El 11 de setiembre, el Alto Comisario de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha denunciado en Ginebra un proceso de “limpieza étnica” de la minoría musulmana Rohingyas de Birmania, o República de la Unión de Myanmar, antigua colonia británica independiente desde 1948. Luego, a la demanda del Reino Unido y de Suecia, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el miércoles 13 de setiembre para examinar este dossier urgente. Joseph Tripura, portavoz del Alto comisariado de refugiados de la ONU, considera que más de 313,000 personas se han refugiado en Bangladesh a partir de agosto para escapar a la persecución del ejército de Birmania. El lunes 11 de setiembre, el Dalai Lama hizo un llamado a Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz como él, y Primera ministro de Birmania de facto, para que encuentre una solución pacífica a la violencia desatada contra los Rohingyas, el pueblo apátrida más grande del mundo, de aproximadamente un millón de personas.
En Birmania, los Rohingyas son considerados como extranjeros y son víctimas de discriminaciones diversas: trabajos forzados, extorsiones, restricciones a la libertad de circulación, reglas de matrimonio injustas y confiscación de tierras. En 2012 se registraron violencias étnicas contra los musulmanes de parte de budistas, mayoritarios en el país, lo que dejó al menos 200 muertos, principalmente musulmanes. En agosto de 2017, se manifestó una rebelión armada de Rohingyas contra la Policía, lo cual suscitó una represión extremadamente violenta de parte de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento se estima oficialmente que hay al menos 500 muertos, mientras que la ONU estima que en realidad habría el doble de víctimas fatales de la represión del ejército birmano. Según Al Hussein, se han recibido muchos informes sobre ejecuciones extrajudiciales, que incluye a personas que están huyendo las zonas de violencia. Se han recibido además imágenes de satélite que muestran que el ejército, acompañado de milicias locales, está incendiando poblados rurales.
Los llamados al cese de violencias étnicas contra los Rohingyas se multiplican en el mundo. La ONU ha pedido al gobierno birmano que “ponga un término a su operación militar cruel” y a “las discriminaciones generalizadas contra los Rohingyas”. El Dalai Lama, jefe espiritual de los Tibetanos budistas, ha pedido a Aung San Suu Kyi y a todos sus colegas “a dar la mano a todas los pueblos que componen la sociedad birmana para tentar de restablecer las relaciones amistosas en la población, en un espíritu de paz y de reconciliación en su país.” Antes del Dalai Lama, dos otras personalidades ganadoras del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, joven militante del derecho de las mujeres de Pakistán que recibió el premio en 2014, y el reverendo Desmond Tutu, de África del Sur que recibió el mismo premio en 1984, ya habían denunciado la actitud fría y distante de Aung San. Ambos líderes le habían pedido que se muestre a la altura del premio que ella recibió en 1991 (Le Point [1] , Le Monde[2] , 11 de setiembre de 2017).
Aung San Suu Kyi, cuyo padre era general del ejército birmano, es una personalidad reconocida por su lucha contra la dictadura militar de Birmania, es actualmente criticada a nivel internacional pues no solo guarda un silencio incomprensible sobre las persecuciones contra los Rohingyas, sino que además ha desacreditado las denuncias internacionales indicando que son fruto de la “falta de información”. ¿Cómo comprender esta posición abiertamente negacionista?
En realidad, la actitud de Aung San Suu Kyi sobre los Rohingyas es ambigua y lamentable desde hace varios años. Recordemos que esta mujer nacida en 1945 en Rangún -la antigua capital, la actual es Naipyido- es una lideresa de la oposición no-violenta a la dictadura militar de su país. En 1990, su partido Liga nacional por la democracia ganó las elecciones presidenciales, pero estas fueron anuladas por la junta militar. En 1991 recibió el Premio Nobel de la Paz. Vivió prisionera en su residencia hasta el 13 de noviembre de 2010, en que fue liberada. El 1ro de abril de 2012 fue elegida diputada. En noviembre de 2015, su partido ganó nuevamente las elecciones presidenciales y legislativas. Ella no podía ser elegida presidente porque la Constitución birmana no se lo permite en su calidad de viuda y de madre de tres hijos cuyo padre es extranjero [el británico Michael Aris]. En noviembre 2016 fue nombrada Ministra de Relaciones exteriores, Consejera especial y portavoz de la presidencia; es decir una suerte de Primer Ministro de facto.
Recordemos también que los Rohingyas han sido excluidos de la nacionalidad birmana por una Ley de la ciudadanía promulgada en 1982, la cual explicitaba una discriminación estatal contra esta importante minoría nacional [la población total estimada es de 51,5 millones de personas]. En 2012, comenzó un nuevo ciclo de violencias étnicas contra las minorías Kachin y Rohingyas; pero en vez de denunciarlas, Aung San Suu Kyi hizo declaraciones negacionistas sobre la campaña de “limpieza étnica” desplegada por el ejército (Human Rights Watch, Birmania, 2013).
El país ha estado gobernado por juntas militares represivas y dictatoriales desde 1964, y es solo a partir de 2011 que se ha iniciado un proceso de transición democrática. Es en ése marco que Aung San Suu Kyi ha jugado un rol central; en tanto representante de los Birmanos budistas, que son su base política. Las minorías nacionales, sobre todo los Rohingyas, no se sienten representados por esta personalidad que tiene poco margen de maniobra política. En efecto, el gobierno sigue estando concentrado en manos de los militares que administran los Ministerios del Interior, de la Defensa y de las Fronteras, que son los que se ocupan de la situación del Estado de Arakan, en el oeste del país, en la zona de frontera con Bangladesh, donde tienen lugar las violencias étnicas contra los Rohingyas (RFI, 11 de setiembre [3] ).
Sin embargo, las organizaciones de defensa de derechos humanos, muchos países musulmanes, y algunos países europeos critican con toda razón su pasividad ante las violencias del Estado contra los Rohingyas, apoyados masivamente por la sociedad budista del país.
En resumen, esta nueva crisis explicita la debilidad flagrante de la transición democrática de Birmania hasta ahora gobernada por los militares.
En segundo lugar, la crisis refuerza peligrosamente el aumento del ultra nacionalismo budista que se opone en modo violento a los musulmanes de todo el país; lo cual contradice la idea ordinaria que las creencias religiosas budistas son esencialmente pacíficas. El hecho es paradigmático en el estudio de la violencia política en las sociedades humanas.
La posición política y humana de Aung San Suu Kyi es lamentable pues está haciendo exactamente lo opuesto a lo que se espera de una personalidad internacional que defiende los derechos humanos y los valores democráticos de todos los ciudadanos del planeta, no solamente de aquellos con los que se comparte una misma identidad étnica y religiosa.
*Escribe: Mariella Villasante, investigadora asociada al Idehpucp
