Por Kathy Subirana
Portada: Jorge Cerdan
Con la participación de 21 equipos universitarios de distintos países de América Latina, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) inauguró el día de ayer el XIX Concurso Regional de Derechos Humanos Yachay, una competencia que durante casi dos décadas ha fomentado la reflexión académica y el desarrollo de capacidades en temas vinculados con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El evento, organizado por el IDEHPUCP con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desarrollará a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho de la PUCP. El eje de este año es el análisis del crimen organizado, la violencia y su impacto sobre los derechos humanos, una temática que, según los organizadores, cobra especial relevancia en un contexto regional marcado por el auge de la criminalidad y las respuestas estatales de “mano dura”.
Los 21 equipos estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración; les dieron la bienvenida Miguel Giusti, director del IDEHPUCP, Juan José Alencastro, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, y Valeria Reyes, coordinadora del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
“Creemos desde nuestro instituto que la criminalidad organizada como fenómeno exige una respuesta desde el enfoque de los derechos humanos”, señaló Valeria Reyes. “El objetivo del Yachay es promover el estudio de los sistemas de protección, pero también contribuir a que los próximos profesionales del derecho desarrollen sensibilidad frente a los problemas estructurales de injusticia”, añadió.
Un espacio de formación y reflexión
El Concurso Yachay —nombre que en quechua significa “sabiduría” o “conocimiento”— nació hace 19 años con el propósito de acercar a los estudiantes de derecho a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. A través del análisis de un caso hipotético, los equipos asumen el rol de abogados ante la Comisión y la Corte Interamericanas, fortaleciendo sus capacidades de argumentación jurídica, trabajo en equipo y comunicación.
El caso hipotético de este año ha sido elaborado por el jurista Juan Pablo Albán, quien es relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y profesor titular de Derecho Penal, Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador).
Durante su intervención, Juan José Alencastro, asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Perú, Bolivia y Ecuador, destacó que este tipo de concursos representan una oportunidad única para vincular la teoría con la práctica. “Los concursos universitarios despiertan la creatividad y el pensamiento crítico. Van más allá de la competencia, porque se convierten en espacios donde los estudiantes aplican la teoría en situaciones del mundo real”, afirmó
Alencastro subrayó, además, que el CICR apoya desde hace años al Yachay como parte de su mandato académico para fortalecer la enseñanza del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En un contexto en el que la violencia del crimen organizado tiende a ser enfrentada con medidas represivas, el jurista hizo un llamado a la academia para mantener vivo el debate sobre los límites al uso de la fuerza. Es necesario que ustedes conozcan y promuevan el respeto por los derechos humanos. En medio de voces que piden mano dura, debemos recordar que la respuesta del Estado debe ser firme, pero siempre dentro del marco del derecho”, enfatizó.
El concurso se realiza este año en medio de un estado de emergencia vigente en Lima y Callao, declarado por el Gobierno peruano ante el incremento de la criminalidad. Esta coincidencia, reconoció Valeria Reyes, da mayor sentido al tema central del certamen. “No solo enfrentamos las consecuencias de las actividades de grupos criminales, sino también los riesgos que implican las medidas estatales que se adoptan en respuesta. Estas políticas de mano dura terminan siendo profundamente peligrosas para el disfrute de los derechos humanos”, advirtió.
A su vez, Miguel Giusti hizo un balance simbólico del camino recorrido por el instituto y por el propio país en materia de derechos humanos. Recordó que en 2023 se cumplieron 20 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y que el año pasado el instituto celebró su vigésimo aniversario. Sin embargo, considera que el panorama actual no invita al optimismo. “Contrariamente a lo que podría pensarse, no es la consolidación de la cultura democrática ni la mayor vigencia de los derechos humanos lo que caracteriza a nuestra sociedad, sino más bien lo contrario”, sostuvo.
También advirtió sobre el deterioro de la cultura cívica y el tejido democrático en el Perú y en la región, pero a la vez destacó la importancia de mantener viva “la luz de los derechos humanos” como una muestra de autoestima nacional y regional. “Nos hace falta apelar a las fibras más sanas de nuestra historia y de nuestras convicciones éticas para no sucumbir al desaliento. Perseverar en la defensa de los derechos humanos es, hoy más que nunca, un acto de esperanza”, destacó.
Una puerta para el futuro
El Yachay no solo es una competencia jurídica, sino también una escuela de ciudadanía democrática. A casi veinte años de su creación, el certamen se ha consolidado como uno de los espacios académicos más importantes del continente en materia de derechos humanos. Así lo reconocieron en sus intervenciones tres exparticipantes del concurso: Enrique Sotomayor Trelles, director de estudios de la Facultad de Derecho de la PUCP, Arturo Crispín Sánchez, egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la UNMSM, y Noriana Franco Novoa, oficial de Derechos Humanos en la Misión Técnica de ONU Derechos Humanos en el Perú, quienes brindaron sus testimonios a los concursantes tras la mesa inaugural.
Enrique Sotomayor, Arturo Crispín y Noriana Franco regresaron al auditorio donde, años atrás, defendieron casos simulados de derechos humanos. Hoy, desde distintas posiciones en la academia, el sistema judicial y las Naciones Unidas, compartieron con las y los nuevos participantes cómo esa experiencia marcó sus vidas profesionales y personales.
El primero en tomar la palabra fue Enrique Sotomayor Trelles, quien participó en el Yachay en 2012. En su intervención dijo que el concurso fue decisivo para su formación: “Aprendí a enfrentar el miedo, a construir argumentos bajo presión y a comprender que lo valioso no es solo ganar, sino el proceso de preparación y reflexión que implica defender derechos humanos”. Subrayó que las competencias de litigio simulado son espacios de aprendizaje únicos, porque obligan a pensar estratégicamente, a hablar en público y a soportar la crítica: “Estas experiencias nos enseñan que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino un ejercicio humano de razonamiento, empatía y argumentación”.
Por su parte, Arturo Crispín, egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, evocó su paso por el Yachay como una experiencia de superación. “Venir de una universidad pública implicaba sortear muchas dificultades, pero también nos enseñó el valor de la solidaridad y el trabajo en equipo”, señaló. Crispín, quien ha trabajado en el Tribunal Constitucional y en proyectos de sistematización jurisprudencial, destacó la relevancia de este tipo de concursos en la enseñanza del derecho: “Dinamizan el aprendizaje, permiten entender cómo se construyen argumentos reales y desarrollan habilidades que acompañan toda la vida profesional”.
Finalmente, Noriana Franco, oficial de Derechos Humanos en la Misión Técnica de ONU Derechos Humanos en el Perú, compartió un testimonio profundamente personal. “El Yachay fue el momento en que supe que quería dedicarme a los derechos humanos”, confesó. Contó que su participación en 2017 la llevó a descubrir su vocación y a perder el miedo a expresarse: “El concurso me dio confianza, me enseñó a analizar violaciones de derechos humanos y a transformar la teoría en acción”. Además, reflexionó sobre el impacto humano del certamen: “Más allá del litigio, el Yachay te enseña a disfrutar del proceso, a confiar en tu preparación y a encontrar tu propio estilo como profesional del derecho”.
Los tres coincidieron en su mensaje final a las y los nuevos participantes: respirar, escuchar, trabajar en equipo y disfrutar la experiencia. Destacaron que el concurso también otorga una pasantía en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los equipos ganadores, por lo que ganar a veces se constituye como lo más importante, pero lo esencial es el aprendizaje que te acompaña para siempre.
