María Eugenia Ulfe (editora). Flujos de memorias. Los desafíos persistentes al recuerdo de la violencia en Perú, Chile, Colombia y Argentina. Fondo Editorial del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA), 2025.
En Flujos de memorias. Los desafíos persistentes al recuerdo de la violencia en Perú, Chile, Colombia y Argentina se recopilan las ponencias presentadas en el coloquio del mismo nombre organizado en el año 2023 por María Eugenia Ulfe, antropóloga y profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, con ocasión del vigésimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Los temas de las seis ponencias recogidas son muy diversos, pero en todas ellas resuena el leit motiv de aquel coloquio, ahora explicitado en una introducción a cargo de María Eugenia Ulfe, editora de la publicación: la comprensión de la memoria como una materia en permanente fluir y desarrollo, un contenido o una práctica social que se resiste a ser apresada en un discurso organizado, confinada en periodos cerrados o abocada a una sola forma de expresión. La memoria de la que se habla es una que se expresa como lenguaje verbal o como síntoma corporal o como sueño, deseo y temor, y en la que se amalgaman tiempos y experiencias dispares. No se agota en la evocación de hechos traumáticos o dolorosos, sino que se entrelaza con la experiencia social previa y posterior a esos hechos y fecunda (o también lastra) los más diversos aspectos o dimensiones de la vida de los sujetos y su presencia en la sociedad. Como se dice en la introducción “(l)a idea de flujos de memorias se concibió como una invitación a pensar colectivamente para reflexionar sobre las muchas memorias que, como ríos, se abren, se conjugan, discurren o confluyen, aunque algunas irán a contracorriente, surcando el río, y otras se desvanecerán. La idea de flujos enfatiza el dinamismo, las temporalidades y la transformación de las memorias”.
El libro está dividido en dos secciones. La primera parte, titulada “Perú: el difícil itinerario del recuerdo del pasado violento”, se abre con la contribución de Richard Kernaghan, etnógrafo y profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de Florida. En este capítulo, “De relato a paisaje: desafíos de escucha en el Alto Huallaga”, Kernaghan se pregunta por qué la experiencia del Alto Huallaga ha quedado “fuera de la labor conmemorativa del país”. Para explorar esa cuestión, el autor reflexiona sobre lo que debe significar la “escucha” dentro de la práctica etnográfica e interroga críticamente no solo al trabajo llevado a cabo por la CVR, sino también a su propia experiencia investigativa de esa época. Eso lo conduce a reclamar una “escucha” que capte en el flujo de la memoria algo que no sea lo sabido o lo previsible: es decir, una escucha que no llegue predeterminada por ciertas preguntas y que, por ello, pueda notar cómo la memoria enlaza espontáneamente distintos tiempos y experiencias más allá de ese momento sobre el que se está indagando. Una respuesta posible a la pregunta que domina el capítulo sería que el Alto Huallaga ha sido un territorio de violencias múltiples y superpuestas y que el flujo de la memoria (que el autor presenta en una relación de analogía con el río Huallaga) hace que los distintos episodios históricos sean inextricables, lo que dificulta su representación en la memoria nacional.
El segundo capítulo se titula “Matanza de los penales, cuerpos indeseables y biografías póstumas en el Perú”. Sus autores son José Pablo Baraybar, doctor en Antropología Forense y actual coordinador forense para el Comité Internacional de la Cruz Roja en México y América Central, y Valérie Robin Azevedo, doctora en Antropología social por la Universidad de París-Nanterre. y profesora principal de Antropología en la Universidad de Paris Cité. Su propósito es analizar el significado del itinerario póstumo de los cuerpos de los internos senderistas ejecutados en la masacre de El Frontón (1986) aplicando el concepto de necropolítica acuñado por el historiador Achille Mbembe. El capítulo toma como materia de análisis el tratamiento oficial dado a los cuerpos de los ejecutados: su inicial desaparición, la negativa a identificar los restos y, décadas después, la proscripción de un “mausoleo” gestado por algunos familiares para el entierro de sus parientes. A partir de ello, los autores observan que “la acción necropolítica del Estado peruano también se materializó, entre otros, después de la ejecución extrajudicial de los presos, en la incertidumbre respecto a las cifras de fallecidos, el número de necropsias, las identificaciones realizadas, así como en la diseminación de sus cuerpos por distintos cementerios, ocultamiento de los cuerpos e impunidad”: es decir, la gestión estatal de la muerte, y no solamente de la vida, en este caso. Todo ello aparece como una denegación de derechos, pero, además, según los autores, el caso contiene advertencias para el presente en tanto “la construcción de una narrativa de Estado a través de la negación, la exclusión y la demonización solo logra generar contranarrativas para hacerles frente.”
La autora del tercer capítulo, “Entre la lugarización y la no-lugarización del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social”, es la antropóloga Olga González, profesora principal del Departamento de Antropología y codirectora del Programa de Estudios Latinoamericanos en Macalester College. Se trata de “un análisis del LUM que se enfoque en procesos de lugarización y no-lugarización de la memoria para problematizar su capacidad de transformación tanto en términos de fortalecimiento como de ocultamiento de memorias”. La autora muestra cómo es que, aunque el LUM ha proveído un lugar físico a la memoria, también ha incurrido en “intentos de no-lugarización por medio de actos de proscripción y exclusión de ‘otros’ objetables, la reticencia de familiares de desaparecidos para compartir memorias dolorosas y el uso de algunos video-testimonios que refuerzan una ‘empatía vacua’ que restringe el pensamiento crítico.” Esto se refiere a la exclusión física o material de ciertos aspectos de la memoria de la violencia armada en el Perú, y también al tipo de diálogo con la memoria que, según la investigadora, propone el LUM: “formas de lugarización y no-lugarización que se manifiestan a través de la museografía del LUM y las características de sus visitantes: imágenes de victimización que generan una empatía vacua, ‘deslugarización’ de víctimas objetables, exclusión de nombres de víctimas de SL, vacíos en la instalación sobre desaparecidos y la ‘evitación’ de los familiares de desaparecidos”. Es decir, la lugarización de la que se habla involucra, además de la presencia física, un cierto uso de la memoria, una puesta en escena que puede invitar solamente a la compasión y la indignación o incitar a la respuesta crítica y a una reflexión histórica o política.
La segunda parte de la publicación se titula “Retos contemporáneos para hacer memoria en América Latina”. Esta sección se abre con el cuarto capítulo del libro, “Memorias en contienda: las formas de recordar el pasado en procesos de justicia transicional y sus retos, en particular en Colombia”, elaborado por Camila de Gamboa, doctora en Filosofía de Binghamton University-The State University of New York y profesora asociada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia). El capítulo refleja la idea del flujo desde una óptica algo distinta, que podría llamarse institucional, pues muestra cómo es que la búsqueda de verdad y la práctica de la memoria sobre el conflicto de más de medio siglo en Colombia se abrió pasó desde inicios del siglo XXI en una diversidad y sucesión de espacios oficiales. Esto va desde el proceso abierto por la Ley de Justicia y Paz (2005) hasta la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad e incluye instancias como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Jurisdicción Especial para la Paz, además de una multiplicidad de iniciativas de la sociedad civil. Este flujo abre una diversidad de preguntas. Algunas se refieren propiamente al proceso institucional y social por el que unos mecanismos de verdad y memoria van dando paso y en cierto modo determinando a otros. Pero la pregunta subyacente que plantea la autora es cuál será el efecto de esos relatos sobre la sociedad colombiana y sobre la paz. Y la respuesta que ofrece es, sobre todo, una advertencia y la expresión de una esperanza: “(t)enemos que aprender, como el Angelus Novus de Benjamin, a no dejarnos arrastrar por el viento del progreso, por la felicidad de los nietos y no por la esclavitud de los abuelos, y volvernos hacia el pasado y recoger a los muertos y recomponer las ruinas que hemos dejado tras nuestros pasos (…).”
La autora del quinto capítulo, “A cincuenta años del golpe de Estado en Chile. Culturas y políticas de la memoria: logros y desafíos”, es Oriana Bernasconi, doctora en Sociología por The London School of Economics and Political Science (LSE) y directora del Doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Este capítulo es una interrogación sobre los efectos o impactos de la práctica de la memoria en el funcionamiento de una sociedad o, como lo plantea la autora, “la relación entre políticas de la memoria y culturas de la memoria; es decir, entre, por una parte, las formas de afrontar los legados del pasado dictatorial propiciadas por el Estado y los activistas de la memoria; y, por otra, la memoria como preocupación de la cultura en general y de la cultura política en particular”. Para ello examina distintas instancias civiles y oficiales de verdad y memoria y su capacidad para constituirse efectivamente en una contramemoria, es decir, una que desafíe la versión del pasado legada por la dictadura. Esta contramemoria alcanza oficialidad mediante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pero “pareciera que la Comisión buscó reconocer y hacerse cargo de las consecuencias pasadas de la violencia, más que afectar el recuerdo colectivo. Sus antecedentes solo fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia y de la Corporación que se hizo cargo de la implementación de las políticas de reparación y de la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas.” Para la autora este esfuerzo solo alcanza dimensión pedagógica desde “la inauguración en 2010 del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”. Su conclusión es que “la memoria no ha sido un elemento central de la política de los consensos de la posdictadura, sino más bien ha constituido un elemento incómodo” y que, si bien “las élites políticas han entendido que la memoria es necesaria para la redemocratización, (…) han renunciado a incidir en la promoción de una ética de los derechos humanos que fortalezca la ciudadanía y la democracia.”
La segunda parte y el libro se cierran con la contribución de Elizabeth Jelin, socióloga, investigadora Superior del CONICET con sede en el CIS-IDES (Argentina) y una de las voces más influyentes en los estudios sobre memoria. En su capítulo, “¿Deber de memoria, deber de olvido o derecho a la memoria?”, la autora se pregunta sobre “la presencia del pasado en las luchas políticas en el presente y en el horizonte de futuro”, lo cual la lleva a precisar de qué memorias hablamos en este contexto de discusión. Estas son “(m)emorias sociales en las que lo subjetivo, lo institucional y lo simbólico-cultural se entrelazan constantemente”.
Elizabeth Jelin señala los cambios en el clima cultural y político actual, en el que “las posturas públicas que reivindican violencias políticas pasadas y agresiones presentes han ganado terreno en todo el mundo” y se pregunta, en ese contexto, si la memoria debe ser concebida como un deber. Su respuesta es que “(l)ejos de ser un deber, concebirla como un derecho de la ciudadanía que lo ha reclamado genera en la administración pública un deber, el de garantizar el ejercicio de ese derecho a la ciudadanía, el derecho de acceder por igual al pasado y a sus representaciones”.
En balance, la publicación subraya en sus diversos capítulos el carácter de obra abierta que tienen la memoria como proceso social y como campo de estudio. Compuesta por diversos mecanismos, actores, sentidos, objetivos, formas expresivas y marcos temporales en cuyo centro están los hechos traumáticos de la dictadura o de la guerra, pero que nunca se confinan en ellos, la memoria fluye (y a veces, como hoy en el Perú, refluye, retrocede, se contrae) como un ingrediente más del proceso político de una sociedad.
