Por Geraldine Chávez (*)
Durante los últimos años, el ingreso de flujos mixtos de migración internacional —la mayoría provenientes de Venezuela[1]— ha representado una constante que exigió cambios en las políticas migratorias de diversos países de la región. En el Perú, desde 2017 se implementaron medidas para la apertura y regulación de la migración, entre las que destacó el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y del Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), pero dicho panorama ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Con la finalidad de aproximarse a esta situación, la presente nota reflexiona sobre los desafíos que plantea el contexto actual de la política migratoria en el país, marcada por la ausencia de procesos de regularización migratoria y los cambios en la gestión de la migración.
Ausencia de procesos de regularización migratoria vigentes en el Perú
La regularización migratoria, entendida como cualquier proceso o procedimiento a través del cual una autoridad gubernamental regulariza la permanencia de una persona en el país al concederle un permiso de residencia, facilita la garantía de los derechos humanos de la población migrante, promoviendo su acceso a protección social, oportunidades de trabajo decente, educación, servicios de salud y bancarios, entre otros[2]. Del mismo modo, genera efectos positivos para los países de acogida, desde la disminución en la informalidad laboral y la reducción de la explotación laboral, hasta el aumento en las contribuciones tributarias[3]. De esta manera, la implementación de procesos de regularización migratoria, sea en su modalidad de programas temporales, mecanismos permanentes o iniciativas puntuales, resulta beneficiosa tanto para la población migrantes como para los Estados y el sector privado.
En el caso del Perú, ante los movimientos migratorios provenientes de Venezuela, se llevaron a cabo diversos procesos de regularización. Así, en 2017, se creó mediante Decreto Supremo No. 002-2017-IN[4] el Permiso Temporal Permanencia (PTP), dirigido a personas venezolanas que hubieran ingresado regularmente a territorio peruano y cumpliesen una serie de requisitos. El documento de regularización tuvo vigencia de un año y el plazo para la presentación de su solicitud se extendió hasta en tres oportunidades. Posteriormente, en 2020, un nuevo proceso de regularización se estableció mediante Decreto Supremo No. 010-2020-IN[5] y tuvo como producto el otorgamiento del Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), el cual pudo beneficiar a toda persona migrante que se encontrase en situación irregular, ya sea porque su plazo de permanencia hubiese vencido o porque no hubiese realizado el debido control migratorio.
Por último, la Resolución No. 000109-2023-MIGRACIONES de la Superintendencia Nacional de Migraciones (en adelante, Migraciones) prorrogó excepcionalmente la vigencia del CPP hasta el 10 de noviembre del año pasado, marcando el fin de los procesos de regularización migratoria instaurados en Perú. Así, a la fecha, no existen mecanismos disponibles que faciliten la residencia regular de las personas migrantes en el país; ello, aunado a las modificaciones en la normativa migratoria recientemente adoptadas, puede tener el efecto de que esta población se vea más expuesta a situaciones de vulnerabilidad como discriminación y falta de acceso a servicios básicos.
Modificaciones a la normativa migratoria
En los últimos meses, se han aprobado una serie de modificaciones de corte securitista a la normativa que regula la gestión migratoria en Perú. En ese sentido, en noviembre de 2023, días después de finalizado el último proceso de regularización migratoria, se aprobó el Decreto Legislativo No. 1582[6] que modificó diversas disposiciones del Decreto Legislativo de Migraciones.
Entre tales modificaciones, puede mencionarse la adición de un nuevo supuesto para el impedimento de ingreso de personas extranjeras al territorio nacional, consistente en la falta de cancelación de multas impuestas como consecuencia de un procedimiento sancionador por infracción a la normativa migratoria. Asimismo, se estableció, como obligación adicional de los servicios de hospedaje, el brindar acceso a las instalaciones de los establecimientos, “a efectos de realizar acciones de verificación y fiscalización en cumplimiento de la normativa migratoria vigente”.
Del mismo modo, resalta particularmente la creación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que faculta a Migraciones para sancionar con medida de expulsión a “extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular por ingresar al país sin realizar el control migratorio de conformidad con la normativa vigente” (artículo 58.1.d del Decreto Legislativo de Migraciones) y “extranjeros que realicen actividades que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana” (artículo 58.1.f del Decreto Legislativo de Migraciones). Al respecto, siendo que el PASEE se desarrolla en una audiencia única dentro del plazo máximo de 24 horas contabilizadas desde la retención administrativa, se ha cuestionado las posibles afectaciones que, por su carácter sumario, podrían producirse a las garantías del debido procedimiento[7].
En cuanto a su aplicación, según Migraciones vía solicitud de acceso a la información pública, desde enero hasta junio de 2024 se han registrado 651 medidas de expulsión, siendo la Jefatura Zonal de Tumbes en la que se ha seguido un mayor número de procedimiento con conclusión sancionatoria.
| Jefatura Zonal | Cantidad de procedimientos por conclusión final sancionatorio (enero a junio de 2024) |
| Arequipa | 35 |
| Callao | 8 |
| Chiclayo | 15 |
| Cusco | 19 |
| Iquitos | 32 |
| Lima | 4 |
| Piura | 106 |
| Puerto Maldonado | 14 |
| Puno | 1 |
| Tacna | 24 |
| Trujillo | 77 |
| Tumbes | 316 |
| Total | 651 |
Fuente: Jefaturas Zonales de Migraciones
Las disposiciones descritas, en su conjunto, refuerzan un enfoque de mayor control y fiscalización de los flujos migratorios. Al mismo tiempo, generan preocupaciones sobre la posible criminalización de la migración irregular y el impacto que estas medidas puedan tener en los derechos fundamentales de los migrantes, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Reflexiones finales
El panorama migratorio actual en el Perú plantea nuevos desafíos producidos por la ausencia de mecanismos de regularización y la adopción de medidas restrictivas en la gestión de la migración. Si bien la implementación de normativas tales como el Decreto Legislativo No. 1582 busca fortalecer la seguridad nacional, es también cierto que aumenta el grado de exposición de personas migrantes a situaciones de vulnerabilidad.
El escenario se torna aún más complejo a la luz de un posible incremento en los flujos migratorios de personas venezolanas, en atención de los últimos resultados electorales en ese país. En ese sentido, resulta esencial que las futuras acciones de control migratorio logren equilibrar el enfoque de seguridad del Estado con el respeto a los derechos humanos; en esa línea, es crucial evaluar la posibilidad de reintroducir procesos de regularización migratoria que garanticen la protección de los derechos humanos y faciliten la integración de los migrantes.
(*) Consultora del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
[1] De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), a junio del 2024, en el Perú reside el segundo mayor número (1,542,004) de personas refugiadas y migrantes venezolanas. Véase en: https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-may-2024
[2] Asamblea General de las Naciones Unidas (2023). Formas de ampliar y diversificar los mecanismos y programas de regularización para mejorar la protección de los derechos humanos de los migrantes. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales. https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5326-how-expand-and-diversify-regularization-mechanisms-and
[3] Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2021). Estudio regional: Programas y procesos de regularización migratoria. https://programamesocaribe.iom.int/sites/default/files/estudio_regional._programas_y_procesos_regularizacion._web.pdf
[6] Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2234429-1
[7] Ramos, G. y L. Pebe (2023). Derechos de las personas migrantes: reflexiones en torno a las recientes modificaciones normativas en materia migratoria https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/derechos-de-las-personas-migrantes-reflexiones-en-torno-a-las-recientes-modificaciones-normativas-en-materia-migratoria-28875/
