En los últimos días el clima de autoritarismo que envuelve al país por obra del gobierno y del Congreso se ha acentuado por dos hechos en particular. Uno de ellos es la propuesta del grupo Alianza por el Progreso de procurar una amnistía por anticipado al personal militar y policial que resulte procesado judicialmente por actos cometidos al enfrentar a la delincuencia.
El proyecto de ley presentado por APP, la organización de César Acuña, plantea amnistiar al “personal militar y policial que sea objeto de procesos judiciales por el ejercicio de su función de lucha contra el crimen organizado, sicariato, secuestro, homicidio, asesinato, trata de personas, minería ilegal, extorsión y cualquier otro delito contra la tranquilidad pública o que ponga en riesgo la vida, el cuerpo y la salud de las personas”. Esa propuesta representa una flagrante violación de los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos. Y se debe recalcar que esos compromisos –como el representado por nuestra adhesión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, dentro de ello, a la jurisdicción de la CorteIDH— están dirigidos precisamente a ofrecer a la ciudadanía una instancia adicional y superior de protección de sus derechos. Un cheque en blanco como el que propone extender este proyecto, bajo la extravagante e irresponsable idea de que la brutalidad del crimen solo se puede combatir con brutalidad policial, supone un enorme riesgo para toda la población. Es una propuesta que descansa sobre una lógica retorcida, en la medida en que propone amnistías sobre delitos que no se han cometido y opera con el supuesto no menos aberrante de que la lucha contra delincuencia por parte de la fuerza pública implica en principio la perpetración de delitos contra la población.
Es, por lo demás, ominoso que se haga propuestas de este tipo justamente cuando el Estado tiene la obligación –obligación largamente incumplida a la fecha– de responder por más de medio centenar de personas muertas por intervención policial y militar durante las protestas de hace un año. Incluso si se dice que esta propuesta no cubriría aquellos delitos –que calificadas organizaciones internacionales han señalado como probables crímenes de lesa humanidad– el solo proponer sustraer a la fuerza pública a todo control legal de sus actos expresa una escalofriante indiferencia hacia el valor de la vida humana.
El otro incidente que abona el terreno del autoritarismo es la amenaza de demanda judicial de parte de la Policía Nacional contra el caricaturista Carlos Tovar y el diario La República por una caricatura publicada recientemente. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa han recordado, al rechazar esta amenaza, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que las “leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos (…) atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. El anuncio de una demanda constituye, así, una amenaza contra derechos fundamentales y una invocación a la censura, lo cual es inaceptable en toda democracia.
No está de más recordar que estas dos amenazas, que involucran al ejercicio de la justicia, se presentan mientras el Congreso de la República insiste en su intento de someter a sus intereses a la Junta Nacional de Justicia mediante la arbitraria destitución de sus integrantes actuales. Esa campaña de captura y sometimiento de instituciones es el marco general del avance del autoritarismo en el Perú de hoy. Los dos hechos comentados están en sintonía con ese proyecto. Son parte y expresión de ese agobiante clima autoritario.
