Se ha comentado ampliamente en la última semana el incremento de la pobreza monetaria en el Perú registrado en el informe técnico “Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023”, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según ese informe casi diez millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza. Esto representa un crecimiento de 1.5% respecto del año anterior, y, más significativamente aún, un aumento de 8.8% respecto de la situación anterior a la pandemia de Covid-19, es decir, el año 2019.
Esas cifras significan que para casi la tercera parte de la población del país es imposible cubrir con sus ingresos la canasta básica de consumo. Además de eso, la situación de pobreza extrema –es decir, la situación en la cual no se alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos—también ha empeorado. La población en estado de pobreza extrema ha crecido en 11% respecto del año anterior. Casi dos millones de personas se encuentran hoy en esa situación.
Los factores que determinan esta grave realidad son variados y entre ellos resaltan los fenómenos climáticos que han afectado al país recientemente, así como la caída del producto bruto interno. Pero el gobierno no se puede escudar en esos solos factores para disimular unas responsabilidades de preciso contenido político. Estas deben ser resaltadas por diversas razones. Una de ellas es que las negligencias que llevan a este resultado ilustran una vez más el poco interés por parte del gobierno, y del congreso, en salvaguardar los derechos humanos en nuestro país. Pues se debe tener presente que la pobreza y la pobreza extrema congregan una diversidad de problemas relativos a los derechos humanos. En primer lugar, esa situación es una vulneración en sí misma –por ejemplo, si hablamos del derecho a la alimentación.
Nos referimos al descuido de la gestión pública, tanto del manejo sectorial, es decir, por ministerios, cuanto del cuidado a los programas particulares de lucha contra la pobreza. En esos ámbitos evidentemente no se ha aprendido la lección dejada por la pandemia ni se ha tomado en cuenta que tras esa crisis sanitaria grandes sectores de la población habían quedado en estado de aguda vulnerabilidad.
Por otro lado, se ha sabido que el gobierno intentó evitar que la información sobre la situación de pobreza se hiciera pública. Se buscó que el INEI no difundiera el informe que hoy se comenta. Eso es particularmente grave, pues documenta una vez más la opacidad y la escasa voluntad de rendición de cuentas, así como la inexistencia de una voluntad de enmendar rumbos de parte de quienes gobiernan. Como en el caso de las muertes producidas por el Estado durante las protestas del año 2023 se evidencia aquí una intención de sustituir la realidad con el silencio y, desde luego, un afán de eludir responsabilidades. Frente a ello la sociedad debe persistir en la demanda de rendición de cuentas. La negligencia en el manejo de los asuntos públicos y la intención de ocultar la verdad son también, como la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos, parte del profundo déficit de democracia que hoy afecta al país.
