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Análisis 4 de junio de 2024

(*) Por Mariella Villasante

El 20 de mayo, el jurista británico Karim Khan, procurador de la Corte Penal Internacional (CPI), instancia de justicia creada por el Tratado del Estatuto de Roma de 1998, anunció que su entidad solicitaba órdenes de captura de dos dirigentes israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu  y el ministro de Defensa Yoav Gallant, y de tres dirigentes de la organización Hamás: Yahya Sinwar, jefe de la organización, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, comandante de la Brigada Al-Qassam, milicia de Hamás que organizó el atentado del 7 de octubre, e Ismael Haniya, corresponsable del atentado del 7 de octubre, exiliado en Qatar.

Como ha precisado Valeria Reyes (Boletín del IDEHPUCP, 21 de mayo[1]), la CPI tiene competencia para juzgar crímenes internacionales tales como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra[A1] [A2] . Son 124 Estados los que han ratificado el Estatuto de Roma (1998, en vigor en 2002[2]) y reconocen la competencia de esta corte internacional basada en La Haya. Entre ellos hay 28 Estados de América Latina (incluyendo al Perú) y 25 de Europa occidental (CPI Estados parte del Estatuto de Roma[3]). Además, 32 países han firmado [A3] el Estatuto de Roma, pero no lo han ratificado (entre ellos Egipto, Israel, Siria y Rusia). China e India no han firmado el Estatuto. Entre los Estados que no reconocen la competencia de la CPI se encuentran los Estados Unidos, Rusia e Israel, países que tienen una postura de desconfianza hacia las jurisdicciones internacionales, pues temen ser juzgados por sus actividades militares.

De acuerdo con las normas de la CPI, está entidad puede ejercer su competencia si la persona acusada o las víctimas tienen la nacionalidad de un Estado parte, o si el crimen fue cometido en el territorio del Estado parte. La primera sentencia fue emitida en 2012[A4] . No obstante, ello no impide que la CPI ordene capturas de personas que se encuentren fuera de sus países de origen. En esos casos, los Estados parte del Estatuto de Roma deben ejecutar la captura efectiva del acusado y coordinar su detención con la CPI (CPI, 2019, Documento sobre la captura de personas acusadas[4]).

En esta nota quisiera precisar las acusaciones, los alcances y las limitaciones de la CPI, las consecuencias internacionales de esta demanda[A5] , y la situación actual de la terrible guerra que está librando Israel contra los habitantes de Gaza, y que se acompaña de ataques frecuentes de colonos israelíes contra los palestinos de Cisjordania y de beduinos israelíes del Neguev.

Desde la perspectiva de la antropología política, la guerra que libra Israel en Gaza es una guerra de exterminación (Daniel Goldhagen, Worse than War: Genocide, Eliminationism and the Ongoing on Humanity, 2009; CPI 2024), llevada a cabo de manera organizada por el gobierno de extrema derecha de Netanyahu, con el apoyo de la mayoría de la sociedad israelí. La impotencia internacional para detener la conflagración —la ONU ha votado una resolución de alto al fuego el 25 de marzo— demuestra que las normas instauradas después de la Segunda Guerra Mundial, que originaron todas las reglas e instancias de justicia de la ONU, han dejado de ser respetadas; como es evidente en los casos de los Estados agresores de Rusia contra Ucrania y de Israel contra Palestina.

Las consecuencias internacionales de esta situación son muy negativas e implican que sin una restructuración profunda de la ONU los Estados modernos pueden caer en el desgobierno y la anarquía total. No obstante, una luz de esperanza se manifiesta después de 7 meses. Luego de haber sido silenciado durante décadas, el “problema palestino” ha regresado a la escena internacional y la mayoría de Estados (147) reconoce el Estado de Palestina; España, Noruega, Irlanda y Eslovenia han sido los últimos países europeos en hacerlo. Además, la juventud universitaria de muchos países —sobre todo de Estados Unidos y de Europa— y los ciudadanos conscientes de la importancia de defender los derechos humanos de las agresiones ilegales e inmorales están manifestando su apoyo solidario al pueblo palestino (Villasante, Boletín del IDEHPUCP del 7 de mayo[5]).

La condena de Israel por continuar su represalia armada contra el terrible atentado del 7 de octubre es unánime en el mundo. Es un avance significativo para la solución definitiva de esta guerra que ya ha provocado la muerte de más de 35,000 palestinos, 2/3 de las cuales son niños y mujeres, y la destrucción de Gaza. El hecho es inédito en la historia mundial después de la Segunda Guerra Mundial.

La CPI está compuesta por un presidente, dos vicepresidentes y 18 jueces elegidos por la Asamblea de Estados parte del Tratado de Roma. Las salas son organizadas en tres secciones: Sala de Cuestiones Preliminares, Sala de Primera Instancia y la Sala de apelaciones. En 2021, Karim Khan fue elegido Procurador por un mandato de 9 años (CPI, Jueces[6]).

El Procurador Karim Khan anuncia su demanda de orden de captura acompañado de los dos abogados responsables de las investigaciones preliminares, Brenda Hollis y Andrew Ky.
La Haya, 24 de mayo de 2024 (CPI)

El 24 de mayo, el Procurador anunció tener suficientes pruebas para solicitar a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que emita las órdenes de captura a dos dirigentes israelíes (Netanyahu y Gallant) y tres dirigentes de Hamás (Sinwar, Diab y Haniya). Tres jueces han sido designados para ocuparse de este caso: Iulia Motoc (Rumania), Reine Alapini-Gansou (Benín), y María del Socorro Flores (México). Se espera que los jueces confirmen la orden de captura dado el alto nivel de convicción y de pruebas que presentan los procuradores de la CPI. De acuerdo con el abogado colaborador de la CPI Emmanuel Daoud, en general la decisión toma[A7] [A8]  entre uno a dos meses (France 24, 21 de mayo[7]).

Los tres dirigentes de Hamás han sido inculpados [A9] de tener responsabilidad de crímenes de guerra (exterminación, asesinato, torturas y malos tratos) y crímenes de lesa humanidad (asesinato, violación sexual y tortura y malos tratos) (Noticias ONU, 20 de mayo de 2024[8]).

Karim Khan declaró además que tiene suficientes pruebas para inculpar al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa Yoav Gallant de ser responsables de los crímenes perpetrados desde el 8 de octubre en el territorio de Gaza: hambruna como arma de guerra, ataques que causan grandes sufrimientos, asesinatos y ataques dirigidos contra civiles, así como crímenes contra la humanidad de exterminación, asesinato, persecución y otros. Además, se alega que estos crímenes fueron cometidos en el contexto del conflicto armado actual como parte de ataques sistemáticos contra la población civil de Gaza en el marco de la política estatal israelí. La Fiscalía de la CPI [A10] considera que Netanyahu y Gallant tienen el plan común de privar a la población civil de Gaza de medios indispensables para la sobrevivencia humana.

El Procurador de la CPI precisó igualmente que todos los Estados tienen el derecho de defender a sus poblaciones y tratar de recuperar a los rehenes capturados por Hamás. Sin embargo, esos derechos no absuelven a Israel de cumplir sus obligaciones de respeto de las leyes humanitarias internacionales. Karim Khan declaró, además, lo siguiente:

“Ningún soldado, ningún jefe militar, ningún dirigente civil, nadie puede actuar impunemente. Nada en la tierra puede justificar la privación deliberada de seres humanos, incluyendo mujeres, niños, bebés, ancianos y jóvenes, de las necesidades básicas que se requieren para vivir. Nada en la tierra puede justifica capturar rehenes y asesinar civiles. Los jueces independientes de la CPI son los únicos árbitros para determinar si se cumplen los requisitos necesarios para dictar órdenes de detención. Los jueces de la CPI deben tener ahora el espacio necesario para hacer su trabajo y revisar desapasionada y objetivamente las pruebas que hemos presentado.

Tengo la firme convicción de que, si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual, si se considera que se aplica de forma selectiva, estaremos creando las condiciones para su completo colapso. Y al hacerlo, estaríamos aflojando los lazos que aún nos mantienen unidos, las conexiones estabilizadoras entre todas las comunidades, todos los individuos, la red de seguridad a la que todas las víctimas miran en momentos de sufrimiento. Este es el verdadero riesgo al que nos enfrentamos en este peligroso momento. Ahora más que nunca, debemos demostrar colectivamente que el derecho internacional humanitario, la base fundamental de la conducta humana durante los conflictos, se aplica a todas las personas y se aplica por igual en todas las situaciones de las que se ocupan mi oficina y el tribunal. Así es como demostraremos, de forma tangible, en términos reales, para todas las víctimas, que las vidas de todos los seres humanos, dondequiera que se encuentren, tienen el mismo valor.” (Noticias ONU, 21 de mayo. Traducción libre del francés).

Asimismo, el procurador fue muy claro en su declaración en defensa de la aplicación de las leyes humanitarias internacionales que no establecen ninguna diferencia pues se aplican a todos los Estados por igual. Con ello, dejó establecido que la resistencia o el temor de Estados como EE.UU. y la mayoría de países de Europa occidental, y en especial de Alemania, a acusar a Israel de crímenes contra la humanidad no tiene sustento. El temor proviene de la idea que “los judíos fueron/son víctimas y no pueden ser perpetradores”; pero la realidad nos demuestra que un pueblo perseguido puede también volverse agresor.

Por su parte, Israel ha negado los cargos, como era de esperarse, y ha acusado a la CPI de “antisemitismo”, el eterno argumento de los gobiernos israelíes para justificar lo injustificable: crímenes de guerra y de lesa humanidad contra civiles palestinos. Los gobernantes actuales de Israel, no son acusados porque son “judíos”, sino porque en tanto israelíes perpetran crímenes contra la humanidad y su argumento del “derecho la defensa” que implica la destrucción de un pueblo y de su espacio territorial es ilegal e inmoral. Los israelíes son iguales en deberes y derechos a todos los otros ciudadanos del mundo; muchos judíos israelíes y del mundo entero, razonables y justos, reconocen esta verdad, denuncian la aberración y la crueldad del gobierno de Netanyahu y piden la instalación de un Estado palestino para establecer la paz definitiva (Villasante, Boletín del IDEHPUCP del 12 de marzo[9]).

Los tres jueces de la Sala preliminar de la CPI deben examinar las evidencias presentadas por el Procurador Khan y emitir su decisión en un plazo de entre uno y dos meses. Es muy probable que confirmen la demanda de captura. En ese caso los cinco acusados pueden ser detenidos y conducidos a La Haya para ser juzgados por sus crímenes de guerra y contra la humanidad. Ello solo sería posible cuando viajen fuera de Israel o de Palestina a cualquiera de los 124 Estados que reconocen la competencia de la CPI, e incluso a otros Estados no firmantes si las condiciones legales lo permiten (Le Monde, 21 de mayo). No obstante, esa restricción práctica el peso simbólico de la demanda y de la confirmación de la orden de captura es muy significativo para desacreditar definitivamente al gobierno extremista de Netanyahu, y para retornar a la mesa de negociaciones justas entre Israel y Palestina a la brevedad posible. Es urgente para ambos pueblos y para asegurar un futuro digno a las nuevas generaciones.

Actualidad internacional: acusación de genocidio, Israel ignora las órdenes de cese al fuego de la ONU y avances en el reconocimiento del Estado de Palestina por la ONU

Recordemos que el 26 de enero de 2024, los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU han estimado que “existe un riesgo plausible de genocidio” en Gaza y han ordenado a Israel “no provocar ningún acto de genocidio” y autorizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Este pronunciamiento fue una respuesta a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel el 29 de diciembre de 2023, en el contexto del apartheid que practica Israel contra los palestinos desde hace 75 años. La denuncia fue apoyada por 86 países, entre los cuales se encuentran Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua y Turquía. Además, Ofer Cassif, diputado del partido de izquierda Hadash, y más de 650 personalidades israelíes apoyaron a la CIJ denunciando al gobierno que busca eliminar la población de Gaza, someterla al hambre, desplazarla y causarle grandes sufrimientos (Haaretz, 8 de enero de 2024).

El 28 de marzo, la CIJ, presidida por el juez Nawaf Salam, emitió una orden para poner término a la hambruna utilizada como arma de guerra; esto, en vista de que el ejército israelí ha cerrado Gaza y ha prohibido el ingreso de camiones con ayuda humanitaria de urgencia (CIJ, Orden del 28 de marzo[10]). Pero no se decretó un alto al fuego como pedía Sudáfrica desde enero, y como lo determinaba la Resolución del Consejo de seguridad de la ONU el 25 de marzo. Las órdenes de la CIJ y de la CPI son obligatorias, pero esas instancias internacionales no tienen medios coercitivos para hacerlas respetar; son los miembros de la ONU y sobre todo el Consejo de Seguridad quienes pueden hacerlo. Estados Unidos se opone a todas las resoluciones que inculpen a Israel, lo cual hace prácticamente imposible que se adopten y se apliquen decisiones de las altas instancias de justicia internacional (Le Monde del 29 de marzo[11]). El apoyo de China (miembro del Consejo de Seguridad) a Palestina puede cambiar esta situación.

Como escribe el abogado internacional Johann Soufi (Le Monde del 21 de mayo[12]), es también por esta razón que la Fiscalía de la CPI ha solicitado un mandato [A11] de captura para los responsables israelíes, como acabamos de ver. La intención de perpetrar un genocidio (“destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso”) se puede detectar en las declaraciones de intención de los responsables israelíes. Así, por ejemplo, el presidente Isaac Herzog prometió “romper la columna vertebral de civiles de Gaza”; y el ministro de Defensa Yoav Gallant comparó a los civiles a “animales humanos”. En antropología política se sabe que la “animalización del enemigo” busca deshumanizarlo para después poder atacarlo de manera sanguinaria y cruel buscando su exterminio (Goldhagen, Worse than War, 2009; Villasante, Violencia política la selva central, 2019).

Recordemos también que en su informe a la ONU del 25 de marzo titulado Anatomía de un genocidio, Francesca Albanese reportó que “existen motivos razonables para considerar que el umbral del genocidio ha sido alcanzado por Israel”. Israel y sus aliados (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania) consideran que, por ser la “única democracia del Oriente Medio”, está excusado de respetar el derecho internacional. De acuerdo con Johann Soufi, esta visión busca negar simplemente la gravedad de los crímenes perpetrados por Israel. Negar el genocidio implica reinventar el concepto de “guerra justa” que ha justificado muchas atrocidades en la historia humana. Se confunde en efecto la legalidad del inicio de la guerra con operaciones militares desarrolladas durante el conflicto. Conviene más bien reafirmar la universalidad de la prohibición de crímenes internacionales sin exigencia de reciprocidad. Negar la existencia de un posible genocidio en Palestina revela una “compasión selectiva” y una “indiferencia al sufrimiento del pueblo palestino” que muchos pretenden que no existe. El debate y la jurisprudencia sobre este tema movilizará a los juristas internacionales por muchos años.

El 24 de mayo, la CIJ ordenó a Israel detener inmediatamente la ofensiva militar en Gaza y tomar todas las medidas necesarias para evitar un genocidio (CIJ, Orden del 24 de mayo[13]). También se ha ordenado que se abra el pasaje en la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, para el ingreso de ayuda humanitaria “sin restricción”, y la liberación inmediata de los rehenes detenidos por Hamás, que ha saludado la decisión de la CIJ deplorando que no concierna a toda la Franja de Gaza, donde sigue habiendo bombardeos cotidianos (Le Monde, 24 de mayo[14]).

La situación humanitaria en Gaza es calificada como “desastrosa”, “espantosa” e “inhumana” por las instancias internacionales, sobre todo después de que Israel ha ordenado el desplazamiento hacia el este de cerca de 100,000 palestinos que se habían refugiado en Rafah. Después de eso el ejército israelí ha ocupado Rafah con sus tanques y producido la muerte de decenas de palestinos. El ejército ha tomado también una zona tampón, el “corredor Filadelfia”, en la frontera con Egipto, lo cual aumenta la tensión militar entre los dos países. La justificación permanente de Israel es que deben “destruir a los combatientes de Hamás y sus túneles” aunque se encuentren debajo de hospitales, escuelas, campos de refugiados protegidos por la ONU, oficinas de la Unión Europea y de la ONU (Le Monde, 25 de mayo[15]).

Actualmente, los ataques a Gaza continúan, cientos de colonos atacaron a los palestinos de Cisjordania y decenas de israelíes han atacado camiones de ayuda humanitaria y destruido alimentos y medicinas. A los beduinos árabes del Neguev se les está expropiando sus tierras. Finalmente, el 26 de mayo un bombardeo a un campo de refugiados de Rafah provocó la muerte de al menos 45 palestinos (32 niños). Con cinismo, Netanyahu declaró que se trató de un “accidente trágico” (La República del 27 de mayo[16]). El 28 de mayo otro bombardeo mató a 21 palestinos del campo humanitario de Al-Mawasi (Le Monde del 30 de mayo).

Reflexiones finales

• El reconocimiento de Palestina por 147 Estados es importante no solo simbólicamente, sino también porque ello implica un avance significativo en las futuras negociaciones para crear un Estado palestino en las fronteras de 1967. Se espera que Francia haga lo propio, pues siendo un Estado miembro del Consejo de Seguridad de la ONU [es potencia nuclear], tiene un peso internacional incontestable. El presidente francés Emmanuel Macron ha pedido al presidente de la Autoridad palestina, Mahmud Abbas (Cisjordania) restructurar esta instancia rápidamente para avanzar en el reconocimiento oficial del Estado palestino (Elysée, 29 de mayo[17]).

• Un evento esperanzador acaba de tener lugar. El viernes 31 de mayo el presidente norteamericano Joe Biden ha presentado un nuevo plan en tres etapas para poner fin a la guerra, incluyendo un alto al fuego de 6 semanas, la liberación de todos los rehenes israelíes por Hamás a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos, y la reconstrucción de la Franja de Gaza. Según Biden, este plan fue propuesto por Israel y apoyado por los países intermediarios, Egipto y Qatar. No obstante, hasta el 4 de junio, Netanyahu afirma que se opone a la posibilidad de terminar la guerra sin la eliminación de Hamás; una posición destinada a conservar las alianzas con los partidos de extrema derecha que amenazan con abandonar el gobierno de crisis si se acepta una tregua con Hamás; lo cual implicaría realizar elecciones anticipadas. Los dirigentes de la oposición al gobierno y miles de israelíes en las calles están ejerciendo presión para que se acepte el plan y se evite convertir a Israel en un Estado paria (Courrier International, 3 de junio). Esperemos que el plan sea aceptado para poner fin a esta guerra cruel que causa tanto sufrimiento al pueblo palestino.


[3] CIP, Estados miembros del Estatuto de Roma, https://asp.icc-cpi.int/fr/states-parties

[4] CPI, 2019, Documento sobre la captura de personas acusadas, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/bookletArrestsFRA.pdf

[10] CIJ, Orden del 28 de marzo, https://www.icj-cij.org/fr/node/203847