Por Sandra Gutiérrez (*)
Durante los últimos veinte años resuenan esporádicamente en el debate público y parlamentario, e incluso durante las campañas electorales, intenciones de denunciar el Pacto de San José de Costa Rica [1], suscrito por el Perú en 1978, ya sea porque se lo considera un impedimento para la aplicación de la pena de muerte o por desacuerdos con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La reciente aprobación en segunda votación de un proyecto de ley que propone la creación de una Comisión de alto nivel para plantear reformas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos despierta el temor de que estos intentos se materialicen en un contexto en el que se califica al Perú como un régimen híbrido [2] por segundo año consecutivo y en el que la población tiende a apoyar medidas como la pena de muerte debido al aumento de la inseguridad ciudadana [3].
Durante el actual período legislativo (2021-2026), los partidos Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular han planteado proyectos de ley que proponen el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. El legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó la propuesta más reciente argumentando que el Estado peruano no debería estar sujeto a la jurisdicción de un órgano extranjero. A este proyecto de ley se suman los presentados por los congresistas Segundo Montalvo (Perú Libre), Wilson Soto (Acción Popular) y el legislador no agrupado Ilich López [4]. Ninguna de esa propuestas prosperó; sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación un texto sustitutorio a dichos proyectos de ley [5], el cual propone la creación de la Comisión de alto nivel para plantear reformas al SIDH.
Esta autógrafa de ley dispone en su artículo 1 que esta Comisión elabore propuestas de reforma a los instrumentos que regulan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos orientadas a establecer mecanismos de transparencia y equidad sobre la conformación, forma de elección y funciones de sus órganos, que garanticen su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Estas propuestas, según el artículo 5, serán enviadas al poder Ejecutivo para que sean presentadas al secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El texto prescribe que “si en el plazo de 180 días calendario no se implementan o se recibe una respuesta satisfactoria, el Poder Ejecutivo deberá evaluar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme a sus facultades constitucionales por convenir al interés nacional” (artículo 13) [6].
Si bien es potestad del poder Ejecutivo dirigir la política exterior, la actual alianza entre el poder Legislativo y Ejecutivo [7], y la tendencia de la coalición gobernante a vulnerar los derechos humanos, puede llevar a pensar que el poder Ejecutivo no se opondrá al avance de estos proyectos de ley que proponen la denuncia del Pacto de San José.
En medio de estos debates y propuestas legislativas, es fundamental reflexionar sobre el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos y la importancia de la Corte IDH como un sistema de protección de derechos supranacional. Por ello, la decisión de denunciar el Pacto de San José podría tener repercusiones significativas en la protección de los derechos de sus ciudadanos. Entonces, es crucial un diálogo informado que considere las complejidades inherentes a la situación y que las autoridades actúen con responsabilidad considerando el impacto a largo plazo que sus decisiones podrían tener en la integridad democrática y el compromiso del país con los valores universales de los derechos humanos.
(*) Asistente del área de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP
[1] Lo cual implica la salida del Estado peruano de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
[2] Democracy Index – The Economist
[3] Según la encuesta de IEP (Enero, 2023), el 72% de los peruanos desea que se incluya en la Constitución “que haya pena de muerte para delitos muy graves”. Ver en: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/01/Informe-IEP-OP-Enero-I-2023.-Informe-completo-version-final.pdf
[4]Estos proyectos eran el N° 2014/2021-CR que propone una reforma constitucional para incluir la pena de muerte para los delitos de violación sexual de niños, niñas y adolescentes, el N° 3494/ 2022-CR que propone denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos para restituir la pena de muerte y devolver la soberanía al Estado peruano, el N° 5216/2022-CR que propone la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, el N° 5303/2022-CR que propone el procedimiento de propuesta para jueces, jueces ad hoc y comisionados de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y el N° 5582/2022-CR que propone declarar de interés nacional la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Ver en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTUxODEy/pdf
[5] Ver en: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTU5Nzk4/pdf
[6] Idem
[7] Ver en Coronel, O. (2024). “La alianza autoritaria que gobierna el Perú”. Disponible en: https://www.nuso.org/articulo/coalicion-autoritaria-peru-boluarte/
