Por Mario R. Cépeda Cáceres (*)
Miles de personas han muerto o desaparecido en el Perú a causa de las constantes violencias que sufrimos y que muchos aún justifican y avalan. Por ejemplo, debido a la guerra que vivimos entre 1980 y 2000, más de 22 000 personas siguen desaparecidas [1]. Más recientemente, decenas de personas fallecieron debido a la violenta represión estatal contra las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 [2]. Muchos podrían argumentar que los peruanos nos hemos convertido en una sociedad acostumbrada a la ausencia, en la que las víctimas se acumulan en listas de nombres o en bases de datos interminables. Sin embargo, esta impresión dista mucho de la realidad; en las siguientes líneas veremos que en nuestra sociedad miles de familias llevan décadas realizando el acto más grande de amor: conmemorar a sus seres queridos ausentes y luchar no solo por su memoria, sino también por la verdad y la justicia.
Luego de más de dos décadas del retorno a la democracia, el Perú no ha logrado construir un sistema institucional sólido orientado a la defensa de los derechos fundamentales y del estado de derecho; por el contrario, hemos reducido la democracia al mero proceso electoral, olvidando que esta es más que elegir y ser elegido. Actualmente, somos testigos de la facilidad con la que los intereses particulares se imponen sobre el bienestar colectivo, desmoronando los precarios avances democráticos de las últimas décadas. En el ínterin, el desprecio hacia el otro, hacia quien piensa distinto, hacia quien reclama sus derechos, se institucionaliza en prácticas que han pasado del discurso —el famoso terruqueo— a la acción de la fuerza pública del Estado y grupos de violencia callejera. Nos estamos convirtiendo en una sociedad que avala la democracia en formas, pero que reniega del fondo, del reconocimiento del otro como igual a partir de sus diferencias.
No obstante, esta forma de necropolítica —convertir la muerte en una forma de gobierno y en un asunto público— no amilana a las familias que por décadas luchan por el reconocimiento de sus seres queridos. Durante más de cuatro décadas, hemos sido testigos de ejemplos de lucha; una lucha no fundamentada en el odio, el rencor o las ansias de venganza, sino basada en el amor, en el amor por el otro, por quien ya no está físicamente, pero sigue estando presente en afectos y emociones. Los muertos y desaparecidos no dejan de estar presentes entre aquellos que los aman y recuerdan; su ausencia es una huella indeleble en la vida de quienes quedan. La ausencia no acaba, así, con el amor que se siente y, en todo caso, lo alimenta, lo lleva a nuevos niveles, otorgando a los familiares una agencia que no han tenido antes.
Así, esas más de 22 000 voces de peruanos y peruanas que ya no podemos escuchar siguen presentes en sus familiares, trascendiendo la muerte y la desaparición, y buscando respuestas en procesos de reparación, justicia, verdad y no repetición. Por lo tanto, la justicia transicional es una doctrina basada en el amor, en aquello que nos hace ser humanos —aunque muchas veces en el Perú pareciéramos haberlo olvidado—: el reconocimiento y la compasión por el otro. Entonces, es necesario que las autoridades entiendan el rol fundamental que les corresponde cumplir para garantizar estos actos de amor y generar bienestar que se traduzca en justicia por encima de los intereses particulares que guían hoy nuestra vida política. En suma, hoy más que nunca debemos aprender de las más de tres décadas de amor que los familiares de víctimas del conflicto armado nos dan ejemplo y no permitir que las familias de las cincuenta personas asesinadas hace un año por las fuerzas del orden deban esperar décadas por algo de justicia y verdad.
(*) Antropólogo. Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP e investigador del IDEHPUCP.
[1] Al respecto, puede consultarse el último Reporte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5618679/4981572-reporte-estadistico-n-4.pdf?v=1703867815
[2] Al respecto, puede consultarse el informe de la Defensoría del Pueblo en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Defensorial-n.%C2%B0-190-Crisis-poli%CC%81tica-y-protesta-social.pdf
