Fuente: La República.
Por Valery Maco (*)
A nivel mundial, Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático [1]. En el año 2017, las intensas lluvias asociadas con el Fenómeno del Niño causaron un total de 288 mil personas damnificadas en todo el país y pérdidas materiales por millones de soles. Seis años después, el Estado demuestra no estar preparado para evitar los desastres producidos por las crisis climáticas.
Nuevamente, el ciclo de lluvias toma desprevenido a un gobierno cuyos ministros recomiendan “encomendarnos a Dios para que no llueva tanto” [2] y cuya única política visible hasta el momento consiste en una entrega de bonos como respuesta de atención a los más vulnerables. El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) brinda una ayuda económica de 500 soles mensuales a aquellas personas o familias que han perdido su vivienda debido al desastre natural y que pueden certificar que son propietarios del inmueble.
Por un lado, es insuficiente que el Estado dependa únicamente de una intervención social reactiva sin una política nacional tanto para mitigar como para enfrentar el cambio climático, cuando el 67% de los desastres en el Perú están relacionados con este tipo de fenómenos [3]. Por otro lado, la estrategia del bono BAE excluye a la gran mayoría de personas vulnerables que no cuentan con un título de propiedad o alquilan los inmuebles, es decir, quienes se encuentran en una mayor situación de precariedad.
En este grupo se encuentra la extensa mayoría de la población refugiada y migrante del país, sobre todo la de nacionalidad venezolana. La encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país (INEI, 2022) muestra que solo en Piura, Lambayeque y La Libertad existen más de 30.000 viviendas de migrantes venezolanos. Además, se registra que solo el 3,3% de hogares venezolanos residen en viviendas propias. El grueso de las familias migrantes cuenta con viviendas alquiladas (93,1%), quedando en la práctica excluidas de la respuesta del Estado [4].
La misma encuesta muestra que 60% de estos hogares experimentaron algún nivel de inseguridad alimentaria, y más de la mitad de familias (52,6%) reside en viviendas de una sola habitación, lo cual añade vulnerabilidades adicionales a su situación. Además, solo un 8,9% cuenta con DNI peruano, documento que, en otras emergencias, se ha solicitado como requisito para acceder a programas de alivio [5]. De esta manera, la entrega de bonos como respuesta a la atención de las personas más vulnerables en casos de desastres naturales es una estrategia insuficiente y limitada. Esta medida no llega a beneficiar a las personas que se encuentran en situaciones más precarias y que no cuentan con documentos de propiedad, viven alquilando inmuebles o se encuentran en una situación migratoria irregular.
Aunque los líderes políticos actuales han mostrado una deficiente capacidad para hacer frente a la emergencia, el problema subyacente es aún más profundo: el Estado peruano ha demostrado no estar preparado para las múltiples crisis a las que se enfrentará en el futuro. Es esencial priorizar la inversión en medidas adecuadas de prevención para mitigar los efectos del cambio climático sobre la población, pero también se requiere una reformulación de las políticas de respuesta ante emergencias, que contemple a las poblaciones en situación de desventaja estructural, quienes a menudo resultan más afectadas. Entre ellas, las familias migrantes venezolanas no pueden ser dejadas atrás.
(*) Asistente de investigación en el IDEHPUCP.
[1] https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/peru-es-tercer-pais-mas-vulnerable-del-mundo-al-cambio-climatico/
[2] https://www.infobae.com/peru/2023/04/09/ministra-de-vivienda-en-su-visita-a-piura-pide-a-damnificados-encomendarnos-a-dios-para-que-no-llueva-tanto/
[3] R4V (2023). GTRM Perú – Análisis Conjunto de Necesidades para el RMRP 2023. Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes.
[4] INEI (2022). Condiciones de vida de la población venezolana que reside en el Perú. Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país, ENPOVE II.
[5] Blouin, C., Palla, I., Zamora, C. y Ruiz, Y. (2021). Inclusión social de personas migrantes y refugiadas durante la pandemia por COVID-19 en Perú. Documento de Trabajo. Caminar Américas.
