Hay que repetir cuantas veces sea necesario que la facultad de manifestarse y protestar es un derecho consustancial al orden democrático. Al ejercerlo, los ciudadanos realizan una diversidad de derechos: fundamentalmente, pero no únicamente, los de expresión, libertad de reunión pacífica y participación política.
Desde que se anunció que se declararía el estado de emergencia en Lima Metropolitana para combatir a la criminalidad violenta estuvo claro que este no era el único objetivo ni el principal: más aún, que era un conveniente pretexto para acentuar bajo el gobierno de José Jerí las prácticas de represión que el gobierno de Dina Boluarte venía aplicando desde el inicio. Declarar un estado de emergencia equivalía, en la práctica, a poner fuera de la ley a las protestas y a incriminar automáticamente a quienes pretendieran ejercer ese derecho.
Es en este contexto que se debe observar y denunciar la sostenida movilización de personal militar que desde la semana pasada se observó frente a la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como también alrededor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Un comunicado de nuestra Universidad precisó que no se había producido una incursión policial o militar dentro del campus, como se rumoreó en un primer momento. Pero también señaló su preocupación por un despliegue militar sostenido que resulta inusual, aun si se tiene en cuenta la situación de emergencia ya mencionada.
Durante el ciclo de protestas abierto tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción de la Presidencia por Dina Boluarte, los jóvenes, y, dentro de esa categoría de la población, los estudiantes universitarios, han estado todo el tiempo bajo la mira de la coalición en el poder. Eso se ha traducido en violencia física directa mediante un uso desproporcionado de la fuerza pública, así como también en detenciones arbitrarias. Pero además de eso hay una práctica constante de estigmatización y de incriminación, bajo la acusación de “terroristas”, a la población que se manifiesta en las calles. Apenas nombrado, el primer ministro del actual gobierno, Ernesto Álvarez, calificó de “intento subversivo” las protestas que se anunciaban para el pasado 15 de octubre.
Todo esto constituye, como se ha dicho, el verdadero contexto en el que se debe entender la movilización policial y militar alrededor de la PUCP y la UNMSM. No cabe olvidar, por lo demás, que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido escenario de violencia militar y policial y uso desproporcionado de la fuerza contra sus estudiantes durante este ciclo de protestas, abusos por los cuales nadie ha respondido.
Estamos, así, ante un gesto intimidatorio y claramente represivo que merece el rechazo no solamente de ambas universidades, sino también de la sociedad civil en general, pues es contrario a derechos fundamentales y constituye un paso más en la dirección del autoritarismo.
