Escribe: Rodrigo Rivera (*)
Hace 40 años, un sábado 17 de Mayo de 1980, la quema pública de las ánforas y padrones electorales en el distrito de Chuschi (Cangallo, Ayacucho), a manos de militantes del Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso, fue el acto con el que declaró la guerra al Estado y a la sociedad peruana. Esto dio inicio al conflicto armado interno (CAI) en nuestro país, el cual llegó a constituir la época más violenta de toda nuestra historia republicana[1].
El ataque en Chuschi mostró que el uso de la violencia sería el elemento central de la propuesta senderista, quienes habían decidido iniciar e instaurar un “nuevo orden”, a través del derramamiento de sangre “de un millón de personas” y el aniquilamiento de los explotadores y la victoria de los explotados[2].
La quema de ánforas y padrones electorales, en conjunto con la propaganda política y el robo de armas, solo fueron el inicio de acciones violentas que se transformaron en ataques armados a puestos de policías como el de Vilcashuamán, asesinatos de autoridades locales, crímenes masivos contra comuneros y a lugares públicos con el objetivo de infundir terror en la población. Tal fue la magnitud, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estima que la cifra más probable de víctimas de todo el conflicto armado interno es de 69,280 personas[3].
Al PCP-SL poco le importó generar como principales víctimas a aquella población que decían representar. De esa manera, al buscar que Ayacucho “sea el faro de la revolución mundial”[4], convirtió las zonas rurales en el escenario principal del conflicto. La CVR indicó que la población campesina fue la principal víctima de la violencia al reportarse que un 79% de las víctimas totales vivía en zonas rurales y 75% tenía el quechua u otras lenguas como idioma materno[5].
“Lima es el Perú”
Es importante reconocer que lo ocurrido en Chuschi, como las otras violaciones de derechos humanos que se produjeron en los primeros años del CAI, pasaron totalmente desapercibidas para el interés nacional.
En particular, solo dos periódicos de amplio tiraje informaron sobre el hecho inicial. Uno de ellos fue La Prensa, que presentó el hecho como un atentado realizado por un grupo de 20 exaltados que incendiaron los padrones y ánforas de 10 mesas electorales. El segundo fue el Diario de Marka que mencionó el asalto a la oficina por elementos desconocidos e informó que nuevo material electoral había sido enviado para que el sufragio suceda sin problemas[6]. La guerra interna había empezado, pero muy pocos se enteraron hasta mucho después.
Gran parte de este desconocimiento de lo que ocurría en la sierra central, se dio a causa del centralismo que aún persiste en la capital. Muestra de ello es que el ex presidente de la República, Fernando Belaunde Terry, al ser interrogado sobre los actos cada vez más violentos de Sendero Luminoso, declaró que se trataba de un problema de “abigeos” (ladrones de ganado).
Un factor sumamente relevante en esta incomprensión del fenómeno fue la pobreza que hasta el día de hoy sigue vigente. La CVR determinó que más del 90% de víctimas del CAI habían fallecido en ocho de los departamentos más pobres de los andes y la amazonia peruana, especialmente en Ayacucho, donde comenzó el conflicto y en Junín, lugar en el que la población asháninkas fue la más golpeada y devastada[7].
«Hoy nuestra principal obligación es recordar los abusos cometidos como defender la memoria de quienes lucharon y resistieron.»
No es una coincidencia que en el departamento de Ayacucho se concentren más del 40% de muertos y desaparecidos a nivel nacional, pero que, al mismo tiempo, entre 1972 – 1981 se haya verificado que del total de su población casi el 50% era analfabeta y el 81% de sus viviendas no tenía servicios esenciales como agua o luz eléctrica[8].
De igual manera, se debe tener presente que una característica inherente a todo este impacto diferenciado de la violencia fue la discriminación étnica y racial. El racismo y la subestimación como ciudadanos frente aquellas personas de origen indígena, rural -y también pobre-, fue una poderosa razón para que que la muerte de miles de peruanos quechuahablantes fuese inadvertida por la opinión pública nacional.
De hecho, una de las manifestaciones más profundas de esta discriminación étnica y racial tan arraigada en nuestra historia, fue que recién se concediera el derecho al voto a las personas consideradas como analfabetas en la Constitución Política de 1979 y que la elección de 1980 fuera la primera vez en que iban a participar en comicios presidenciales.
“Nunca más”
Es cierto que en estos 20 años después de finalizado el conflicto armado interno hemos podido fortalecer nuestras insituciones democráticas, como crear una base para la promoción y respeto de los derechos humanos; no obstante, también es verdad que las desigualdades sociales y económicas se mantienen y que los grupos más afectados por la violencia senderista siguen en una condición de vulnerabilidad.
El atentado inicial en Chuschi, como todos los hechos posteriores que afectaron a nuestra sociedad de manera tan violenta y sangrienta, nunca deben ser olvidados. Hoy nuestra principal obligación es recordar los abusos cometidos como defender la memoria de quienes lucharon y resistieron, pues solo con una ciudadanía comprometida con la igualdad y la justicia, y con una mirada crítica de nuestra historia, podremos garantizar que ésta no se repita.
