El 13 de marzo, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, exdirectora y miembro de la Asamblea de IDEHPUCP, presentó su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
En su exposición señaló que “como evaluó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos el pasado mes de septiembre, la situación general de los derechos humanos en los últimos diez años no mostró ninguna mejora y, en muchos casos, se deterioró, a pesar de los informes sobre algunas mejoras en ciertos asuntos aislados. La vigilancia se ha incrementado con la instalación de nuevas cámaras de circuito cerrado de televisión con reconocimiento facial. Las nuevas leyes incluyen varios delitos castigados con la pena de muerte. El Gobierno centralizó la distribución de cereales, y los alimentos básicos que se venden en las tiendas estatales resultan inaccesibles para muchas personas, especialmente para aquellas que han perdido ingresos en efectivo debido al estricto control de los mercados. La libertad de circulación sigue estando severamente restringida. Las Naciones Unidas y otras organizaciones no han podido regresar al país. Al mismo tiempo, las políticas de militarización extrema de la RPDC continúan generando preocupación, ya que se sustentan en un uso extensivo del trabajo forzoso y los sistemas de cuotas”.
También hizo notar que si bien la República Popular Democrática de Corea (RPDC) participó en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) y apoyó 143 recomendaciones, lo que representó casi el 48% de las recomendaciones recibidas, “existen dificultades para supervisar la implementación de las recomendaciones del EPU apoyadas por el Gobierno. En primer lugar, cuando el Estado carece de la voluntad política para supervisar e implementar estas recomendaciones o para buscar la cooperación internacional, resulta igualmente difícil para la comunidad internacional evaluar el progreso. Esto da lugar a la repetición de recomendaciones similares en múltiples ciclos de examen. En segundo lugar, algunas recomendaciones apoyadas son demasiado genéricas, lo que dificulta la supervisión objetiva de su implementación. En tercer lugar, el análisis de algunas recomendaciones ha revelado contradicciones en la postura de la RPDC respecto a derechos específicos. Por ejemplo, si bien la RPDC apoyó la recomendación de «garantizar la libertad de circulación de todas las personas», no respaldó la recomendación similar de «modificar el Código Penal y demás legislación para eliminar el requisito de autorización para viajar al extranjero y dentro del país»”.
Entre medidas posibles para mejorar la situación de los derechos humanos e implementar las recomendaciones del EPU, la relatora especial recomendó “que la RPDC utilice los indicadores de derechos humanos sugeridos (…) para hacer un seguimiento de su progreso e informar sobre la evolución hasta el quinto ciclo del EPU”. Así mismo, y de cara a la comunidad internacional, recomendó que “otros Estados aprovechen cualquier oportunidad para dar seguimiento a las recomendaciones del EPU en su diálogo con la RPDC”. Dirigiéndose a los delegados presentes señaló: “Mi informe proporciona una hoja de ruta para supervisar y documentar los progresos en la implementación de las recomendaciones del EPU que contaron con el apoyo de la RPDC. Los derechos humanos no son una barrera, sino una oportunidad para el diálogo, y deben ocupar un lugar central en cualquier posible diálogo futuro con la RPDC. Al mismo tiempo, insto encarecidamente a la RPDC a que demuestre su buena voluntad para el diálogo invitando periódicamente a expertos de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El monitoreo independiente es un elemento crucial para la mejora de los derechos humanos. Lamentablemente, en la RPDC no existen ni organismos estatales independientes ni organizaciones de la sociedad civil independientes. Por lo tanto, el papel de los organismos internacionales, incluida la ONU, es aún más importante. La continua falta de información procedente de la RPDC no puede justificar que no abordemos la cuestión de los derechos humanos de la población del país. La gente sigue sufriendo la falta de respeto a sus derechos fundamentales y el estricto control de sus vidas”.
