En una reunión celebrada en Cochabamba, varios países se adhirieron a la propuesta planteada inicialmente en marzo, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. La razón para justificar esta nueva sede es que Estados Unidos no es un estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dentro de las posibles sedes, se ha propuesto a Perú y Costa Rica.
A solicitud de Brasil, se ha conformado una comisión de países para persuadir a los Estados que no sean parte del mencionado tratado para que se adhieran al mismo. Aun se mantiene la discusión sobre si la Comisión puede dictar medidas cautelares.
Estas discusiones se producen en el marco de un debate continental para reformar el sistema interamericano de derechos humanos, cuestión que ha producido alerta en organizaciones de la sociedad civil, debido a la posibilidad de debilitar a organismos que han servido para preservar los derechos fundamentales en la región.
