cifra alcanza oficialmente los 900 mil migrantes, y le siguen Ecuador (385 mil), Chile (361 mil) y Brasil (253 mil). Se resalta que las personas en situación de mayor pobreza no cuentan con los recursos mínimos para desplazarse fuera. Sobre el Perú, Botero destaca que ha sido el país que más solicitudes de asilo se han entregado en la región.
«Entre las principales características de los migrantes venezolanos en Perú se encuentran: situación migratoria irregular, interés en quedarse a vivir por muchos años, mayormente una población en edad económica activa donde un 25% cuenta con estudios completos universitarios.»
Uno de los principales problemas detectados para enfrentar la crisis ha sido el poco financiamiento que se ha obtenido como ayuda humanitaria. Mientras se ha obtenido financiamiento en lugares como Rohingya (1,200 millones de dólares), Sudán del Sur (9,400 millones de dólares), Siria (33,000 millones de dólares) para Venezuela el monto ha llegado a 325 millones de dólares.
Sobre los mitos que el migrante «quita trabajo», se mencionaron los estudios del FMI que destacan que para noviembre el 2019 los países receptores de migración venezolana podrían aumentar su PBI entre 0.1 a 0.3 millones para el 2030. Así mismo Botero destacó el estudio del BBVA del año pasado sobre crecimiento de la economía peruana con relación a la llegada de venezolanos – estudio que fue analizado por el área académica del Idehpucp.
Más adelante, el especialista de la OEA resaltó que entre las principales características de los migrantes venezolanos en Perú se encuentran: situación migratoria irregular, interés en quedarse a vivir por muchos años, mayormente una población en edad económica activa donde un 25% cuenta con estudios completos universitarios.
Además, destacó que los migrantes buscan acceder a los espacios sociales y rechazan la criminalización que se viene desarrollando a nivel local. Como dato, la población venezolana solo representa el 0.4% de la población penitenciaria en el Perú. Lo que sí destaca Botero es que es probable que esa percepción criminal se deba a las nuevas dinámicas delictivas – algo que no era tan común en el pasado – pero advierte que la llegada de la población migrante no genera un aumento per se de criminalidad o desempleo en el país de destino.
Tras un repaso por los países de la región y su política migratoria, el abogado detalló como desafíos pendientes: dar reconocimiento a la condición de refugiado en los términos de la Declaración de Cartagena (1984); una mejor asistencia humanitaria a los migrantes y refugiados; reducir niveles de xenofobia y discriminación; garantizar el derecho a la nacionalidad; analizar la situación de migrantes desaparecidos; buscar mayor financiamiento.
Finalmente, entre las conclusiones destacó la importancia de una respuesta regional; ampliar canales regulares y seguros para los migrantes; explorar nuevos mecanismos para la regularización de una población específica y construir nuevas narrativas sobre la migración.
La charla del especialista Botero se enmarca en la visita que se encuentra realizando al Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (GRIDEH) para brindar apoyo en una de sus investigaciones. La visita se realiza gracias al apoyo de la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (DARI).
