Las demandas de justicia y hasta de simple respeto que expresan las víctimas de múltiples abusos en el Perú suelen ser recibidas con indiferencia por quienes detentan el poder. Muchas veces la respuesta no se queda en la indiferencia, sino que se extiende hacia la sorna, la estigmatización e incluso la persecución judicial.
Por ello ha tenido un significado particular que, durante su primer día en el Perú, y hablando ante algunos de los principales protagonistas de la ruina moral de la política nacional -Manuel Merino, Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar y la actual presidenta, Keiko Fujimori- el papa León XIV haya dicho que «los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para reconocer lo que aún necesita ser afrontado con respeto».
La expresión es genérica, pero su significado concreto es inconfundible. Hablamos de las víctimas de la violencia estatal de los años 2022 y 2023, así como de las de las manifestaciones contra el efímero gobierno de Merino. Pero también podemos estar hablando, como ha quedado manifiesto en otras intervenciones de León XIV, de los centenares de niñas awajún y wampis que son víctimas de violencia sexual, de los jóvenes que en el último año han muerto mientras estaban bajo custodia policial o han sido abatidos por miembros de la fuerza armada, o de los líderes indígenas asesinados por defender sus territorios y cuya sangre «clama a Dios y reclama justicia a los hombres».
No cabe esperar, evidentemente, que esta exhortación tenga un efecto práctico en quienes controlan el poder en el Perú de hoy. Nada más contrario a los ideales de justicia y sensibilidad antes los abusos que el sistema normativo e institucional generado en los dos últimos años para garantizar impunidad no solo en materia de derechos humanos, sino también de corrupción. Como se ha advertido más de una vez, existe incluso una conexión funcional entre la arquitectura de la impunidad y los planes del gobierno de desproteger territorios de la Amazonía y de otras regiones del país para facilitar actividades extractivas. Eso se suele presentar envuelto en la retórica del interés público —el crecimiento, el desarrollo—, pero a la larga obedece a la lógica primaria de favorecer negocios privados. En ese esquema de acción, los derechos de un sector de la ciudadanía —poblaciones indígenas, fundamentalmente— quedan bajo serios riesgos.
Pero si la orientación actual del poder político parece inconmovible a primera vista, eso hace más importante y, de hecho, imprescindible, todo esfuerzo por mantener activa la vocación de fiscalización, denuncia y demanda de la sociedad civil. Y desde esa óptica, lo que hemos visto en los últimos días —una voz que le habla claramente al poder guardando las formas, pero sin disimular su contenido crítico— debe resultar un aliciente para sostener el discurso democrático y humanitario en el país, en un momento en que a escala nacional, regional y global la tendencia ha sido hasta ahora la contraria.
Esto está en consonancia, por último, con algunos cambios no determinantes, pero sí esperanzadores, que se han producido en la política internacional en las últimas semanas. En todos esos casos, la determinación de la ciudadanía para mantenerse en una actitud de reclamo y crítica al poder arbitrario —resistiendo a los avasalladores poderes de manipulación y distorsión que hoy tiene la tecnología digital en manos inescrupulosas— ha demostrado que todavía la voz de la razón y la pacífica movilización ciudadana son un recurso a favor de la democracia y contra el autoritarismo.



