Este Día de los Derechos Humanos encuentra al Perú en la que es, tal vez, su hora más oscura sobre esa materia desde los años del conflicto armado interno. La tendencia a desmantelar el marco normativo e institucional de protección de los derechos humanos viene, ciertamente, de hace algunos años; pero en los últimos tiempos, sobre todo tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, que terminó por facilitar la captura del país a la turbia coalición del Congreso, esa tendencia se ha precipitado hasta hacer que el régimen político peruano sea irreconocible como democracia.
Una diversidad de normas dadas por el Congreso y suscritas por el Ejecutivo en el último año sellan esa guerra contra los derechos humanos emprendida por la coalición en el poder. Es inevitable citar la ley que declara la prescripción de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad antes que los instrumentos internacionales correspondientes hayan entrado en vigor en el país. Esa ley, que el Tribunal Constitucional acaba de declarar constitucional, deja fuera del alcance de la justicia prácticamente a la totalidad de los delitos de esas categorías cometidos durante el conflicto armado interno. A ella se sumó la ley que otorga amnistía incondicional a militares, policías y paramilitares que, estando acusados de violaciones de derechos humanos, no hubieran recibido todavía una sentencia firme con calidad de cosa juzgada. En suma, la impunidad como política de Estado. Y, al respecto, como era previsible, la destitución –vía vacancia– de Dina Boluarte no ha significado ningún cambio. El actual presidente, quien suscribió esas normas, no ha hecho ningún gesto que indique alguna iniciativa para su derogación.
Se podrían multiplicar los ejemplos de ese desmantelamiento normativo. Baste citar la reciente norma que elimina el enfoque de género de las políticas de estado para sustituirla por una aproximación que se autoproclama “científica”, pero que en realidad no es más que una mezcla de dogmas, supersticiones y prejuicios. Es una tragedia para el país que por una motivación puramente ideológica se abandonen políticas tendientes a garantizar derechos, a proteger a niños y niñas contra el abuso sexual, a promover la equidad y desterrar la marginación o la estigmatización, entre muchas cosas más.
La imposición de estas y otras normas, por lo demás, se da la mano con un desmantelamiento del marco institucional, es decir, del conjunto de instituciones y agencias del Estado que deberían servir de garantía, protección y promoción de los derechos humanos. Esto comienza por la cúspide misma del sistema mediante la captura de instituciones por parte del Congreso. Lo vemos diariamente en fallos del Tribunal Constitucional, así como en la ejecutoria de la Junta Nacional de Justicia y en el incansable esfuerzo del Legislativo por controlar y someter al Ministerio Público imponiendo, como se ha hecho ya, a fiscales investigados en los puestos más altos. No ha pasado por alto que entre quienes votaron la semana pasada a favor de la arbitraria inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza para ejercer función pública se encontraban más de veinte congresistas investigados precisamente por el Ministerio Público por una diversidad de delitos. Un sarcasmo feroz del Congreso contra la sociedad peruana. Señalado eso, merece una mención aparte lo sucedido con la Defensoría del Pueblo, que incluso desde los años del autoritarismo fujimorista fue un baluarte en la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos, y hoy actúa como una aliada del Congreso en su proyecto antidemocrático.
Así, lo que tenemos es una democracia –o los restos de una democracia– atenazada por normas inconstitucionales y contrarias a los derechos humanos y por un tejido institucional cada vez menos capaz de oponerse a ellas. En el Día de los Derechos Humanos el tono de la conmemoración ha sido –tiene que ser– de balance crítico de esta situación, de evaluación de las amenazas y, si las hubiera, las posibilidades que se anuncian en el próximo proceso electoral, y de reafirmación de compromisos y esfuerzos para idear estrategias, tácticas, iniciativas para que pongan un freno al proyecto autoritario en marcha.
