Imagen: Panam Post.
Por Alberto Castro (*)
El miércoles 7 de diciembre cuando el expresidente Pedro Castillo dio su mensaje a la Nación disponiendo la instauración de un régimen de excepción, disolver el congreso e intervenir los demás poderes del Estado, dio un paso sin retorno, pues atentó contra el orden constitucional y cometió el delito de rebelión (artículo 346 del Código Penal).
La fragilidad de nuestra institucionalidad democrática se explica, entre otras razones, por las sucesivas dictaduras y golpes de Estado que han caracterizado la mayor parte de nuestra vida republicana. Sin democracia no podemos hablar de respeto a las libertades fundamentales ni a los derechos humanos, ni de la estabilidad institucional y la predictibilidad necesarias para garantizar un desarrollo integral y sostenido. Lo contrario es el abuso absoluto del ejercicio del poder, el subdesarrollo, el clientelismo político, la opacidad del Estado, mayor corrupción.
Consolidar nuestra democracia como sistema político y como forma de vida no es tarea fácil. La democracia tiene que ser capaz de resolver los problemas de todos los ciudadanos, en especial los de los más vulnerables. Por eso, en esta coyuntura de profunda crisis, en la que grupos extremistas buscan desestabilizar el país, los sectores democráticos, que son la mayoría del país, deberían unirse en función de tres medidas: a) La no impunidad ante el intento del golpe de Estado; b) recobrar la legitimidad del Estado a través de la eficacia de las políticas públicas; c) reforma política.
Nunca puede justificarse un golpe de Estado, venga de donde venga. Ningún intento de resquebrajar el orden democrático y constitucional puede quedar impune. Por eso, en mi opinión es acertada la tesis fiscal según la cual el delito de rebelión quedó configurado cuando el señor Pedro Castillo, en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, dispone el cierre del Congreso y demás medidas. Si bien el verbo rector del delito de rebelión es “levantarse en armas” la doctrina comparada señala que este debe entenderse como sublevación, es decir, llamar a levantarse contra el orden público. Por eso, el hecho de que el llamado no haya tenido el respaldo de las fuerzas armadas no implica que no se haya configurado el delito. La disposición se impartió ante las cámaras de televisión y teniendo a todo el país como testigo. De ahí la flagrancia. Es necesario además que se investigue y sancione a quienes participaron del delito, ya sea como cómplices o instigadores. En todos los casos, deben respetarse las garantías que emanan del derecho a un debido proceso.
La democracia debe legitimarse a través de la eficacia de las intervenciones gubernamentales haciendo que estas atiendan las necesidades de la población brindando servicios de calidad. Debe recuperarse la capacidad del Estado para servir a la ciudadanía. Debe recordarse que el gobierno del Castillo estuvo caracterizado por la designación de funcionarios que carecían del mérito e idoneidad para el ejercicio del cargo. Todo esto es un atentado contra los derechos humanos pues impide que se implementen políticas públicas en áreas vitales como salud, educación, seguridad, entre otros. En este sentido, es bueno recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado que todo servidor público debe cumplir con las obligaciones que derivan del principio de buena administración, el cual se encuentra implícito en el artículo 39 de la constitución, y que demanda la eficacia, transparencia e idoneidad en el ejercicio de la función pública. Por eso es importante, en mi opinión, que el gabinete de la presidenta Dina Boluarte esté conformado por técnicos, además de ser plural y paritario.
Finalmente, es indispensable que se realicen las reformas constitucionales requeridas para fortalecer el sistema de representación política, base de la democracia, permitiendo la modificación de las circunscripciones electorales y la reelección de congresistas, entre otras medidas. Por eso, debe saludarse el anuncio de la presidenta Boluarte de adelanto de elecciones ya que representan una oportunidad para emprender las reformas mencionadas. Quiero terminar recordando la siguiente frase: “los males de la democracia solo pueden curarse en democracia”. Defendámosla y progresemos en ella.
(*) PhD y coordinador del Programa de Segunda Especialidad (PSE) en Derecho Público y Buen Gobierno de la PUCP.
