[Editorial] Anticorrupción, un camino cuesta arriba

La corrupción, que fue uno de los temas más álgidos de la discusión política, y no solamente judicial, del quinquenio que ha terminado, seguirá siéndolo en los años que vienen, según todo lo hace prever.

Es evidente que la política peruana está lejos de haberse saneado como resultado de las últimas elecciones. Eso no es sorprendente. Sin haber conseguido efectuar en el país una verdadera reforma política, lo más previsible era que el nuevo conjunto de autoridades electas adoleciera de los mismos defectos que el conjunto saliente. Han cambiado los nombres, pero no varían las formas ni las trayectorias. Así, es posible encontrar desde ya problemas de conflicto de interés, así como también un pasado de sentencias o de causas judiciales, e investigaciones abiertas.

Se ha informado, por ejemplo, de casos de conflicto de interés entre algunos ministro del nuevo gobierno, mientras que el presidente del Consejo de Ministros ha sido incorporado como investigado en el caso conocido como “Dinámicos de Centro”. Otros representantes del partido de gobierno están ya incluidos en esa investigación fiscal.

Pero no se trata de poner todos los reflectores solamente sobre el gobierno. En el Congreso electo en abril y que acaba de entrar en funciones también figura una variedad de congresistas, de diversas bancadas, sobre los cuales hay o ha habido investigaciones fiscales.

No está de más insistir en que el origen de esta situación se halla, en principio, en la devaluación radical de la política en el país y, como parte de eso, en el severo deterioro institucional de los partidos políticos. Estos han llegado a ser incapaces de cribar adecuadamente sus listas de candidatos para evitar resultados como los comentados. O tal vez más que incapacidad se trate de desinterés. Todo ello, desde luego, está vinculado con la forma en que los partidos confeccionan sus listas y calculan las posibilidades de los candidatos que “invitan” a postular en las diversas regiones del país, así como los recursos que estos pueden aportar a las campañas.

Así, desde el punto de vista de la dinámica de la política en el país, no hay muchos cambios que esperar mientras no se llegue a producir la siempre postergada reforma, algo que a su vez es difícil en tanto ella depende de los propios interesados o potencialmente afectados.

Eso lleva a resaltar el otro aspecto de la cuestión, que es el del funcionamiento del Ministerio Público y del Poder Judicial. La imagen del Ministerio Público durante el quinquenio pasado ha sido positiva principalmente por la actuación de un pequeño grupo de fiscales que asumieron decididamente, y con profesionalismo, la investigación de delitos de corrupción en la esfera política. Sin embargo, como se sabe, ello no equivale a una imagen panorámica del sistema de administración de justicia. Y, así, al mismo tiempo que se ha observado ese desempeño, se ha constatado graves problemas también en la esfera fiscal y judicial. Baste recordar, a manera de ejemplo, que en el proceso de elecciones reciente el representante del Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones era una persona investigada en el marco del caso “Cuellos Blancos”, así como también su suplente en la misma función.

Todo ello nos habla de una necesidad de que la lucha contra la corrupción puede ser también cuesta arriba durante el nuevo periodo presidencial y legislativo. Esas dificultades no desaparecerán sin una adecuada reforma institucional. Entre tanto, seguirá siendo indispensable la vigilancia ciudadana.