El caso tuvo como origen el reclamo de 223 miembros del Sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), quienes denunciaron al Estado por no reconocer un sistema de salarios aprobado en 1989 y que fuera reducido en 1992, con las correspondientes rebajas de sueldos a un conjunto de trabajadores. La Corte declaró que se vulneraron los derechos a la propiedad y a la protección judicial.
El organismo supranacional resaltó la voluntad del Estado peruano de cumplir con esta sentencia con celeridad y valoró que se diera cumplimiento íntegro a las medidas de reparación dispuestas por la Corte.
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