Imagen: El Peruano.
Por: Erika Solis (*)
Entre los múltiples temas abordados en el Mensaje a la Nación el pasado 28 de julio, una actividad que se repite cada año independientemente de quién sea la persona en el cargo presidencial, uno de los tópicos abordados fue la “lucha contra la corrupción”. Sobre esta premisa, habitualmente usada para apelar a los sentimientos de rabia y frustración de la población peruana por los múltiples casos que diariamente se conocen sobre corrupción, se presentaron cifras sobre el número de actividades realizadas por entidades del Poder Ejecutivo contra este tipo de criminalidad. Sin embargo, las cifras brindadas solo fueron menciones de un número de actividades estatales sin un contexto adecuado, lo cual desvirtúa la posibilidad de conocer un balance real de las acciones estatales y si con ello se generó un impacto eficaz en la lucha contra la corrupción.
Ahora bien, más allá de los datos presentados y la lógica del discurso presidencial, es importante ver qué acciones se llevan a cabo de forma sistemática e integral para reducir los comportamientos corruptos. Si bien la corrupción es una dinámica que suele ser asociada con los delitos detallados en el Código Penal, los tipos penales contra la administración pública no son las únicas formas de corrupción posibles de cometer. En efecto, la corrupción es un fenómeno que escapa del ámbito penal, pues en este espacio se incluyen mayoritariamente los actos de este tipo con un mayor impacto en la sociedad, al menos teóricamente en las legislaciones donde los procesos de inserción y modificación del Código Penal son realizados con una base técnica adecuada y sustento empírico ideal. Existen un gran número de acciones corruptas que no son sancionadas por la vía penal, lo cual no implica que no sean reprobadas por otros sistemas como lo administrativo sancionador u formas de control informal; espacios poco explorados para evaluar su eficacia contra la corrupción.
Entre las respuestas más comunes desde el Ejecutivo y el Legislativo para afrontar olas de casos emblemáticos de corrupción se encuentran las adiciones y modificaciones al Código Penal, especialmente para incluir actividades nuevas al ámbito penal, así como aumentar y/o agravar las penas sobre una conducta tipificada. El uso del poder punitivo del Estado se ha convertido en una suerte de receta mágica que calmaría la angustia y frustración de cada habitante en el país, aunque ello probablemente no sea de real impacto en la continuidad de acciones corruptas u otras formas de criminalidad.
Erradicar o, para ser más realistas, disminuir la corrupción en nuestro país no solo implica utilizar el Código Penal y brindar discursos de ‘lucha contra la corrupción’, se requieren más estrategia, más presupuesto, más institucionalidad y, sobre todo, menos intereses individuales en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito político. Si bien la corrupción es un fenómeno criminal muy enraizado en nuestra sociedad como país y como región, es importante empezar a evidenciar cuáles son las razones por las que estas prácticas se perpetúan en nuestros países del Sur Global.
El Perú no es el único país de América del Sur que soporta el flagelo de la corrupción. Este problema también se puede observar en otros países, especialmente porque la corrupción no es una actividad aislada, ya que generalmente se encuentra asociada a otras prácticas criminales como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, la minería ilegal, entre otras. Dinámicas criminales que también se observan en otros países de la región. El reciente asesinato del candidato a la presidencia en el Ecuador, por ejemplo, ha sido relacionado con la corrupción y otras formas de criminalidad cimentadas en el aparato estatal y el espacio político [1]. Esta situación no permitiría el ingreso de personajes externas a esas dinámicas subrepticias o que ofrecen afrontar este tipo de prácticas.
Si bien el caso del asesinato del candidato a la presidencia aún se encuentra en proceso de investigación, el suceso ha sido relacionado por diversos medios de comunicación al perfil político y humano que tenía el candidato contra la corrupción y la infiltración de diversos grupos organizados en el Estado [2]. Más allá de la claridad de los hechos y el motivo final del asesinato que se determine en sede judicial, ya se han generado hipótesis y, sobre todo, percepciones sobre el hecho, lo cual ahonda el sentimiento de vulnerabilidad de cada persona en un sistema estatal donde la corrupción es una práctica habitual y generalizada como en la mayoría de los países del Sur Global. Por lo tanto, la denuncia de la corrupción, especialmente al interior de un sistema estatal poco institucionalizado y deslegitimado, se convierte en una decisión compleja que implica un balance coste -beneficio relacionado a la propia vida y seguridad de cada persona, así como de sus familiares.
El asesinato de un candidato a la presidencia no debe ser un hecho indiferente para nosotros/as, no solo en tanto país vecino al Ecuador, sino también como parte de la región. Ello tomando en consideración que la corrupción y sus dinámicas adyacentes no tienen una incidencia aislada en Ecuador, sino que se extienden por todo el continente. El nivel de violencia en la región parecería incrementarse cada vez más. Por otro lado, el asesinato de figuras políticas en nuestro país tampoco es novedad, ni un hecho ajeno a nuestra realidad.
Algunos años atrás, la región Ancash fue escenario de una serie de hechos criminales relacionados a la amplia red de corrupción establecida en el Gobierno Regional, entre ellos el asesinato del exconsejero del Gobierno Regional de Ancash, Ezequiel Nolasco. Esta red criminal tenía entre sus diversos elementos constitutivos, el uso de la corrupción y la violencia (por medio de sicarios) para perpetuar su actividad en la región [3]; dos elementos muy presentes en casi todas las dinámicas relacionadas a la criminalidad organizada. Así, también podemos recordar como operaba el Cartel de Medellín, el cual entre sus múltiples acciones para amedrentar a la población y a la clase política contraria a sus intereses utilizaba a sicarios a sueldo para eliminar a toda persona que sea una amenaza para la perpetuidad de sus actividades ilícitas.
Lo ocurrido en Ecuador ha sido muy indignante y frustrante y debe ser una alerta para pensar en qué estamos haciendo en el país y en la región para evitar que la criminalidad avance y haga uso de sus mecanismos más eficaces, la corrupción y la violencia. La corrupción y las actividades relacionadas a este fenómeno no se combaten con discursos ni políticas populistas punitivas; no es así, al menos, en nuestra región, como sabemos por la larga experiencia que dejan tantos mandatos que utilizan siempre estos mismos recursos contra la corrupción y otras formas de criminalidad. Nada cambia si se utilizan siempre los mismos métodos. Por lo tanto, es hora de pensar otras formas de afrontar a escala nacional y también regional no solo la corrupción, sino también todas las dinámicas subrepticias a su alrededor.
(*) Consultora del IDEHPUCP
[1] Para ver más información sobre las posible hipótesis del asesinato del candidato presidencial, revisar la noticia elaborada en https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-elecciones-villavicencio_villavicencio-el–irreemplazable–asesinado-en-su-cruzada-contra-las-mafias-y-corrupci%C3%B3n/48734492
[2] Para ver más información sobre el perfil del candidato presidencial, revisar la noticia elaborada por la BBC en https://www.bbc.com/mundo/articles/cx90zj5lyejo.
[3] Para conocer más sobre la forma de operar de la organización criminal liderada por “La Bestia” en la Región de Ancash se puede observar el trabajo académico realizado por la autora Sandy Melgar en: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/cienciapolitica/article/view/19971/19989
