Conversamos con Carlos Monge Delgado, antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Miami, sobre los avances de su investigación titulada Mercantilización desigual y democratización discriminatoria. Paradojas del Perú rural. Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Apoyo para Fortalecer los Procesos de Transición de Liderazgo en Organizaciones de la Sociedad Civil en Perú y Colombia, que se encuentra a cargo del IDEHPUCP, con el apoyo de la Fundación Ford.
¿Cuáles son las hipótesis que se plantean en su investigación?
Son dos hipótesis centrales. La primera es que nos encontramos frente a un proceso de modernización con desigualdad. Es verdad que el mundo rural se ha incorporado plenamente al mercado, eso es cierto. Ahora toda la producción, la mano de obra y una parte importante de la tierra se compran y se venden. Esto también sucede en las comunidades campesinas, pero es un mercado que yo llamo “socialmente regulado”. No es que le compras y le vendes a cualquiera, y no es que cualquiera entra a una comunidad y comprar una parcela. La gran excepción de este suceso es el agua, que sigue siendo entregada por concesión o regulada también socialmente, y donde no ha habido inversión pública e infraestructura. Eso ha venido acompañado de una enorme desigualdad. Los indicadores de pobreza y los indicadores de necesidades básicas insatisfechas siguen mostrando una gran desigualdad entre el mundo urbano y el mundo rural. Entonces, la primera gran hipótesis es que la inserción en el mercado no ha resuelto la desigualdad y lo que ha hecho es replantearla.
La segunda hipótesis es que, así como ha habido un proceso de inserción en el mercado, ha habido también un proceso de democratización en el sentido de que la población rural ya no tiene ninguna exclusión formal para su participación en la política. Ahora no hay una ley que diga que el analfabeto no vota o que la mujer no vota, sino que todo el mundo vota en igualdad de condiciones si es mayor de 18 años. Sin embargo, este sigue siendo un país muy racista. Entonces, la democratización de la política no ha eliminado la discriminación, el racismo institucionalizado en el país. En mi opinión, esto se ve con toda claridad en el último proceso electoral. Es claro que, cuando gana Castillo, gana con un voto fundamentalmente rural y de los sectores D y E de la población urbana que son sectores con un componente migratorio y con niveles de identificación étnica mucho mayores que el resto de la población urbana. Creo que es claro que hay un voto identitario y ese voto identitario se enfrenta con un rechazo bárbaro de las clases medias y de las élites urbanas en varias grandes ciudades, no solo Lima, y con un componente racista, para mí, casi indiscutible. Entonces, sí tenemos una democratización porque no hay ninguna norma que impide a un campesino como Castillo ser presidente de la República y, de hecho, ganó. Sin embargo, el país no le permite gobernar. Esto, cabe aclararlo, no es una defensa de Castillo. Su gobierno fue bastante inepto, mediocre y corrupto. Además, trató de dar un golpe de Estado y eso está cada vez más refrendado ahora con los documentos de borrador de decretos junto a las demás pruebas ya conocidas. Pero me parece clarísimo que en la reacción y en el tratamiento que se le dio desde las élites políticas, culturales, empresariales y los medios de comunicación masiva hubo un enorme componente de discriminación que para mí es ilustrativo. Entonces, puedes tener modernización con desigualdad y puedes tener democratización con discriminación y por eso le puse como título a mi investigación Paradojas del del Perú rural.
Estas dos grandes hipótesis vienen acompañadas de otros temas que intervienen en la dinámica social del mundo rural. Durante las recientes protestas sociales se ha dicho que la economía informal y la ilegal del mundo rural fueron su financiadora más importante. ¿Cuán importante son este tipo de economías en dinámica social del mundo rural?
El mundo rural ha crecido en los últimos 20 años. Ha habido caída de la pobreza, ha habido crecimiento económico y mejoras de los ingresos. La pregunta es cuánto de eso es la economía de la papa, del olluco o de la quinua y cuánto de eso es la economía de la coca, del oro ilegal, de la forestación ilegal o del contrabando. Es un reto determinar cuál es el nivel de presencia de las economías ilegales en el plano económico puramente, pero también de la sociedad y de la política que se sustenta en ese tipo de actividades ilegales. Uno lo ve a nivel nacional en varias cosas. Podemos verlos hoy en el Congreso de la República, en específico, en las bancadas que lo componen. Ahí encontramos a los representantes de las universidades truchas hacen el lobby necesario que les conviene y se han tirado abajo la SUNEDU. Otro ejemplo de lobby es el de los taxistas informales y de los colectiveros informales que buscan la legalización de lo que antes se consideraba una actividad inconveniente y peligrosa. También vemos en municipios de las zonas más rurales y en gobiernos regionales la representación casi directa de mineros informales y, entre comillas, “ilegales”. Madre de Dios es un caso clarísimo de presencia de municipios e incluso en el Gobierno regional. Ese es un tema que importa colocar y tener presente porque nada ganamos con ignorarlo. Al mismo tiempo soy consciente de que hay una manipulación de ese tema con objetivos políticos. Por ejemplo, decir que todas las protestas en Puno tienen lugar porque las financian mineros ilegales es una falsedad, es una manipulación de un hecho real. Hay presencia de la minería legal, eso es cierto, pero esa realidad se usa para desacreditar un acto legítimo. Y es que la gente está molesta porque siente que eligieron a alguien y desde el saque no quisieron reconocer su victoria. Sin embargo, ignorar el tema no ayuda en nada; es mejor mirar la realidad, darle la cara, documentarla, ponerla por delante y ver en qué medida es cierto que influyen o es parte de estos este proceso.
Un punto que toca en su trabajo es la plena inserción del mundo rural en el mercado y en la política nacional y, a la vez, la subsistencia de una poderosa identidad étnica en ese mismo mundo. ¿Cómo toca su trabajo este punto?
Este punto me parece muy interesante. Es cierto que ya no hay poblador rural que no participe en el mercado y no hay poblador rural que no participe en los procesos políticos nacionales como las elecciones. Pero, al mismo tiempo, hay una continuidad y, sospecho que algunos casos, una reafirmación de identidades étnicas. Yo hasta ahora, por ejemplo, he hecho una muestra y un análisis más específico para el caso Puno sobre ese tema. Todavía no ha terminado de procesar la data nacional, pero en las 5 provincias circunlacustres, en el lado sur de Puno, del lago de Titicaca, en el censo del 2017, el nivel de autoidentificación aimara es cercano al 90%. Y no es solo en la parte rural, sino que es casi igual en la parte urbana, en las capitales provinciales. Un dato interesante es que el porcentaje de gente que declara en este caso el aimara como lengua materna al nacer es menor que aquel que declara el aimara como identidad. El 80% dice “sí, yo de niño aprendí hablando en aimara”, pero 90% dice “yo soy aimara”.
Y en el norte de Puno sucede lo mismo con lo quechua. La gente no se autoidentifica como blanco o mestizo, sino como quechua, y es mayor el porcentaje de quienes se autoidentifican como quechua que el porcentaje de quienes declaran que el idioma materno al nacer era quechua. Acá estamos hablando de Lampa, de Melgar, de Carabaya, la zona norte que es la frontera con Cuzco. Ese es un tema muy interesante porque en el debate sobre Puno y en el debate sobre esas cosas en general se termina adoptándola idea de que lo indígena es lo rural, lo marginal, lo no incorporado. Entonces, ¿cómo podemos seguir hablando de indígenas si tu propia data te está diciendo que ha habido crecimiento económico y caída de la pobreza? Si le preguntas ahora a la gente, esta te va a decir no ve ahí un problema, no ve una contradicción. Te van a responder igual el campesino que está en su chacra sembrando su papá, su haba, su alverja y el dueño de la ferretería en Juliaca, que seguramente tiene muchos más ingresos que muchos de la clase media limeña. Entonces me parece un tema interesante para la discusión: que no hay contradicción entre una inserción exitosa en el mercado y una continuidad, y hasta una reafirmación, de identidades fuertes.
En el mundo sobran ejemplos de eso. En España, los dos territorios donde ha habido más afirmación identitaria e incluso intención política separatista son Cataluña y el País Vasco y han sido durante los últimos 100 años los motores económicos e industriales de España con burguesías muy fuerte en España. Hay inserción global, gran éxito económico, élites empresariales fuertes y sienten que mantienen el resto de España y se afirman en su identidad. ¿Por qué no puede estar pasando lo mismo en el mundo aimara y en el mundo quechua? Las poblaciones indígenas amazónicas han fortalecido su identidad en la globalización y no es que la globalización les ha hecho perder identidad. Han logrado entender que los beneficia ser indígenas, que eso les da más herramientas para pelear un lugar en la globalización, y en tanto tales hoy día tienen espacios privilegiados en todos los foros y los acuerdos internacionales. Este tema lo tengo bien documentado para Puno y lo quiero investigar en otras partes del Perú.
