Las víctimas de violencia sexual perpetrada por personal militar en los distritos de Manta y Vilca, en Huancavelica, siguen esperando justicia después de cuarenta años. Las violaciones sexuales por soldados de la base militar instalada en la zona ocurrieron desde el año 1984. El caso se hizo conocido a escala nacional a raíz del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentado en 2003. Desde entonces han transcurrido ya dos décadas de indiferencia, falta de voluntad institucional, dilaciones y negligencias sin que se llegue a una sentencia. Ahora, el caso está ya en fase de alegatos y se aproxima lentamente a una conclusión, pero todavía se percibe una conducta dilatoria, la cual constituye por sí misma una ofensa a las víctimas.
El caso Manta y Vilca tiene una particular importancia y está llamado a tener grandes implicancias para la justicia en el Perú más allá de su significado fundamental y concreto, que es el de la justicia para las nueve personas denunciantes. Ellas son, como se sabe, una fracción de un universo más amplio de mujeres que fueron víctima de la violencia sexual en ambas localidades. Pero si ese acto esperado de justicia debe ser el resultado primero y directo de este proceso, hay que decir que se trata de un caso emblemático en un sentido muy claro: es un caso con el que se rompe el masivo silencio judicial e institucional sobre la violencia sexual como un crimen recurrente durante el conflicto armado interno; y es un caso en el que debe quedar establecido que ese tipo de violación constituye un crimen de lesa humanidad. Esos dos elementos deben significar un avance definitivo hacia la justicia sobre delitos de violencia de género en un país donde todavía es grande la indiferencia a todo ello.
En el desarrollo de este caso, y en esta fase en particular, las víctimas han reclamado que las audiencias sean públicas, lo cual no ha sido aceptado. Esa opacidad del proceso es cuestionable, como lo son las constantes dilaciones aludidas. Todo ello significa que la atención ciudadana se debe redoblar para que se asegure la justicia, aunque se trate de una justicia con cuarenta años de retraso.
