Por Alejandra Hidalgo (*)
A propósito del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre, es relevante llamar la atención sobre la desventaja de las mujeres rurales frente a las mujeres urbanas con respecto a los índices de pobreza monetaria y alfabetismo. Según estimaciones del INEI (2023)[1], el 17,4% de la población reside en el área rural del Perú y, de este porcentaje, el 48.3%, es decir cerca de 2 millones 900 mil, son mujeres. La incidencia de pobreza monetaria de las mujeres es 17 puntos porcentuales más elevada en las áreas rurales que en la urbanas y existe una significativa brecha de ingresos según género: el ingreso promedio de las mujeres rurales representa apenas el 62% del ingreso promedio de los hombres rurales. Con respecto al alfabetismo, este es cuatro veces mayor en la mujer rural que en la mujer urbana y asimismo hay una brecha considerable entre hombres y mujeres. Por otro lado, los indicadores de violencia doméstica son muy similares en ambos contextos con un 53% de mujeres rurales y un 55% de mujeres urbanas que han señalado este tipo de agresión.
Este panorama nos invita a seguir abogando por políticas públicas que busquen aliviar la pobreza monetaria, el analfabetismo y la violencia doméstica con un enfoque de género interseccional e intercultural. En el caso particular de la violencia doméstica, esta tiene distintas aristas dependiendo del contexto y en este caso se explicará la relación entre los actores estatales rurales y las mujeres ejemplificada a través del contexto andino.
Las ciencias sociales han caracterizado al Estado como excluyente, precario, ausente, arbitrario, desarticulado, con poca legitimidad y al servicio de clases poderosas (Crisóstomo, 2016[2]; Tanaka, 2010[3]). Tanaka (2010) y Dargent (2012)[4] coinciden en que se conoce poco sobre la burocracia estatal, la dinámica y lógica de las instituciones públicas, el rol estatal en la formación de identidades colectivas y la influencia de políticas estatales en la sociedad. Ambos autores señalan que este desconocimiento aumenta en los ámbitos rurales.
A pesar de dicho desconocimiento, Crisóstomo (2016) brinda algunas certezas en relación con el funcionamiento del Estado en contextos rurales andinos, específicamente en las regiones de Ayacucho y Huancavelica con respecto al tratamiento de la violencia doméstica. En primer lugar, el Estado tiene dificultades a nivel local y provincial para conocer la realidad de las personas y poder adaptarse a estas. Estos desafíos dependen de la densidad y presencia del Estado, las cuales varían entre regiones. Actualmente distintas autoridades, como fiscales, jueces o policías, emiten discursos legalistas pocos contextualizados a las realidades de nuestro país y en muchos casos no respetan los derechos lingüísticos de las mujeres, lo cual reproduce prácticas de discriminación por género y etnia. Dichas prácticas discriminatorias contribuyen a que las mujeres consideren al Estado como lejano y arbitrario, sentimiento que a su vez se fortalece por prácticas cotidianas de corrupción, insensibilidad e ineficiencia.
En segundo lugar, los funcionarios del Estado no son una entidad homogénea. Algunas autoridades y funcionarios se perciben como lejanos al Estado. Por otro lado, algunos funcionarios muestran su vocación a través de la sensibilización con mujeres y el uso de vacíos normativos para establecer prácticas informales que dialogan con las prácticas formales las cuales buscan dar una respuesta a las mujeres. Algunos ejemplos de esto se observan en prácticas como llamadas de atención a los agresores por parte de los jueces, el envío de la psicóloga forense y la médico de los puestos de salud a la comisaría y el alojamiento de mujeres de zonas rurales en los CEM para que puedan pernoctar mientras están en la ciudad. Esto nos brinda un panorama más esperanzador sobre el respeto de los derechos de las mujeres. Sin embargo, los cambios constantes de funcionarios representan un desafío que evita que se genere una continuidad en políticas locales contra la violencia y esto perpetúa la falta de capacitación y especialización. Otro reto es la falta de una política estatal que busque su capacitación en temas de violencia de género.
En tercer lugar, existe una naturalización de la desarticulación de las instituciones del Estado, lo cual se asume como un rasgo constitutivo del Estado. Podemos notar esta desarticulación entre los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y los puestos de salud de algunos distritos rurales de Ayacucho y Huancavelica. Los CEM señalan que no tienen recursos para llegar a las zonas más alejadas. Sin embargo, estos podrían apoyarse de los puestos de salud, al ser instituciones que canalizan políticas de prevención de violencia.
Las instituciones políticas y las normas creadas para atender la violencia contra las mujeres en general son relativamente nuevas y siguen en proceso de construcción y consolidación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tiene menos de 30 años y recordemos que este año el Ejecutivo propuso que este se fusione con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) [5]. Además de este posible escenario, la transversalización del enfoque de género se ha visto dificultada con la desaparición en el 2023 de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP. El mandato de esta dirección era articular la política de género con los distintos sectores y con organismos constitucionalmente autónomos. La eliminación de dicha dirección del organigrama constituye un fuerte retroceso, ya que evita el diálogo institucional del MIMP del enfoque de género. La transversalización del enfoque de género es vital para trabajar en políticas contra la violencia doméstica y esto también se relaciona con la idea de que el problema de violencia de género tiene que abordarse desde una lógica de prevención, para lo cual es importante seguir promoviendo e intentar alcanzar espacios de concertación con actores que se oponen a la Educación Sexual Integral (ESI).
Las desventajas que afectan a las mujeres rurales, tales como las altas tasas de analfabetismo con respecto a las mujeres urbanas, las mayores tasas de pobreza con respecto a los hombres rurales y las altas cifras de violencia doméstica que se evidencian en ámbitos rurales y urbanos, son clara muestra de la importancia de seguir trabajando con un enfoque de género interseccional e intercultural. La transversalización del enfoque de género del MIMP debería ser restaurada y la fusión del MIMP y MIDIS debería ser descartada. Sin embargo, esto no releva al MIMP, así como a otros actores estatales, de la obligación de preguntarse de qué manera pueden seguir acercándose a las ciudadanas rurales teniendo en cuenta que muchas leyes, normas e instituciones no están ideadas para atender a las mujeres en el contexto diverso que nos caracteriza.
(*) Investigadora del área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
[1] INEI. (2023). Situación de la mujer rural, 2022.
https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/5052253-situacion-de-la-mujer-rural-2022
[2] Crisóstomo, M. (2016). Violencia contra las mujeres rurales: una etnografía del Estado Peruano. Cuaderno de trabajo N°34. Lima, PUCP.
[3] Tanaka, M. (2010). El Estado, viejo desconocido: visiones del Estado en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp.10-46.
[4] Dargent, E. (2012). El Estado en el Perú: una agenda de investigación. Lima, PUCP.
