Por José Alejandro Godoy (*)
El destino de la irregular liberación de Alberto Fujimori está aún por resolverse de acuerdo con lo que se ordene desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos [1]. Pero, además de ello, su situación jurídica y política, teniendo en cuenta el informe emitido por la fiscalía de la Corte Suprema de Chile sobre ocho casos para los que nuestro Estado solicitó, en 2021, una ampliación de extradición. Tal informe es aprobatorio de la solicitud peruana y tiene que ser objeto de una decisión de la justicia chilena en el futuro inmediato.
Conviene recapitular los hechos. Fujimori fue vacado por incapacidad moral permanente en noviembre de 2000, al huir a Japón e intentar renunciar mediante un fax, luego de revelarse que su principal asesor, Vladimiro Montesinos, había sobornado al congresista electo Alberto Kouri para que se pase a las filas oficialistas. Luego de cinco años en Japón – que tradicionalmente no extradita a sus nacionales para que sean procesados en otro país -, Fujimori viajó a Chile en noviembre de 2005 por supuesta conveniencia política. Allí fue retenido y sometido a un proceso de extradición.
En 2007, luego de un largo proceso, fue extraditado por seis casos. Por todos ellos, Fujimori fue sentenciado a penas que iban entre los 6 a 25 años de prisión. Su condena más grave fue por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. El último dictador del Perú reconoció su culpa en diversos eventos de corrupción, en los que la sanción impuesta era menor.
Posteriormente, el gobierno chileno ha admitido dos ampliaciones de extradición: una vinculada al caso de la compra de la línea editorial de periódicos sensacionalistas y otra ligada al asesinato de campesinos en Pativilca, una localidad al norte de la capital del Perú. En el primer caso, en una controvertida resolución de segunda instancia, Fujimori fue absuelto [2]. En el segundo caso, como se verá más adelante, viene siendo procesado y ha sufrido, al menos, dos derrotas judiciales.
¿Por qué una posible nueva ampliación de extradición complica la situación de Fujimori? Comencemos por el terreno judicial. Potencialmente, el exgobernante peruano puede ser sometido a ocho nuevos procesos judiciales en los que más de la mitad resulta sumamente compleja para él, debido a que involucra casos por violaciones a los derechos humanos. Y cada uno de ellos, además, implica una posible sanción bastante alta para Fujimori.
El primer caso es la matanza de la familia Ventocilla, otro caso ocurrido al norte de Lima y que, como los sucesos de Pativilca, fue cometido por el Destacamento Colina. Aquí Fujimori es acusado como autor mediato y, dada la condena ya emitida en los casos Barrios Altos y La Cantuta por los mismos motivos, es altamente probable que no solo sea concedida la extradición, sino también que el exgobernante sea encontrado responsable por estos hechos.
Y un hecho ocurrido recientemente complica aún más su situación. El 29 de enero de 2024 Montesinos se sometió a una culminación de proceso anticipada por los casos Pativilca y La Cantuta, reconociendo no solo los hechos, sino también su responsabilidad en ambos eventos ligados al escuadrón de la muerte que operó en la década de 1990. Si bien Montesinos no será condenado a una pena mayor a la que tiene hoy – 25 años de prisión -, esto afecta a la situación de Fujimori debido a que: a) se ha establecido que ocurrió un crimen en ambos casos, b) reconoce la existencia de un autor mediato y c) la única persona a la que Montesinos rendía cuentas en forma real y legal era el propio Fujimori.
El segundo hecho es el conocido caso de las esterilizaciones forzadas practicadas durante el segundo gobierno de Fujimori. En ese caso, además de la ausencia de consentimiento, en algunos casos se produjo la muerte o daños graves a mujeres de escasos recursos en zonas rurales peruanas. Este es un evento que ha sido calificado por la justicia peruana como un crimen de lesa humanidad y sobre el cual se debe presentar una nueva denuncia tras la decisión de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de hacer regresar el proceso a la Fiscalía correspondiente.
Otros dos casos involucran vulneraciones graves a la dignidad humana y han sido materia de pronunciamientos en contra del Estado peruano por parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero resultan polémicos por las posibles víctimas. Se trata, de un lado, de la presunta ejecución extrajudicial de Eduardo Cruz Sánchez, un miembro del MRTA que habría sido asesinado luego de la exitosa operación militar Chavín de Huántar que permitió el rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón en 1997. Y, de otro lado, de otro conjunto de homicidios cometidos luego de la rendición de presos amotinados en el penal Miguel Castro Castro en mayo de 1992. En este último evento, algunos de los fallecidos tenían conexiones notorias con la organización subversiva Sendero Luminoso. En ambos eventos, la Corte Interamericana ha señalado claramente que Perú tenía el derecho de combatir organizaciones terroristas, pero no de cometer graves crímenes como los relatados.
A estos casos se suman el secuestro y tortura de militares involucrados en los eventos del 13 de noviembre de 1992. Como se recuerda, el general Jaime Salinas Sedó y un grupo de oficiales y civiles buscó levantarse contra Fujimori luego de que este diera un golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Pero la operación fracasó y los involucrados fueron detenidos. Es a este episodio que se refiere esta acusación en la que las víctimas son miembros de las fuerzas del orden que quisieron ser leales con la Constitución.
Los otros tres casos complican la situación de Fujimori en distintos grados. Sin duda, los más sólidos son el involucramiento del exgobernante en el tráfico de armas a las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) – donde ya hay responsables condenados – y en el soborno del empresario Ernesto Schutz para colocar la línea editorial de Panamericana Televisión al servicio del régimen. Un último evento, la presunta sustracción de documentos secretos para fines de propaganda política, resulta el más débil, dado que el Poder Judicial absolvió a los demás involucrados en este evento.
Pero si la situación de Fujimori es difícil en términos judiciales, también lo es en términos políticos. Si bien Fujimori tiene un impedimento a perpetuidad para postular a cualquier cargo público – por haber sido sentenciado en un caso de corrupción -, resulta evidente que él y su grupo de partidarios vienen buscando una reescritura de la historia sobre lo ocurrido en la década de 1990, buscando minimizar los graves delitos e inconductas cometidos en dicho decenio. Pero estos nuevos procesos vuelven a poner sobre la mesa varios de los legados: violaciones a los derechos humanos, manchas en la legítima lucha contrasubversiva, corrupción y tráfico de armas a un grupo que cometió actos terroristas.
Asimismo, cabe recordar que los procesos judiciales que merecieron las condenas originales contra Fujimori ocurrieron hace poco más de quince años. Por tanto, hay una generación que no sabido de los casos que se han reseñado, más allá de lo que se consigna en diversos libros, y que en un nuevo proceso adquiriría un conocimiento más directo sobre lo ocurrido en la década de 1990. Si a ello se suma una posible condena en el caso Pativilca, las perspectivas del legado de Fujimori son turbias.
Si bien es cierto que Fujimori aún tiene adeptos y fieles seguidores, lo cierto es que, para buena parte de los ciudadanos, es mayormente un recuerdo que se encuentra en los libros de historia. Estos procesos pueden terminar definiendo precisamente los tonos con que será retratado en el futuro.
(*) Politólogo y docente de la PUCP. Ha publicado el libro El Último Dictador sobre el gobierno de Alberto Fujimori.
[1] El 6 de diciembre de 2023, Fujimori fue liberado en mérito a una sentencia del Tribunal Constitucional que revivió el indulto otorgado en forma irregular en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Semanas más tarde, el 21 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que el Estado peruano “entró en desacato” sobre sentencias anteriores al liberar a Fujimori y le ordenó emitir un informe sobre el tema con plazo máximo al 4 de marzo de 2024.
[2] Entre los magistrados que lo absolvieron estaban Javier Villa Stein, conocido defensor de causas conservadoras y César Hinostroza, hoy prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción.
