En la semana que pasó, la heterogénea coalición que controla el Congreso y que ha maniatado a casi todas las instituciones del país volvió a dar no uno sino dos golpes. El primero fue la imposición del congresista José María Balcázar como Presidente de la República tras haberlo elegido presidente del Congreso. El segundo, gravísimo y repudiable, fue la orden dada por el Tribunal Constitucional confeccionado por el Congreso de poner en libertad a Daniel Urresti, sentenciado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en la década de 1980.
Nadie esperaba que tras la defenestración de José Jerí el Congreso corrigiera su rumbo y buscara un consenso para encargar la Presidencia a alguna figura del Legislativo que fuera respetable y tuviera claras credenciales democráticas. Pero tampoco era fácil imaginar que superaría su propia marca. Si Jerí tenía, al ser ungido Presidente, acusaciones o investigaciones por violación sexual, desacato a la autoridad y enriquecimiento ilícito, respecto de Balcázar existen hasta trece carpetas fiscales en las que se comprenden delitos como colusión, prevaricato, estafa, abuso de autoridad. Antes de que el Congreso lo impusiera, el Colegio de Abogados de Lambayeque se encargó de advertir al país sobre el historial de Balcázar, quien fue expulsado de esa institución, de la que era decano, por presunto delito de apropiación ilícita. Eso, desde luego, no detuvo al Congreso, como tampoco sus muy cuestionables posturas sobre el matrimonio entre menores —y esto último en un contexto particular como es la revelación del caso, todavía no aclarado, del local en el que la congresista Jáuregui Aguayo mantenía a niñas embarazadas víctimas de violación sexual.
En estas circunstancias es poco o nada lo que se puede esperar de esta nueva presidencia –la cuarta en este quinquenio presidencial– en términos de manejo solvente y ético de los asuntos públicos. La tarea central de preservar la democracia y el Estado de Derecho sigue estando exclusivamente en manos de la sociedad civil y de un reducto cada vez más pequeño, cada vez más amenazado, de jueces y fiscales.
Han sido, precisamente, esos pocos magistrados honestos y conscientes de su papel quienes han intentado hasta el momento contener uno de los peores desmanes perpetrados por el Congreso contra la democracia y el Estado de Derecho, como es la consagración de la impunidad para graves violaciones de derechos humanos. Esto lo ha hecho el Congreso, como se sabe, a través de dos leyes: la que determina írritamente la prescripción de crímenes de lesa humanidad y la que otorga una amnistía incondicional a militares y policías acusados o condenados por graves violaciones de derechos humanos. Al negarse a aplicar esas leyes, en ejercicio de su atribución y obligación de ejercer el control difuso de la constitucionalidad de las normas, dichos magistrados han atraído sobre sí las amenazas y las invectivas del Congreso, que desde hace unos años juega con la idea de intervenir directamente en la administración de justicia mediante comisiones reorganizadoras, comisiones supervisoras y otras figuras familiares en cualquier manual de autoritarismo.
Nada de eso ha hecho retroceder a estos magistrados hasta el momento. Pero su determinación se ve hoy amenazada por la reciente decisión del Tribunal Constitucional de declarar prescrito el delito por el cual fue condenado Daniel Urresti –el asesinato del periodista Hugo Bustíos en el año 1988–y ordenar su libertad, para lo cual descarta la calificación de crimen de lesa humanidad. Ha quedado plenamente demostrado no solo por organizaciones y especialistas nacionales sino también por altas instancias internacionales que la ley del Congreso que dicta la prescripción es inválida y carece de mayor sustento jurídico. No obstante, el Tribunal Constitucional, que, como es sabido, es una hechura de la actual coalición que rige el Congreso, aplica dicha norma. Esto coloca al Perú una vez más al margen del derecho internacional y del concierto de naciones democráticas, y, sobre todo, constituye un agravio más para la familia de Hugo Bustíos, cuya búsqueda de justicia se remonta a casi cuatro décadas atrás y que ahora debe acudir a seguir buscándola ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además de ello, como ya se ha sugerido, este dictamen del Tribunal Constitucional debilita la posición de los magistrados que inaplican la ley por su evidente inconstitucionalidad y puede impulsar y fortalecer las demandas de impunidad en muchos otros casos.
Quedan pocos meses para el final de este periodo presidencial, que ha sido uno de los más oscuros desde que se recuperó la democracia a inicios de este siglo, y el horizonte electoral contiene escasos augurios positivos. En ese contexto, lo que vemos es a la coalición en el poder redoblando sus arremetidas contra la democracia. La sociedad civil y lo que queda del Poder Judicial independiente deben impedir que se dé el golpe definitivo.
