Escribe: Sandra Quiliche Arévalo (*)
En el 2018, la violencia contra las mujeres fue reconocida por el Secretario General de las Naciones Unidas como una “pandemia mundial”[1]. Esta situación se ha exacerbado durante la emergencia sanitaria producida por el COVID – 19, debido a que se han agravado los riesgos negativos para la salud y el bienestar de las personas que ya vivían en situaciones vulnerables.[2]
Estos riesgos afectan a hombres y mujeres de diferentes maneras. De manera particular, la pandemia agrava las desigualdades de género existentes para mujeres y niñas y puede afectar la forma en que son tratadas y atendidas. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en épocas de crisis las mujeres y niñas pueden enfrentar un riesgo más elevado de ser víctimas violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia como resultado de las tensiones crecientes en el hogar, a su vez, enfrentan mayores riesgos de otras formas de violencia de género, incluidas la explotación y el abuso sexual en estas situaciones[3].
En Perú, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante el 2020, las llamadas a una línea directa nacional para víctimas de violencia doméstica y sexual aumentaron entre marzo y fines de julio, periodo en el que se implementó la cuarentena total en el país. En dicho periodo el total de llamadas recibidas fue de 104.000, cifra que representa más del doble de las llamadas recibidas durante el mismo período del año anterior.[4]
En relación con ello, el 2015 se creó un Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 2021 con la finalidad de formular e implementar políticas preventivas y mecanismos de acción territoriales desde un enfoque interseccional. No obstante, uno de los casos de violencia de género que no ha sido incluido en este Plan es la desaparición privada de mujeres, niñas y adolescentes.
Es útil observar la distinción entre las desapariciones forzadas y las desapariciones privadas. En los casos de desaparición forzada el sujeto que llevó a cabo la desaparición es un representante del Estado, una persona o un grupo que actúa con autorización y/o consentimiento de un representante del Estado. Esta forma de desaparición ocurre de manera común en los contextos de conflicto armado externo o interno y de dictadura. Por otro lado, las desapariciones privadas responden específicamente a dinámicas derivadas de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, como las causas y consecuencias de la violencia de género. Es decir, en este caso la desaparición privada está relacionada con una serie de delitos como la trata de mujeres con fines de explotación sexual, feminicidio y violencia sexual.[5]
Las causas sociales de las desapariciones pueden ser múltiples y pueden estar vinculados a factores tanto estructurales como coyunturales. Para el caso peruano se ha identificado que la principal causa está relacionada al abandono social y la ausencia del Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido la conexión entre el feminicidio y la desaparición de mujeres. En algunos países de la región, la mayoría de los asesinatos de mujeres preceden a su desaparición. Asimismo, las mujeres en ocasiones son desaparecidas durante el proceso de la trata de personas con fines de explotación sexual.
En Perú, esto se evidencia a partir de los datos presentados por la Defensoría del Pueblo. En el 2019, se registró un total de 2,323 mujeres y niñas desaparecidas una décima parte de los 166 feminicidios habían sido catalogados inicialmente como desapariciones[6]. Para el 2020, la cifra de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas aumentó a 5,521, es decir, cerca del doble de casos de los que se registraron el año anterior. Así mismo, una cuarta parte de las mujeres víctimas de feminicidios (34 de 118) habían sido reportadas como desaparecidas, lo cual evidencia la estrecha conexión entre estas formas de violencia[7].
En la misma línea, el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (Reniped) del Ministerio del Interior señaló que durante el 2020 se denunció la desaparición de 18,481 personas, de las cuales el 64% de personas desaparecidas fueron mujeres. Sumado a ello, se señaló que entre el 2018 y el 2020 las regiones con mayor cantidad de casos fueron Lima, Cusco, Lambayeque, Junín y Arequipa[8].
Por otro lado, de acuerdo con el Reporte Igualdad y No Violencia de la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto del 2021 se han presentado un total de 3,073 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, de los cuales el 83,08% son mujeres.
¿Por qué desaparecen?
Sobre ello, se ha señalado que las causas sociales de las desapariciones pueden ser múltiples y pueden estar vinculados a factores tanto estructurales como coyunturales. Para el caso peruano se ha identificado que la principal causa está relacionada al abandono social y la ausencia del Estado. Así mismo, para el caso de menores de edad se indica que los motivos están relacionados a maltrato familiar, captación con fines de explotación, relaciones con personas desconocidas mediante internet, dificultades económicas, entre otros.[9]
Algunos estudios basados en el análisis empírico de las rutas de atención que siguen las víctimas de violencia familiar y/o sexual, con los respectivos obstáculos que enfrentan, señalan que las tres causas principales de la brecha de atención a las víctimas son la falta de capacidad estatal, la falta de coordinación entre entidades y los prejuicios que existen en los funcionarios que atienden a las víctimas. Si bien se han visto mejoras relacionadas con la capacidad y la coordinación estatal, queda pendiente hacer frente a los prejuicios que existen entre funcionarios públicos.[10]
Sobre el último punto, se ha encontrado que varios funcionarios mantienen un enfoque familista, el cual pone la familia por encima de otros derechos y libertades de la víctima, generando operadores que promuevan informalmente la conciliación de la denuncia con el agresor sin contemplar el riesgo que ello implica para la denunciante.[11]
La relación entre la violencia de género y la desaparición privada de mujeres, niñas y adolescentes requiere de una atención particular bajo un enfoque de género e interseccional. Esto se ha vuelto aún más urgente en el contexto de pandemia, en el cual se ha aumentado el riesgo de las vulnerabilidades de dicha población. Se requiere de manera urgente que el Plan Nacional Contra la Violencia de Género incluya a la desaparición privada como una forma de violencia de género. Ello permitirá mayor visibilidad al problema, especializar los servicios de atención y formular políticas públicas preventivas desde un enfoque interseccional.
(*) Integrante del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos
