Por Víctor Manuel Quinteros (*)
Al culminar el año 2025, el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED)[1] puso de manifiesto una dura realidad que desbarata cualquier narrativa de éxito previo: el año cerró con 20,947 denuncias por desaparición. En comparación con las denuncias presentadas en el 2024 (17,737), el incremento ha sido de 3,210 denuncias, un repunte significativo que rompe la tendencia de reducción sostenida de denuncias entre los años 2022 y 2024. Tal reducción, a modo de logro, era presentada como resultado de las acciones de prevención realizadas en ese periodo, según el último Informe Anual 2024 de la Comisión Multisectorial Permanente para el Fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CFORDES)[2].
Sin embargo, más allá de este preocupante aumento de denuncias, el problema de fondo sigue siendo la poca fiabilidad del RENIPED al mantenerse las mismas inexactitudes y desactualizaciones alertadas en análisis previos[3]. En definitiva, la proporción entre denuncias por desaparición y personas ubicadas sigue siendo prácticamente la misma: Sólo en el 54% de casos se reporta el hallazgo de la víctima, con lo cual el escenario actual resulta equiparable al descrito a partir del Diagnóstico sobre el Fenómeno de la Desaparición de Personas publicado por el Ministerio del Interior en 2023. Puede concluirse que el RENIPED sigue acumulando data, pero no depura ni actualiza su información.
De tomar las cifras oficiales como ciertas —a pesar de sus evidentes inconsistencias— tendríamos que asumir que, de las denuncias por desaparición presentadas entre los años 2021 y 2025, un total de 47,196 personas continúan en situación de desaparecidas, lo que representa un promedio anual de personas «no ubicadas» superior a las 9,000. Esto implicaría una efectividad en la búsqueda muy inferior a la de otros referentes internacionales, como España o Ecuador, que superan el 90% de personas ubicadas, por lo menos al cierre del año 2024. Tomando como real aquella cifra acumulada de víctimas de desaparición, estaríamos ante una tragedia humanitaria incluso mayor a la registrada en el periodo de violencia de 1980 a 2000, cuyo registro de desaparecidos al mes de setiembre de 2025 era de 22,684 personas[4]. En definitiva, estamos ante una grave negligencia administrativa que nos impide ver la real dimensión del problema, persistiendo la gran interrogante sobre el número total de desaparecidos en el Perú.
No obstante, la data disponible del RENIPED no deja de ser preocupante. Al finalizar 2025: el porcentaje de mujeres ubicadas no experimenta mejora (pasó del 59% al 58%), el porcentaje de menores de hasta los 5 años de edad ubicados se mantiene reducido (31%), el porcentaje de desaparecidos en edad adolescente sigue siendo mayoritario (48%) y, lo más grave, el número de personas ubicadas sin vida ha aumentado de 168 a 235. Con ello, el sistema no solo fue ciego, también fue menos eficaz para salvar vidas.
Hacia una Estrategia Nacional
Frente a este escenario, queda claro que las medidas aisladas no bastan, más aún, si estas parecieran concentrarse en la acción más inmediata policial y difusas tareas de prevención cuyos resultados parecieran poco satisfactorios según los parámetros de evaluación de la propia CFORDES. Superar las deficiencias del sistema actual amerita generar una verdadera institucionalidad en torno a la búsqueda de personas desaparecidas, siempre bajo el liderazgo técnico de la CFORDES y la rectoría del Ministerio del Interior, pero bajo el necesario marco de una Política multisectorial o Estrategia Nacional que articule el trabajo bajo tres ejes o componentes básicos.
En primer lugar, a) Búsqueda inmediata e investigación. En tanto, el sistema debe asegurar una respuesta policial óptima dentro de las primeras 72 horas de denunciada la desaparición, tiempo en que la probabilidad de encontrar a la víctima con vida es mayor. En esta línea, deben consolidarse los esfuerzos para garantizar que el trabajo y despliegue de la Policía Nacional cuente con la oportuna y efectiva cooperación de todas las entidades públicas y privadas involucradas en las acciones de búsqueda, incluidas las empresas proveedoras de telefonía celular. Y en lo que respecta a la acción coordinada entre Policía Nacional y el Ministerio Público, garantizar que los esfuerzos de búsqueda de aquella no se detengan o suspendan aun cuando la fiscalía asuma competencia para determinar las responsabilidades penales asociadas al delito asociado.
En segundo lugar, b) Fiabilidad del registro y herramientas tecnológicas. Recursos indispensables para asegurar la calidad y funcionalidad de la data. Un registro impreciso, desactualizado e inconsistente no sirve para tomar decisiones, menos para buscar personas, objetivo que tampoco podría alcanzarse sin mecanismos tecnológicos que aseguren una fluida producción, intercambio y difusión de la información (alertas, contenidos web y registros asociados). Por consiguiente, es imperativo depurar el RENIPED y dotar a los operadores de recursos tecnológicos adecuados e interoperables, y presupuesto que lo permita, para garantizar una búsqueda eficaz, oportuna y con potencial de éxito.
Por último, c) Generación de conocimiento, participación y prevención. La información no debe convertirse en estadística muerta; más bien, debe servir para identificar y analizar patrones criminales, detectar rutas de trata o la posible acción de depredadores seriales o similares. Si bien los casos no resueltos dentro de las 72 horas, los “antiguos”, analizados por separado, pueden tener información insuficiente, su análisis en conjunto podría arrojar nuevas pistas o insumos útiles para las tareas de búsqueda. La búsqueda nunca termina, al igual que la expectativa de encontrar con vida a la víctima; por eso es deber del Estado atender los casos “antiguos” y brindar espacios de atención y participación a los familiares de las víctimas, haciéndolos parte del proceso de búsqueda. Ese mismo uso estratégico de la información también puede favorecer el diseño y planificación de las acciones de prevención, favoreciendo una mayor eficacia en sus resultados.
Mientras no sepamos quiénes son y a cuántos buscamos realmente, la pregunta persistirá: ¿dónde están? Y sin política o marco de planificación que organice y oriente el trabajo de la CFORVES, otra pregunta adquirirá el mismo nivel de exigencia: ¿cómo buscarlos? Frente al escenario planteado, el mismo que se repite año tras año, la falta de respuesta a esta última interrogante no solo equivale a negligencia, sino también a falta de humanidad.
(*) Exdirector general de Seguridad Democrática del MININTER. Exdirector de Registro e Investigación Forense y director general (e) de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del MINJUSDH. Coordinador de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP.
[1] Data del RENIPED. Última revisión al 20 de enero de 2025.
[2] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7777011/6569026-informe-anual-2024.pdf?v=1741971129
[3] En ¿Cuántos son y dónde están? Las personas desaparecidas y una búsqueda sin respuestas: https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/cuantos-son-y-donde-estan-las-personas-desaparecidas-y-una-busqueda-sin-respuestas/
[4] Reporte Estadístico N° 7. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
