Los derechos de los pueblos indígenas, que son un tema crucial para la democracia en el Perú, recibieron muy escasa atención durante la reciente campaña electoral. Pocas e imprecisas fueron las propuestas a este respecto de parte de los diversos candidatos en competencia. La segunda vuelta electoral, que debió servir para conocer más precisamente las intenciones de los candidatos sobre una diversidad de temas de urgente atención, tampoco sirvió a ese propósito, pues se vio capturada más bien por una enconada discusión de otro orden, donde se debatía más las identidades reales o percibidas de los candidatos que sus ideas para un futuro gobierno.
Ahora que, al parecer, el JNE no va a encontrar más obstáculos para declarar oficialmente el resultado de la elección, hay que recuperar el tiempo perdido en la definición clara de cómo enfrentará el próximo gobierno muchos asuntos urgentes. Entre aquellos que atañen a los pueblos indígenas, hay por lo menos tres que deben ser señalados con ese carácter, sin perjuicio de otros que corresponden a una comprensión histórica y estructural del problema.
«El país necesita un cambio cultural de envergadura, que implica superar las actitudes de indiferencia y las prácticas de marginación que han afectado secularmente a los pueblos indígenas en el Perú.»
El primer tema –sobre el cual publicamos en este boletín una reflexión de Elizabeth Salmón, directora de IDEHPUCP, así como también una entrevista a Álvaro Másquez, del Instituto de Defensa Legal– es la creciente violencia, e incluso los asesinatos, contra líderes de pueblos indígenas, los cuales muchas veces son atacados por su condición de defensores de los derechos de sus pueblos. Cuestiones como la defensa del territorio, de los bosques o del agua, colocan a los líderes y defensores en la mira de organizaciones que explotan industrias ilegales, pero también los colocan en una suerte de vulnerabilidad jurídica frente a empresas. Se necesita una acción más clara y enérgica del Estado sobre esto, lo cual incluye el respeto y la puesta en práctica de instrumentos internacionales referidos a la protección de defensores de los derechos humanos.
Un segundo tema es la situación de los ciudadanos de los pueblos indígenas ante la pandemia de Covid-19. Durante el año y medio que ya dura esta crisis sanitaria se ha documentado el particular estado de vulnerabilidad en que se encuentra esa población, entre otras razones por la carencia de servicios públicos para ella. Ahora que avanza la vacunación, es preciso contar con alguna forma efectiva de llegar a todos los habitantes de pueblos indígenas. Las dificultades y retos por vencer son los mismos: escasez de vías e infraestructura, así como necesidad de proveer oportunamente información a la población.
Un tercer tema se refiere a las amenazas que el cambio climático representa para los pueblos indígenas. Sabemos que no solo las industrias ilegales y los proyectos extractivos afectan el entorno físico y cultural y las estrategias y recursos de vida de esta población. También tiene un efecto destructivo el cambio climático, frente al cual, una vez más, los pueblos indígenas se encuentran en situación vulnerable. Entre las diversas respuestas que el Estado, y la sociedad entera, deben dar a esto, se encuentra la necesaria revaloración de saberes ancestrales sobre la gestión del territorio. Se precisa, así, la adopción más decidida de una mirada intercultural en la forma como el Estado enfrenta este problema.
Pero, más allá de políticas y estrategias concretas, el país necesita un cambio cultural de envergadura, que implica superar las actitudes de indiferencia y las prácticas de marginación que han afectado secularmente a los pueblos indígenas en el Perú. Reconocerlos como una prioridad y como una urgencia para el Estado sería una señal de ese cambio.
