La base de datos encargada al Ministerio de Cultura se propuso a resolver esos problemas reconociendo a los que son auténticamente indígenas, pero hasta ahora ese objetivo se aleja con la incertidumbre de la publicación. Esta política de la sospecha se propone refrenar el fenómeno de “etnización” posterior a la Ley de la Consulta Previa (tal como ocurriera con el reconocimiento de derechos colectivos en Colombia y Nicaragua): las comunidades indígenas y nativas que rehuían de la categoría indígena han encontrado una oportunidad para legitimar sus demandas frente a megaproyectos en sus territorios, si se reconocen como indígenas en el lenguaje atrayente del derecho a la consulta previa, libre e informada.
Y eso es lo que sucede frente al proyecto minero Cañariaco en Lambayeque. El Estado nuevamente sospecha de los cañaris porque ellos no cumplen con los estereotipos de ser nobles salvajes, eternamente pacíficos, sino por el contrario, han sido tildados de violentistas por acciones de protesta social. Como acreditan los casos de Ilave, Bagua, Conga, y ahora Cañaris, uno de los problemas radica en que el Estado no promueve el diálogo intercultural. Por el contrario, con sus declaraciones, el Estado genera la desconfianza de los pueblos indígenas al imponer plazos e inclumplirlos, y al generar expectativas frustradas con promesas que no revierten las condiciones materiales. Los diversos actores del conflicto ven obstruidas las posibilidades de resolución pacífica mediante el encuentro intercultural por la aparición de diversos saboteadores, y la violencia resulta atractiva para ambas partes. De esta manera, la protesta social y la violencia logran el cambio social que el derecho no otorga; y ante el desencadenamiento de la violencia de los conflictos sociales por ambas partes, el derecho enmudece. Lamentablemente, el panorama aparece desalentador ante declaraciones en la prensa que profundizan los estereotipos y criminalizan múltiples formas de protesta social. Cañaris ha decidido calmar sus ánimos y ha suspendido las protestas sociales hasta el 02 de marzo, acciones como estas quiebran el estereotipo de que se trate de sujetos violentistas.
Al respecto, conviene señalar que, en los últimos años, el sistema interamericano ha señalado que los estereotipos deben erradicarse porque en estos se sustenta la opresión social, la discriminación y la denegación de derechos de ciertos grupos identitarios, como los pueblos indígenas. Además, las protestas sociales pacíficas resultan claves en un Estado democrático teniendo en cuenta que, como señala Catalina Botero, la protesta social es la «única forma a través de la cual determinados grupos pueden ejercer de manera efectiva su derecho a la libertad de expresión y ser escuchado».
Las políticas sobre la consulta previa sufren de un desmedro esencial si no se eliminan los estereotipos que se construyen en relación de los pueblos indígenas ahora que el Estado aboga por el crecimiento económico. Y a este respecto, el INDEPA, ente rector de las políticas indígenas, debe asumir un rol decidido de incidencia a favor de la transformación de los estereotipos que se construyen, actualmente, cuando surge un conflicto social que involucra a una comunidad campesina como ocurre con Cañaris.
