Por Erika Solís (*)
Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, realizadas el último 28 de julio, se dieron en medio de una gran expectativa regional y mundial. Por un lado, concentró la atención la dictadura que gobierna el país desde hace más de 10 años y que, en la figura de Nicolás Maduro, intenta perpetuarse en el poder. Por otro lado, hay gran incertidumbre porque de los resultados depende la dinámica estatal que se establecerá en el país y esto definirá, de alguna manera, la relación de Venezuela con los países extranjeros, especialmente con los ubicados en América del Sur.
La situación precaria en la que se encuentra Venezuela hizo que el flujo de movilidad humana hacia otros países se incrementara. Así, millones de venezolanos y venezolanas se vieron en la obligación de abandonar su país ante las dificultades para sobrevivir, la escasez de servicios e insumos básicos y la gran inseguridad generada por la criminalidad.
El lamentable escenario político que atraviesa Venezuela nos permite observar a la criminalidad con un enfoque menos tradicional. Generalmente el tema es abordado como un elemento antagónico al Estado, pero en algunos casos no se generan dinámicas de confrontación, sino de cooperación entre ambos actores:
“A saber, por un lado, gobiernos como el venezolano, que comparten funciones voluntarias de control, seguridad, explotación de recursos y exportación de insumos estratégicos con grupos criminales, y por el otro, arquitecturas de violencia y crimen, como en Colombia, México, Brasil, entre otros, que han construido legitimidades territoriales capaces de repeler la presencia estatal y forjar elementos catalíticos que erosionan las instituciones”[1].
La presencia de la criminalidad en Venezuela tiene una estrecha relación con el tipo de gobierno instaurado en el país desde hace más de 10 años: un gobierno dictatorial que busca perpetuarse en el poder no solo con el apoyo de las fuerzas del orden, sino también con la delegación de control a los grupos de la sociedad civil militantes del oficialismo que en algunos casos están relacionados al impulso de mercados ilícitos[2] .
La actividad de los grupos criminales para respaldar al partido oficialista se evidencia con mayor claridad durante el periodo de elecciones nacionales. Este año, por ejemplo, algunos miembros del partido opositor asentados en las fronteras del país denunciaron haber sido intimidados por grupos criminales debido a su activismo en contra del partido oficialista[3]. Así, la criminalidad no solo existe como resultado de una multiplicidad de factores sociales, políticos y económicos, sino también como una herramienta para mantener el poder estatal de determinados grupos que detentan el poder sin legitimidad y de forma arbitraria. Al respecto, Ayuso señala:
“La crisis económica, la falta de oportunidades, la debilidad de las instituciones, la proliferación de redes criminales de distinto tipo y la corrupción han llevado a Venezuela a una situación que algunos comparan con un estado mafioso por la estructura de complicidades entre gobernantes y la economía ilícita”[4].
Pero la criminalidad no es una dinámica exclusivamente interna de un país o nación. En los últimos cuatro años este tipo de grupos se vienen expandiendo por todo el continente, ampliando sus alcances territoriales para maximizar la operatividad de los mercados ilegales. Incluso se perciben que los grupos criminales sostienen dinámicas de cooperación regional más fluidas que las de los gobiernos de la región. Tal como lo evidencia Niño cuando señala que “(…) es difícil un entendimiento entre las agendas políticas nacionales y la cohesión del multilateralismo convencional, los grupos criminales tienden a asociarse entre ellos con mayor facilidad y con menos costos de transacción que los Estados de la región”[5].
Observar las dinámicas criminales sostenidas por el gobierno dictatorial de Venezuela nos puede advertir de las formas en las que opera la criminalidad: no solo en base a la violencia y la evasión de la autoridad estatal, sino también en términos de corrupción y colaboración subrepticia. La demanda de acciones estatales frente a la criminalidad no solo debe realizarse a nivel local, sino también a nivel regional. Urge una acción continuada, estable y concatenada de los países del sur global para abordar asuntos comunes de la región como la criminalidad y el crimen transnacional.
(*) Coordinadora del Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP.
[1] Niño, C. (2021). Diplomacia catalítica. Gobernanza criminal regional. En: Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina, Coord: Sonia Aldas, p. 3. Consultado: https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/11/Sampo-publicación-Libro-Gobernanza-criminal.pdf
[2] Ayuso, A. (2018). Violencia, corrupción y crimen organizado en Venezuela. En: Por la Paz, Drogas y Violencia en América Latina, numéro 35 – Nivembre 2018. Consultado: https://www.icip.cat/perlapau/es/articulo/violencia-corrupcion-y-crimen-organizado-en-venezuela/
[3] Insight Crime (2024). Cómo el régimen criminal de Maduro está inclinando la balanza en las elecciones en Venezuela. Publicado el 25 de julio del 2024. Consultado: https://insightcrime.org/es/noticias/como-regimen-criminal-maduro-esta-inclinando-balanza-elecciones-venezuela/
[4] Ayuso, A. (2018). Violencia, corrupción y crimen organizado en Venezuela. En: Por la Paz, Drogas y Violencia en América Latina, numéro 35 – Nivembre 2018. Consultado: https://www.icip.cat/perlapau/es/articulo/violencia-corrupcion-y-crimen-organizado-en-venezuela/
[5] Niño, C. (2021). Diplomacia catalítica. Gobernanza criminal regional. En: Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina, Coord: Sonia Aldas, p. 29. Consultado: https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2021/11/Sampo-publicación-Libro-Gobernanza-criminal.pdf
