Por: Vanessa Cuentas (*)
Como todos los años, desde Amnistía Internacional publicamos nuestro informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo. En su edición 2024-2025, evidenciamos una tendencia creciente de prácticas autoritarias en diferentes partes del mundo, donde ha sido una constante que gobiernos traten de eludir la rendición de cuentas, busquen la censura de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil o voces críticas.
En este marco, en el capítulo de Perú, documentamos a lo largo del 2024 el avance de iniciativas legislativas –algunas ya leyes vigentes– que atentan directamente contra el ejercicio de derechos, afectando, por ejemplo, la búsqueda de justicia en los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en Perú de las últimas cuatro décadas. En abril de 2025 se promulgó la Ley N° 32301, que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y que propone un control indebido al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con financiamiento exterior, limitando el uso de recursos de la cooperación para la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
De esta forma, numerosas personas, entre ellas los seres queridos de las 50 víctimas mortales de la represión estatal de las protestas ocurridas en diferentes regiones del país, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y que han recurrido a las organizaciones de la sociedad civil para el acompañamiento técnico de sus casos, pueden encontrar más obstáculos para acceder a justicia.
Esta ley establece como infracción muy grave el “asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales contra el Estado Peruano” (artículo 21.c.2), y determina multas de hasta 500 UIT, e incluso la cancelación de la inscripción de la organización. La norma puede convertirse en una herramienta disuasoria para que organizaciones no asuman defensas o enfrenten represalias por iniciar acciones contra el Estado peruano, lo cual pone en peligro la búsqueda de verdad y justicia de las víctimas.
Esta situación se suma a la preocupación que han manifestado los representantes de las víctimas por los pocos avances en las investigaciones, que podrían verse más afectadas por los recientes cambios dentro del Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas sociales (EFICAVIP). Pero esta norma va mucho más allá de este caso y puede impactar en el derecho de acceso a la justicia de toda persona que busque el apoyo de las organizaciones de sociedad civil para denunciar al Estado peruano por vulneraciones a su derecho a la salud, discriminación u otros.
Siguiendo con el acceso a la justicia, la publicación de la Ley 32107, en agosto de 2024, que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 2002, es también un hecho preocupante que deja un mensaje de tolerancia a la impunidad. Esta norma pone en peligro todos los casos pendientes del conflicto armado interno que vivió nuestro país entre 1980 y el 2000. Entre esos casos se encuentra el de esterilizaciones forzadas, donde las víctimas tienen más de 20 años esperando justicia, así como también casos de asesinatos y tortura.
Sin embargo, ante los continuos reveses institucionales, hemos documentado también acciones que buscan la justicia y lucha contra la impunidad. Específicamente sobre la ley 32107, Amnistía Internacional ha recibido información de que, ante la invocación de su aplicación en los procesos penales, en al menos tres casos la judicatura viene aplicando control de convencionalidad y, en respeto de las obligaciones internacionales que el Estado peruano ha contraído, así como de los estándares internacionales, no se está aplicando la prescripción de delitos de lesa humanidad. Por otro lado, en el marco del proceso de la familia de Celia Ramos contra el Estado peruano ante el Sistema Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió resolución donde se ordena al Estado peruano garantizar que las organizaciones puedan ejercer la representación de su patrocinada, “sin ningún tipo de represalia” que pueda derivarse de una posible aplicación de la Ley APCI. Celia Ramos fue una mujer piurana que falleció en 1997, luego de que se le practicara una esterilización forzada.
En otros ámbitos, se suman otras iniciativas legislativas como la Ley N° 32331, que puede incrementar la discriminación y el círculo de violencia que enfrenta a diario la comunidad LGTBIQ + en el país. Por otro lado, la desprotección de las y los defensores de la tierra, territorio y medio ambiente persistió y en 2024 hemos registrado que al menos cuatro murieron de forma violenta. Dos de ellos contaban con medidas de protección.
En el plano internacional, el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos muestra que los conflictos crecieron en el mundo. Documentamos crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario, y en diciembre de 2024, por ejemplo, documentamos el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza.
No son tiempos fáciles. La información que presentamos en nuestro informe anual evidencia amenazas concretas a la defensa y al ejercicio de los derechos humanos en el país y en el mundo. No obstante, en este contexto, se multiplican también las voces y acciones valientes contra la injusticia, que muestran que la destrucción de los derechos humanos está muy lejos de ser inevitable.
(*) Responsable de Incidencia de Amnistía Internacional Perú
