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Análisis 11 de febrero de 2025

Por Paola Miranda y Daniela Pulido (*)

El lunes 20 y el martes 21 de enero se llevó a cabo el diálogo interactivo entre el Estado peruano y el Comité de los Derechos del Niño (el Comité) en Ginebra, a fin de que este último evalúe los progresos realizados por el Estado en materia de niñez y adolescencia en los últimos once años. A continuación, se presenta un análisis del proceso de revisión, los logros destacados por el Estado y los cuestionamientos más relevantes formulados por el Comité.

  1. Las revisiones periódicas del Comité

De acuerdo con el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), los Estados Parte deben presentar cada cinco años un informe ante el Comité detallando las medidas adoptadas para garantizar los derechos reconocidos en la CDN. Sin embargo, el Estado peruano, que forma parte de la CDN desde 1990, ha mostrado un preocupante patrón de incumplimiento desde su último informe presentado en 2013, postergando su evaluación internacional por más de una década.

La reciente revisión se inició en 2024 con la presentación del informe conjunto[1] del Estado ante el Comité y de los informes alternativos[2] de organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto, se programó el diálogo interactivo, en el que la delegación peruana estuvo encabezada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández[3]. Las dos sesiones de diálogo se realizaron públicamente[4] y comenzaron con la declaración de la ministra, a la que siguieron dos rondas de preguntas del Comité[5] y respuestas de la delegación peruana[6], tanto en Ginebra como en forma remota desde Lima.

Posteriormente, el Comité realiza su análisis a puertas cerradas sobre la base del diálogo sostenido con el Estado y los informes presentados, a fin de aprobar el documento de Observaciones finales que contiene el listado de recomendaciones que el Estado debe atender para garantizar el cumplimiento de la CDN[7]. Con esto concluye la revisión. Las recomendaciones emitidas serán materia del siguiente ciclo de evaluación.

  1. Logros destacados por la delegación peruana

La ministra resaltó que el informe presentado ante el Comité incorpora las voces de NNA a través de los Consejos Consultivos en el país (CCONNA)[8]. Asimismo, mencionó avances legislativos importantes  como la Ley de Promoción del Uso Seguro de Tecnologías para la protección de menores en entornos digitales; la Ley que prioriza el interés superior del niño en procesos judiciales; el Decreto Legislativo para la protección de menores sin cuidados parentales; el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, enfocado en la rehabilitación; la Ley que prohíbe el matrimonio infantil; y la Ley que establece medidas para la atención de niños y adolescentes desaparecidos.

En materia de políticas públicas, destacó la aprobación de la Política Nacional Multisectorial para la Niñez y Adolescencia al 2030, así como la implementación de programas como Ponte en Modo Niñez y Prevenir para Proteger, este último lanzado en 2024 como una estrategia multisectorial para combatir la violencia sexual contra menores. También resaltó el programa Wasi Mikuna (creado para reemplazar a Qali Warma tras las denuncias de malos manejos formuladas contra este) el cual tiene como objetivo fortalecer la nutrición escolar y garantizar la seguridad alimentaria en zonas rurales y de extrema pobreza. Además, mencionó la implementación de planes específicos como el Plan de Acción Intersectorial contra la Violencia Sexual en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.

Por otro lado, informó sobre los incrementos presupuestales en educación y salud y adelantó que su ministerio conformará un grupo de trabajo para analizar la asignación y ejecución del gasto público en NNA, además de la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado. También señaló los Ministerios de Cultura y de Justicia y Derechos Humanos están elaborando coordinadamente un informe sobre discriminación y xenofobia.

  1. Serios cuestionamientos del Comité

El Comité inició su intervención con una pregunta categórica: ¿el Ejecutivo está realmente comprometido con una agenda de derechos para la niñez y adolescencia? Este cuestionamiento puso en duda el rol del gobierno, señalando su pasividad ante proyectos de ley que atenta abiertamente contra la CDN, como la reducción de la edad de responsabilidad penal. Asimismo, el Comité criticó el bajo nivel de inversión en la protección de los NNA, advirtiendo que, a pesar de los incrementos presupuestales mencionados por el Estado, apenas el 1% de estos recursos se destina a medidas de protección especiales contra la violencia, el abuso, la explotación sexual y la participación de NNA en la toma de decisiones.

El órgano también expresó su alarma ante la creciente violencia y vulnerabilidad de niñas y adolescentes, en particular, debido a los casos de trata y abuso sexual en Madre de Dios, la contratación de docentes acusados ​​de delitos sexuales, el preocupante aumento de embarazos en niñas de 11 a 14 años y la ausencia de una implementación efectiva de la educación sexual integral. Además, cuestionó el incumplimiento de las medidas de reparación en el caso Camila[9], exigiendo respuestas sobre cuánto más tendrá que esperar la víctima para ser indemnizada y cuántas niñas más deberán sufrir antes de que el aborto terapéutico sea garantizado en casos de violación. En la misma línea, el Comité manifestó su preocupación por la falta de cumplimiento de las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Oroya, advirtiendo que el riesgo de intoxicación por contaminación ambiental sigue latente en varias ciudades del país.

El tema de la violencia y el abuso sexual fue central en el debate, ya que el Comité evidencia que los NNA en Perú enfrentan agresiones físicas en sus hogares, abuso sexual en sus escuelas, las calles e incluso dentro de instituciones religiosas. La pregunta formulada al Estado fue contundente: ¿dónde están seguros los NNA en el Perú? Aunque reconoció la reciente prohibición del matrimonio infantil, el Comité manifestó su preocupación ante la persistencia de uniones de hecho con niñas y adolescentes, una laguna normativa que sigue poniendo en riesgo sus derechos. Otro tema que generó conmoción fue la muerte de niños en las protestas de 2022, ante lo cual el Comité exigió conocer las acciones que está tomando el Estado para investigar y sancionar estos hechos.

Frente a estos graves señalamientos, la ministra reconoció que la niñez en el país es víctima de una discriminación estructural dentro de una sociedad que sigue otorgando menor valor a sus derechos en comparación con los de los adultos. Finalmente, el Comité cerró el diálogo con una advertencia enfática: “no pueden darse el lujo de seguir postergando a la infancia”, y quedó a la espera de las respuestas escritas del Estado a muchas de sus preguntas que quedaron sin respuesta a fin de tenerlas en cuenta al momento de emitir su informe de recomendaciones.

  1. Breves conclusiones

La reciente evaluación del Estado peruano ante el Comité expuso una preocupante brecha entre las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y la realidad que enfrentan NNA en el país. El Comité dejó en evidencia que los esfuerzos del Estado son insuficientes y, en muchos casos, meramente simbólicos. La falta de rendición de cuentas en los plazos establecidos, las respuestas evasivas del Estado y la ausencia de medidas efectivas para combatir la violencia sexual, la trata y la impunidad en casos emblemáticos, como el de Camila, reafirman la necesidad de un compromiso real con los derechos de la niñez y adolescencia.

Si bien el reconocimiento sobre la discriminación estructural que afecta a la niñez es un paso importante por parte del Estado, es urgente pasar del discurso a la acción con políticas concretas y presupuestos adecuados. Sin embargo, el gobierno parece más enfocado en promover una visión restringida de los derechos humanos. Prueba de ello es la reciente creación de una Maestría en Derechos Humanos dirigida a quienes “defienden la patria y la ley sin ideologías violentas”[10], un enfoque que pone en entredicho el verdadero compromiso estatal con la garantía de derechos, en particular de NNA. Mientras tanto, la pregunta del Comité, “¿Dónde están seguros los NNA en el Perú?” es un recordatorio de que la infancia sigue siendo postergada en el país.

(*) Integrantes del Área Académica del IDEHPUCP


[2] Consultar los informes de sociedad civil en el siguiente link: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx

[3] Es preciso anotar que la representación del Estado estuvo conformada únicamente por representantes del Poder Ejecutivo, siendo notoria la ausencia de miembros de los poderes Legislativo y Judicial. Esto cobró especial relevancia en tanto gran parte de las preguntas estaban orientadas a estos dos poderes del Estado.

[4] Video del primer día de diálogo interactivo: https://webtv.un.org/es/asset/k1z/k1z13gin5r

Video del segundo día de diálogo interactivo: https://webtv.un.org/es/asset/k1j/k1j28io1nk

[5] Las rondas de preguntas fueron iniciadas por Luis Pedernera, integrante del Comité y Presidente del Grupo de Trabajo encargado de estudiar la situación del país.

[6] La delegación peruana estuvo integrada por destacados funcionarios, entre ellos Herberth Ulises Cuba García, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, Carmen Milagros Velarde Koechlin, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y Oscar Andrés Alva Arias, director de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.

[7] A la fecha de publicación de la presente nota, el Comité ha publicado sus Observaciones Finales al Estado peruano, que serán motivo de análisis en una segunda nota. Pueden revisar el documento en su versión inglés: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2770&Lang=en