El gobierno ha creado a través del ministerio de Justicia y el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) un programa de estudios de posgrado sobre derechos humanos. El nombre oficial del programa es Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos. La iniciativa es sorprendente tratándose de un gobierno con una ejecutoria tan dudosa, por no decir simplemente negativa, en materia de garantía y protección de derechos humanos. Para no mencionar una larga lista de ejemplos de decisiones regresivas al respecto, baste mencionar el caso más estridente y dramático: el gobierno todavía no rinde cuentas judicialmente ni da ninguna otra señal alguna de asunción de responsabilidades por el medio centenar de peruanos y peruanas que fueron muertos durante las protestas de los años 2022 y 2023 por acción de fuerzas estatales.
En la ceremonia de lanzamiento de la maestría la presidenta Boluarte se ha encargado de disipar cualquier confusión posible sobre la postura de su gobierno frente a la protección y promoción de los derechos humanos. Su discurso estuvo enfocado en desprestigiar a las organizaciones no gubernamentales comprometidas con la defensa de esos derechos mediante una diversidad de infundios. Pero si el discurso de la presidenta fue airado, en cambio no tuvo nada de original. Fue una suerte de antología de los lugares comunes, informaciones falsas y distorsiones del concepto de derechos humanos que el país viene oyendo desde hace décadas, aunque últimamente con mayor furia y desparpajo. (No se puede ignorar, por lo demás, que esas posturas pueden adquirir un mayor impulso y capacidad de socavar a la democracia dado el cambio de correlación de fuerzas en el mundo tras el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump).
Algunos de los lugares comunes que comparecieron en la alocución de Dina Boluarte son: las ONG de derechos humanos defienden a los criminales en vez de a la sociedad; la defensa de los derechos humanos genera inestabilidad en los gobiernos y atenta contra la soberanía del Estado; la agenda de derechos humanos es una suerte de operación ingeniosa para beneficiarse de fondos internacionales; los defensores de derechos humanos quieren debilitar a las fuerzas armadas y a la policía; la toma de cuentas a las autoridades y agentes estatales es un “uso indebido de los derechos humanos” Tal vez el único añadido de cosecha propia haya sido la definición de derechos humanos que asume el gobierno: estos “deben defender la libertad individual, el derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica”. Pero ese añadido es, más que una originalidad, una confesión escalofriante. Libertad, propiedad y seguridad son, ciertamente, bienes y valores que han de ser defendidos y protegidos jurídicamente en toda sociedad democrática. Pero resulta sumamente inquietante, por decir lo menos, que la acepción de derechos humanos del gobierno no incluya –o no incluya como su contenido prioritario—la vida, la integridad física y la dignidad de las personas, ni su derecho a tener acceso a la educación, a la salud y a la justicia o al respeto y protección de las diversas formas de identidad.
La realidad, infundios y amenazas aparte, es que la sociedad civil peruana y, como parte de ella, el tejido de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, tienen una enorme tarea por delante. Parte de esa tarea es demandar justicia para las numerosas víctimas de abusos de derechos humanos en el Perú, y, entre ellas, para las víctimas del uso excesivo de la fuerza pública durante las protestas de los años 2022 y 2023. El gobierno actual puede disfrazar o negar esa realidad, pero no puede abolirla. Si algo justifica y, más que eso, demuestra la importancia de estas organizaciones en nuestros días es, justamente, la arremetida contra los derechos humanos y la democracia, de la cual el discurso de la presidenta Boluarte es un estridente ejemplo. No se puede negar que los tiempos que se enfrentan son adversos a escala nacional y mundial. Pero el movimiento de derechos humanos nació en el Perú en medio de la adversidad y las organizaciones que lo integran han debido enfrentar tiempos tan difíciles como el actual o aun más. La sociedad peruana puede estar segura de que también esta vez sabrá persistir en su misión.
