En el contexto de la demolición institucional que llevan adelante el gobierno y el Congreso,
resulta plenamente justificada la preocupación de las comunidades profesional y
académica, y no solamente de ellas, sobre el traslado del acervo de del Archivo General de
la Nación a una ubicación temporal –pero que se extendería por tres años o más— en un
almacén industrial en el Callao. En realidad, la sola formulación de la idea suena
inverosímil.
Se ha advertido que este traslado está rodeado de una serie de circunstancias cuestionables
que hacen temer por la seguridad de dicho archivo, lo que equivale a decir que significan
un riesgo para el registro histórico de la Nación, para su conocimiento y la futura
investigación al respecto. Hay que remarcar, por lo demás, que la importancia fundamental
del archivo no se limita al conocimiento del pasado, lo cual ya sería suficiente en sí mismo,
sino que se relaciona, también, con el ejercicio de derechos en el presente, entre ellos los de
propiedad de personas, familias y comunidades.
La Contraloría General ha advertido una serie de problemas que van desde aspectos
cuestionables del contrato con la empresa que alojará al repositorio hasta las condiciones
del local en que serán depositados los documentos. Advierte la Contraloría, en primer lugar,
que se trata de un local sujeto a hipotecas millonarias. Diversos expertos en conservación
han llamado la atención sobre la ubicación del lugar en una zona de alta humedad, lo cual
significa un alto riesgo para los documentos. Además de eso la Contraloría ha señalado que
el local está rodeado de instalaciones industriales que, por el tipo de operaciones que
realizan, implican también un peligro para el archivo histórico.
No hace falta insistir en la importancia que tienen los archivos no solamente como fuente
insustituible de conocimiento histórico sino también desde el punto de vista de los derechos
de la ciudadanía. Los cuestionamientos realizados por la Contraloría son una seria
advertencia, a la que se suma ahora una acción de amparo presentada para detener esta
riesgosa operación. Todavía no existe una respuesta de las autoridades responsables –el
Ministerio de Cultura, en primer lugar– a estas fundadas observaciones, por lo que el
proceso adquiere tintes de arbitrariedad. Como hemos dicho al inicio, la demolición
institucional que hoy lleva a cabo el poder político, en una espiral destructiva donde se
alternan o se trenzan la incompetencia, el autoritarismo y la corrupción, justifica tomar con
entera seriedad esta nota de alarma lanzada por diversas instituciones y acreditados
profesionales y expertos. Es imperativo poner atajo a irregularidades o errores que ponen en
peligro nuestra memoria individual y colectiva en sí misma.
