Foto: DIFUSIÓN.
El ciclo de protestas que se inició tras el fracasado golpe de Estado de Pedro Castillo y su destitución por el Congreso será reanudado mañana en Lima y en diversas regiones del país. Y hay que advertir desde ya contra el uso desproporcionado de la fuerza de parte del gobierno. Desde abril, cuando entraron en receso las protestas, el gobierno y el Legislativo no han mitigado sino más bien acentuado una tendencia autoritaria. Ningún reconocimiento de responsabilidades y prácticamente ninguna acción efectiva de la justicia han tenido lugar. De otro lado, diversas decisiones del Congreso han continuado con la demolición institucional del país y el desguace de la democracia. Y durante las últimas semanas, con miras a la manifestación que se inicia mañana, el gobierno ha propalado sistemáticamente un discurso que estigmatiza a las protestas e incrimina a priori a quienes participen en ellas.
Lejos de haber dado alguna señal de que cambiará su actuación frente a la movilización ciudadana, el gobierno da signos de contumacia. El primer ministro, Alberto Otárola, ha insistido a lo largo de semanas en vincular a las manifestaciones con la práctica del terrorismo. Hoy mismo la presidenta Boluarte ha hecho un pronunciamiento en el que no ha habido ninguna mención a las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno durante los primeros meses del año.
En este contexto, y cuando el gobierno y el Congreso se muestra indiferentes u hostiles a los reclamos de la sociedad civil, es importante recordarles las severas evaluaciones de su conducta pasada por importantes instancias internacionales, y las obligaciones de investigar y hacer justicia que estas señalaron y que no han sido cumplidas.
En su informe de abril titulado Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el Contexto de Protestas Sociales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, entre otras cosas, lo siguiente:
“En términos generales, la Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos. En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados (289)”.
“En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre (290)”
“Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso. De encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes. Las víctimas de violaciones de derechos humanas deben ser reparadas de manera integral (293)”.
En su Declaración del 17 de mayo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voulé, señaló:
“(…) las denuncias recibidas durante mi visita, los testimonios de víctimas gravemente heridas, los informes clínicos, los vídeos y las pruebas fotográficas, así como la proporción del número de víctimas entre manifestantes y fuerzas del orden, demostraron que la respuesta del Estado se caracterizó efectivamente por un uso desproporcionado de la fuerza”.
“Aunque condeno cualquier acto de violencia durante las protestas, pido que se realicen investigaciones rápidas e imparciales, asegurando las garantías judiciales de los acusados. Deseo reiterar que, incluso en situaciones de violencia en las protestas, la fuerza debe utilizarse proporcionalmente y como último recurso.
Por la información que recibí durante mi visita, no había elementos que indicaran que el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad respondiera a amenazas inminentes contra la vida, como estipulan las normas internacionales de derechos humanos. Por tanto, son necesarias investigaciones imparciales e independientes para esclarecer los hechos y procesar a los responsables”.
“Estos ataques consistieron, principalmente, en ejecuciones extrajudiciales y muertes arbitrarias a través de un uso generalizado de munición letal para reprimir las protestas. A pesar de las graves lesiones y las pérdidas humanas que día con día fueron sucediendo desde inicios de diciembre, los mandos con posibilidad de tomar medidas para detener las muertes no hicieron lo necesario y toleraron que la cifra de personas fallecidas ascendiera a 48 en apenas dos meses. Lejos de tratarse de hechos aislados o de funcionarios actuando por su cuenta, el análisis apuntaría a una política estatal coordinada y consciente”.
Por su parte, Amnistía Internacional, en su informe emitido en mayo con el título Racismo Letal. Ejecuciones Extrajudiciales y Uso Ilegítimo de la Fuerza por los Cuerpos de Seguridad del Perú concluyó que:
“Tras analizar los hechos expuestos en este informe, Amnistía Internacional concluye que las autoridades peruanas habrían llevado a cabo ataques generalizados en contra personas que se manifestaban y con un marcado sesgo racista”.
“(…) el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de funcionarios fue generalizado, es decir, se registró el uso de munición letal de forma recurrente en cuatro de las cinco regiones analizadas, lo que apunta a la necesidad de que las investigaciones se centren en la posible responsabilidad de los más altos mandos, como mínimo, de la PNP y del Ejército Peruano”.
Ninguno de los informes citados desconoce ni silencia que durante las protestas hubo desbordes de violencia. De hecho, condenan esa violencia social. Pero es deber del Estado en todo momento guardar la proporción entre hechos de ese tipo y su respuesta armada. Eso no sucedió durante las protestas de los primeros meses de año y ello llevó a que cometieran graves delitos todavía pendientes de investigación y sanción. Hoy el gobierno tiene que comprometerse a no reeditar esa clase de respuesta. El Perú no es una isla. El Estado peruano tiene obligaciones y responsabilidades ante la comunidad internacional a las cuales no se puede sustraer. Esta, igual que la sociedad civil peruana, están prevenidas y vigilantes. Como se ha dicho repetidamente en estos días, nadie debe perder la vida por ejercer su derecho a la protesta. Eso es lo mínimo que se debe exigir de un Estado democrático.
