Por Mario Cépeda (*), Álvaro Miñán (**) y Mercedes Figueroa (***)
El ejercicio de hacer memoria y construir narrativas sobre el pasado compuestas de recuerdos y olvidos que nos permiten entender el presente y proyectar el futuro, no solo es un acto individual, sino también un proceso colectivo. El ejercicio de la memoria es un quehacer humano, una forma de expresar nuestra dignidad y, por lo tanto, un derecho de todas las personas.
Por ello, en el Día de los Derechos Humanos recordamos este ejercicio como un derecho que garantiza el reconocimiento de las víctimas, la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, y la prevención de nuevas atrocidades en el futuro, como señaló Salomón Lerner Febres en su discurso de entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en agosto de 2003[1].
Así mismo, como lo subraya la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas[2], este derecho implica la facultad de las personas y las comunidades de recordar, preservar y transmitir los hechos del pasado, especialmente aquellos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, conflictos armados, dictaduras y genocidios. El derecho humano a la memoria es, por tanto, clave para construir una sociedad más justa y segura para todas las personas; sin embargo, a pesar de dos décadas de procesos de verdad en el Perú, la justicia y la seguridad parecen ser más un ideal que una realidad para una buena parte de la ciudadanía.
Este contexto de memoria y justicia, sin embargo, se enfrenta a la realidad de que, a pesar del reconocimiento internacional del derecho a la memoria, las secuelas del pasado continúan siendo una deuda pendiente para el Estado peruano. Esta deuda se refleja en las dramáticas cifras de desaparecidos y en la persistente lucha de las familias y las organizaciones que defienden la memoria de las víctimas[3].
Así, a lo largo de cuatro décadas, han surgido en todo el país organizaciones que, desde el ejercicio de la memoria, han permitido a los familiares construir agencia política, exigir reconocimiento del Estado y adquirir conocimientos clave para la promoción y defensa de los derechos humanos en el país. Organizaciones como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET) y la Federación Regional de Afectados Víctimas por la Violencia Política de Huancavelica (FRAVIPH) comparten un objetivo común: garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado que azotó al Perú durante veinte años.
No obstante, sus trayectorias institucionales han sido diversas y no siempre han avanzado de manera paralela, articulada o en diálogo entre sí. Por ello, al hablar de las organizaciones de víctimas, no se trata de un colectivo homogéneo, sino de una rica diversidad de experiencias y saberes acumulados a lo largo de décadas de lucha.
Lamentablemente, en los últimos años vivimos en un contexto particularmente adverso para la memoria, caracterizado por el negacionismo, el terruqueo, la persecución y la impunidad, fenómenos que se han normalizado en la práctica política peruana. Ejemplo de ello son las declaraciones infames de las autoridades del Ejecutivo sobre quienes protestaron durante 2022 y 2023[4] y la denominada «ley de impunidad» aprobada por el Legislativo a mediados de 2024.[5]
Sin embargo, este escenario de crisis no debilita la lucha de las familias y las organizaciones de víctimas; por el contrario, este contexto adverso fortalece su determinación y reafirma su compromiso con la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Las familias y organizaciones de víctimas continúan desafiando el olvido y la impunidad a través de acciones individuales y colectivas. Enfrentan las adversidades con resiliencia y creatividad, construyendo narrativas que preservan la memoria y luchan contra los intentos de negacionismo, desinformación y olvido.
De esta forma, una de las labores de mayor envergadura que asumen las lideresas de las asociaciones de familiares gira en torno a la visibilización y articulación de lugares de memoria presentes en distintas regiones del país. Espacios concebidos con el propósito de mantener vigente las memorias sobre los años del conflicto y narrar la trayectoria de las asociaciones a través de la mediación y el reconocimiento de las afectaciones que vivieron, pero también de los hitos de agencia política que han desarrollado las mujeres y jóvenes integrantes de las mismas a lo largo de los últimos años.
Así, con el apoyo financiero de la Cooperación Alemana GIZ y la Red Unidas, se impulsó el proyecto: «Fortaleciendo el camino de la memoria y la paz: Rutas por la Memoria»[6], el cual involucró la participación activa de ANFASEP (Ayacucho) y ANFADET (Lima). En esta iniciativa, las lideresas nos permitieron explorar sobre sus prácticas comunicativas de incidencia en la esfera pública orientadas hacia la vigencia de las memorias de nuestra historia reciente, reivindicación de justicia y de reparación.
Como uno de los hallazgos se resalta que las estrategias comunicacionales y de relacionamiento con públicos clave varían de una asociación a otra en función de su actual capacidad organizativa y de su trayectoria y experiencia en la gestión de las mismas. Cada asociación de familiares de víctimas destaca por sus particularidades; es decir, por los medios, espacios y canales de comunicación para incidir en la arena pública y por los recursos que emplean para la gestión de los espacios de memoria a su cargo.
Los liderazgos de la ANFASEP y la ANFADET sobresalen por su trabajo sostenido con actores clave de distintos sectores de la sociedad, así como una estrategia de comunicación comunitaria y de incidencia política adaptados a cada uno de estos actores. Así, se ha logrado una articulación constante con entidades públicas como el Ministerio de Justicia a través de la CMAN y la DGBPD, así como agencias de cooperación internacional, la academia, ONGs y medios de comunicación tradicionales y alternativos, lo que les ha permitido impulsar sus objetivos y difundir la labor que realizan en sus respectivas localidades.
Es pertinente mencionar que la ANFASEP (Ayacucho), como una de las organizaciones de mayor trayectoria, presenta prácticas comunicativas de incidencia más desarrolladas, debido a sus más de 40 años de recorrido como organización y una serie de vínculos nutridos con distintos actores, lo que les ha permitido posicionarse como una de las organizaciones de la sociedad civil más sólidas en el trabajo por la memoria colectiva.
Asimismo, es remarcable el trabajo que vienen realizando con las instituciones educativas, ya que sus autoridades y los estudiantes de nuevas generaciones cumplen un rol fundamental en la vigencia de la memoria del conflicto armado interno. Sin duda, los espacios que custodian y las actividades que realizan también fuera de estos cumplen la enorme labor de una pedagogía de la memoria para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En el mejor de los casos, estos centros educativos incluyen las visitas periódicas a las instalaciones de los espacios de memoria como una práctica institucionalizada.
Adicionalmente, los museos itinerantes y actividades culturales que realizan las madres de ANFASEP de la mano del equipo de voluntarias y voluntarios ponen en evidencia la importancia de la cultura viva comunitaria como mecanismos de resiliencia y memoria colectiva. Sumado a esto, el desarrollo de contenido para las nuevas plataformas digitales permite a las asociaciones interactuar, a través de nuevos formatos, con públicos más amplios, entre ellos las y los jóvenes.
Por otro lado, el proyecto «Fortaleciendo el camino de la memoria y la paz: red por memoria» llevado a cabo con el apoyo de la University of British Columbia (Canadá) resalta la importancia del fortalecimiento de las rutas de memoria y el intercambio de saberes entre líderes y lideresas de asociaciones de familiares de víctimas de distintas regiones. En el marco de sus actividades, tuvo lugar, entre el 8 y 9 de agosto del presente año en la ciudad de Huamanga, el “Encuentro de Saberes” entre integrantes de ANFASEP, la Federación regional de afectados y víctimas por la violencia política Huancavelica (FRAVIPH) y la Asociación de víctimas de la violencia política de la provincia de Angaraes-Lircay de Huancavelica (AVVIPAL). Este encuentro fue propuesto como un espacio de intercambio sobre las experiencias de cada asociación, considerando el desarrollo de sus propias trayectorias y desde la perspectiva de sus integrantes. Gracias al uso de metodologías colaborativas, se compartieron alcances y retos a futuro, así como se destacó la importancia de hacer memoria.
Si bien presentan particularidades en relación a su contexto cultural y al desarrollo de la violencia en sus regiones, estas asociaciones comparten los objetivos de búsqueda de justicia y verdad en relación a la desaparición de sus seres queridos. Asimismo, gran parte de sus acciones y el esfuerzo de mantenerlas en el tiempo corresponde a un homenaje y expresión de amor a sus familiares. También se enfatizó, particularmente desde las voces de los y las asistentes de Huancavelica, la importancia de lograr reparaciones materiales y simbólicas dignas, que les permitan continuar con sus proyectos de vida y los de sus hijos e hijas. Para ello, se consideró fundamental el cumplimiento de las leyes que se han logrado aprobar a lo largo de las décadas, como la Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas (1980-2000) y Decreto Legislativo Nº 1398 que crea el Banco de Datos Genéticos (BDG)[7].
Resulta pertinente destacar una gran diferencia entre las experiencias de organización en Ayacucho y en Huancavelica: su tiempo de conformación. Mientras ANFASEP cuenta con más de 40 años de trayectoria y se ha posicionado como un caso emblemático, FRAVIPH y AVVIPAL se han conformado durante la primera década del siglo XXI. Eso posiciona una gran distancia entre los caminos recorridos y por ello, entre sus aprendizajes y experticia. Mientras las integrantes de ANFASEP identificaron aspectos sobre los cuales proponer acciones y hacer recomendaciones a sus compañeros huancavelicanos, las y los integrantes de FRAVIPH y AVVIPAL destacaron las enseñanzas que la experiencia ayacuchana proporcionaba para orientar sus propias acciones y motivar proyectos a futuro.
Un aspecto que llamó particularmente la atención fue el reconocimiento del otrora cuartel Los Cabitos como el Santuario de la Memoria de La Hoyada. La reconfiguración material y simbólica del espacio, así como la resignificación de un centro de detención, tortura y muerte en uno de conmemoración y homenaje a los familiares ausentes de las asociadas de ANFASEP fueron, para los integrantes de FRAVIPH Y AVVIPAL, una de las mayores expresiones de la agencia e incidencia política de la experiencia ayacuchana. Las preguntas que se plantearon y las conversaciones entre las y los asociados de diferentes regiones, el interés sobre el proceso seguido y las dificultades afrontadas para lograr dicha instalación dio cuenta de dicho impacto positivo.
En ese sentido, a partir de la experiencia del “Encuentro de Saberes” y de las entrevistas individuales realizadas posteriormente a este, se puede afirmar que estos espacios propician aprendizajes a partir del intercambio y la retroalimentación de las acciones y los alcances logrados. Estos espacios de encuentro generan, finalmente, posibilidades de transferencia de conocimiento y reafirman la importancia del trabajo colectivo. Así, la experiencia particular de este encuentro sienta las bases para futuros intercambios con miras a fortalecer estas organizaciones y sus legados a futuro.
En una sociedad con heridas abiertas por una fallida posguerra (Degregori, 2015), donde las memorias se dividen, persiste una violencia estructural y dónde resurgen discursos fundamentalistas en contra de los derechos humanos, resulta vital contribuir a la labor que vienen realizando las asociaciones de familiares de víctimas por rescatar el derecho a la memoria, ya sea a través de los espacios de memoria que custodian y en otros espacios de educación formal y no formal, así como en espacios de encuentro e intercambio de saberes que permitan poner en común narrativas, alcances y retos a futuro en el trabajo colectivo sobre la memoria en su diversidad.
(*) Docente PUCP e investigador especialista en temas de memoria.
(**) Asistente de investigación del IDEHPUCP.
(***) Docente e investigadora PUCP.
Referencias:
Amnistía Internacional (2023). Perú: Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú. https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/6761/2023/es/
Decreto Legislativo Nº 1398 que crea el Banco de Datos Genéticos (BDG). https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1689445-1
Degregori, Carlos Iván. 2015. Heridas abiertas, derechos esquivos: Derechos humanos, memoria y Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Instituto de Democracia y Derechos Humanos (2024). La coalición de la impunidad. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/editorial-la-coalicion-de-la-impunidad/
Instituto de Democracia y Derechos Humanos (2024). Proyecto Fortaleciendo el camino de la memoria y la paz: Rutas por la Memoria. https://idehpucp.pucp.edu.pe/proyectos/fortaleciendo-el-camino-de-la-memoria-y-la-paz-rutas-por-la-memoria/
Lerner, S. (2003). Discurso de presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. https://cverdad.org.pe/informacion/discursos/en_ceremonias05.php
Ley N° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas (1980-2000). https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30470.pdf
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2023). Reporte Estadístico N.º 3 Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro. https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/4618954-reporte-estadistico-n-3-registro-nacional-de-personas-desaparecidas-y-de-sitios-de-entierro
[1] El discurso puede ser consultado en el siguiente enlace: https://cverdad.org.pe/informacion/discursos/en_ceremonias05.php
[2] Al respecto, consultar el siguiente enlace: https://www.refworld.org/es/ref/inforanual/agonu/2017/es/118203
[3] Hasta noviembre de 2023, el último informe estadístico del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro contabilizaba 22,552 personas desaparecidas entre 1980 y 2000. Esta cifra representa una catástrofe humanitaria para el Perú, una tragedia que, tras más de cuarenta años, sigue siendo una herida abierta y una deuda pendiente hacia miles de familias peruanas (Ministerio de Justicia, 2023).
[4] Al respecto, se puede consultar el informe de Amnistía Internacional en el siguiente enlace: https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/6761/2023/es/
[5] Una reflexión sobre esta ley en el siguiente enlace: https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/editorial-la-coalicion-de-la-impunidad/
[6] Al respecto puede consultarse a mayor detalle el proyecto en el siguiente enlace: https://idehpucp.pucp.edu.pe/proyectos/fortaleciendo-el-camino-de-la-memoria-y-la-paz-rutas-por-la-memoria/
[7] Al respecto, pueden consultarse los siguiente enlaces: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30470.pdf y https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1689445-1
