El Congreso de la República insiste en destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y ahora está a un paso de materializar esa intención. La Comisión Permanente ha aprobado el informe que plantea acusarlos por infracción a la Constitución e inhabilitarlos por un plazo de diez años para ejercer la función pública. De este modo, solamente falta el pronunciamiento definitivo del Pleno del Congreso para que se consume uno de los más graves atropellos contra la democracia y el Estado de Derecho de entre los muchos que ya ha perpetrado el actual Poder Legislativo.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) ha expresado en un pronunciamiento público su más firme rechazo ante esta decisión que pone en grave riesgo el balance de poderes, la autonomía constitucional de la Junta Nacional de Justicia y la independencia del sistema de justicia, bases fundamentales del Estado constitucional y democrático de derecho. Esta decisión no expresa otra cosa que una sanción política por un acto que se encuentra en el marco de las competencias constitucionales de la JNJ y que no es materia que corresponda ser procesada a través de un juicio político.
El informe aprobado por la Comisión Permanente acusa a las y los miembros de la JNJ por infracción del artículo 156, inciso 3, y del artículo 139, inciso 3, de la Constitución, por la aprobación de la Resolución N° 224-2020-JNJ, del 23 de octubre de 2020, que estableció un criterio complementario de interpretación del ordenamiento jurídico sobre los límites de edad para acceder a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Esta resolución de la JNJ contiene una motivación basada en argumentos jurídicos y técnicos que permiten descartar que se trate de un acto arbitrario e irrazonable.
Como señalamos en nuestro pronunciamiento público, la instauración de un juicio político a cargo del Congreso de la República respecto del contenido de las resoluciones de los organismos constitucionales autónomos que forman parte del sistema de administración de justicia exige actuar con extrema prudencia y criterio restrictivo. De lo contrario, como ocurre en este caso, al tratarse de una intervención basada en una discrepancia interpretativa, se afecta gravemente la autonomía constitucional de estos organismos, la independencia judicial y la separación de poderes.
La JNJ decide sobre nombramientos, ratificaciones, suspensiones y sanciones de fiscales y jueces. Asimismo, se encarga de nombrar o renovar en el cargo al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), por lo que una intervención parcializada, inconstitucional y desviada del interés general de la nación lesiona el Estado constitucional y democrático, y a su vez, el derecho ciudadano de elegir autoridades en comicios legales y con procedimientos imparciales y transparentes.
Ante esta oscura perspectiva, llamamos a la comunidad internacional a tomar nota críticamente de este proceso de demolición de la democracia en el país; exhortamos a actores fundamentales de la sociedad civil como las universidades y en particular las facultades de Derecho, los colegios profesionales, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales y otros más a pronunciarse y manifestar su rechazo ante estas medidas autoritarias, y afirmamos el legítimo derecho de la ciudadanía a manifestarse decidida y pacíficamente frente a medidas que cotidianamente destruyen la democracia.
